Ministra de Justicia pide sanciones para responsables de presunto abuso policial contra PPL del CRS Turi

Ante la denuncia efectuada por 13 personas privadas de libertad (PPL) del pabellón de mediana seguridad del Centro de Rehabilitación Social (CRS) Regional Azuay, quienes habrían sido víctimas de supuestas agresiones durante un operativo de seguridad realizado por miembros de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional, el pasado 31 de mayo, Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia Derechos Humanos y Cultos, rechazó este tipo de mprácticas que atentan contra los derechos fundamentales de las PPL.

 
“Hemos denunciado este caso ante las autoridades competentes, a fin de determinar a los responsables y que respondan por sus actos conforme la ley. Los funcionarios del sistema penitenciario, así como los agentes policiales y de Seguridad Penitenciaria (ASP), no pueden bajo ninguna argumentación afectar los derechos fundamentales de las y los internos”, dijo.

Además, la Ministra de Justicia ha solicitado que la investigación continúe, a fin de que este caso no quede en la impunidad. En ese contexto solicitó sanciones para el personal policial que presuntamente habría participado en este operativo. 

“Estas prácticas anticonstitucionales nada tienen que ver con los protocolos de seguridad penitenciaria, por ello hemos presentado la denuncia ante la Fiscalía y el caso está siendo investigado. Ya pasaron los tiempos de abuso y atropello a los derechos de las PPL, de quien venga rechazamos toda forma de violencia”, aseveró.

El dato:
 
El 2 de junio, Paúl Tobar Quezada, director del CRS Regional Turi denunció este caso en la Fiscalía Provincial de Azuay.

Presidente Rafael Correa lideró 5to taller con familiares de personas desaparecidas

Este 30 de junio se desarrolló en el Palacio de Carondelet, el quinto taller de Casos de Seguimiento sobre Personas Desaparecidas. Dicho espacio que permitió analizar los avances de casos estuvo liderado por Rafael Correa Delgado, presidente Constitucional de la República, y contó con la participación de autoridades judiciales, ministros de Estado y familiares de personas desaparecidas.

 
Desde el 2014,  se efectúa el seguimiento de 97 casos de personas desaparecidas, de éstos, 31 han sido resueltos (26 sin vida y 5 con vida), mientras que los 66 restantes continúan en indagación previa, los familiares de estas personas aún desaparecidas  acudieron a la reunión.

Elsa Palacios es una de las 66 personas cuyo caso fue reabierto. “Cuando mi hija despareció hace 12 años del Centro de Salud No. 4 de Quito ella estaba embarazada, yo perdí a dos personas, por eso estoy aquí, mi caso ha avanzado, yo por lo menos he encontrado una verdad, no he encontrado un cuerpo pero he encontrado una verdad que es lo que nosotros como familiares de personas desaparecidas queremos”, afirmó. 

Palacios además sugirió a los medios de comunicación hacer un análisis y seguimiento más objetivo de estos casos. 


“El tema de los desaparecidos se ha  politizado y solamente son ciertas personas las que figuran ante las cámaras. Los desaparecidos no son tres ni cuatro en el país, son muchos y todos tenemos derecho a expresarnos. Los medios de comunicación se han dedicado a dar cobertura y seguimiento a determinadas personas que muchas veces no tienen el interés por sus desaparecidos, sino más bien otro tipo de intereses”, señaló.

Por su parte, María Lourdes Mejía, señaló ciertos aspectos que considera se deben mejorar. “Deberían incrementar  la cantidad de fiscales asignados a los casos y que no sean cambiados constantemente”, sugirió.

Luego del primer taller efectuado en 2014, se logró localizar a 13 personas desaparecidas, 10 de ellas con vida, luego del segundo encuentro aparecieron siete sin vida y uno vivo, tras la tercera reunión otros 3 fueron localizados sin vida; y, luego del cuarto taller, otros 3 fueron encontrados, uno con vida.

“Un agradecimiento profundo a las autoridades y al Presidente que tomó la iniciativa de reunirse con nosotros, escuchar nuestras demandas y con base en ellas disponer acciones concretas para solucionar nuestros casos que estaban cerrados y fueron reabiertos, además se ha dado el seguimiento permanente, las diligencias y las búsquedas. Por eso pedimos además que a quien venga luego a presidir el país que por favor no nos cierren las puertas y que nosotros podamos seguir haciendo nuestra lucha desde aquí adentro con su apoyo”, concluyó Elsa Palacios.

Ministra de Justicia participó en inauguración de IX Cumbre de Clacip

Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, participó en el evento inaugural de la IX Cumbre de la Comunidad Latinoamericana y del Caribe de Inteligencia Policial (CLACIP), que se desarrolló este 29 de junio en la Sede la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). 

El evento que reúne a representantes de las direcciones y/o servicios de Inteligencia Policial de Latinoamérica y el Caribe para la lucha contra el crimen organizado transnacional, estuvo presidido por José Serrano Salgado, ministro del Interior, quien destacó la importancia que tiene para la seguridad ciudadana el aporte de estos servicios especializados.

Para la titular del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, la seguridad integral es una política pública, por ello la Cartera de Estado a su cargo cuenta con Unidad de Inteligencia Penitenciaria, responsable de mejorar los niveles de seguridad al interior de los centros de privación de libertad, y así contribuir a consolidar la seguridad ciudadana.

El dato:

La Comunidad Latinoamericana y del Caribe de Inteligencia Policial fue creada el 18 de febrero de 2005, en el marco del II Encuentro Internacional de Inteligencia y la IV Cumbre de la Comunidad Andina de Inteligencia Policial (CAIP), realizados en la ciudad de Bogotá. Actualmente Son 32 servicios de inteligencia de 28 países los que la conforman.

Unidad de Inteligencia Penitenciaria aporta al fortalecimiento de la seguridad ciudadana

El 20 de mayo de 2015, entró en funciones la Unidad de Inteligencia Penitenciaria (UIP) del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, su objetivo, mejorar los niveles de seguridad al interior de los centros de privación de libertad para evitar incidentes que alteren la seguridad penitenciaria y el orden público, así como aportar a la identificación, localización y neutralización de organizaciones delictivas y redes de corrupción que pretendan operar tanto al interior como al exterior de los centros de privación de libertad.

Servicios estatales al alcance de pobladores de Bastión Popular, zona intervenida para erradicar microtráfico

En la feria ciudadana que se realizó este 28 de junio en la cooperativa Flor de Bastión, el presidente Rafael Correa Delgado recibió de manos de Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, una pequeña muestra del trabajo que realizan en los talleres ocupacionales los adolescentes en conflicto con la ley. Se trata de un escudo del Club Sport Emelec tallado en madera, artesanía elaborada por uno de los jóvenes que cumplen medidas socioeducativas privativas de libertad en el Centro de Adolescentes Infractores (CAI) de Varones de Guayaquil.

 

 

Previamente, el Primer Mandatario junto a los titulares de las instituciones que conforman el Comité Interinstitucional de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas, recorrió este sector del noroeste de Guayaquil. Hace tres meses esta zona fue intervenida y recuperada. 3000 pobladores del sector y 2500 habitantes de barrios aledaños se han beneficiado con el plan integral que aplica el Gobierno Nacional. “Hasta fines de este 2016 realizaremos 30 intervenciones en distintos sectores del país para derrotar al microtráfico", afirmó Correa Delgado.

 

 

En este sentido, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, realiza el seguimiento de casos, a fin de garantizar que se cumpla el debido proceso y se evite la impunidad. Además brinda asesoría legal y psicosocial gratuita a familiares de personas usuarias y consumidoras. Mientras que los ministerios de Inclusión Económica y Social, y de Salud Pública brindan apoyo a jóvenes y familias víctimas de este fenómeno. Asimismo, la Cartera de Educación trabaja en la consejería estudiantil y el Ministerio del Deporte realiza programas como ’Ecuador Ejercítate’, ‘Escuela Formativa’ y ‘Juegos Nacionales’ para incentivar la actividad física.

Posteriormente, las autoridades compartieron un almuerzo con la comunidad en una de las canchas deportivas de la zona recuperada. Allí, el grupo musical del Colegio Remigio Romero Cordero amenizó la jornada y demostró que la música es una herramienta efectiva para prevenir el consumo de drogas.

En Flor de Bastión, Presidente Rafael Correa constató los resultados de la lucha antidrogas

“Señor Presidente le agradecemos mucho porque antes esta zona estaba llena de traficantes, ahora tenemos seguridad permanente”, afirmó Irma C., moradora de la cooperativa Flor de Bastión, durante el recorrido que efectuó esta mañana Rafael Correa, junto a los titulares de los ministerios que conforman el Comité Interinstitucional de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas.

 

 

Las autoridades visitaron el sector antes conocido como ‘Zona H’, situado al noroeste de Guayaquil, para constatar la efectividad de las políticas que aplica el Gobierno Nacional con el objetivo de erradicar el consumo y venta de sustancias sujetas a fiscalización. 

Esta es una de las zonas en las que se ejecuta un plan integral que busca erradicar el microtráfico, brindar atención a las personas afectadas por el uso y consumo de estupefacientes, además de aprehender y poner a órdenes de las autoridades judiciales a quienes intervienen en la cadena de comercialización y distribución de los alcaloides.

Para Ledy Zúñiga Rocha, titular de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, estas acciones son el resultado del trabajo coordinado bajo el liderazgo y la decisión política de un Gobierno comprometido con la población, especialmente con niños, niñas, adolescentes y jóvenes. “La intervención incluye el trabajo permanente con la comunidad. Hemos realizado mingas comunitarias, cine foros, ferias ciudadanas, actividades orientadas a la recuperación de los espacios públicos”, informó la Ministra de Justicia.

Por su parte, José Serrano, ministro del Interior informó que luego de tres meses de intervención en esta zona, se ha detenido a 57 presuntos microtraficantes, quienes enfrentan procesos penales, además 28 organizaciones delictivas fueron desarticuladas.

Habitantes del sector manifestaron que a partir de la intervención del Estado ha disminuido la venta de sustancias sujetas a fiscalización y mejorado el nivel de seguridad, por ello agradecieron a las autoridades el respaldo dado para recuperar la zona.

El dato: 

Este 28 de junio, se llevó a cabo una Feria Ciudadana durante la cual las instituciones del Estado socializaron los servicios que brindan a la comunidad. En el estand del Ministerio de Justicia se exhibieron productos elaborados por los adolescentes que por disposición judicial cumplen medidas socioeducativas privativas de libertad bajo la custodia del Estado. Uno de ellos fue obsequiado al Primer Mandatario.

Comité de Derechos Humanos ratifica validez del proceso judicial que sentenció a hermanos Isaías por delito de peculado bancario

“En su dictamen, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ratifica la validez del proceso judicial que sentenció a ocho años de pena privativa de libertad a los hermanos Isaías por el delito de peculado bancario”, así lo informó esta mañana en entrevista radial Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

La funcionaria ministerial destacó la importancia de mantener a la ciudadanía informada. “Las y los ecuatorianos tienen derecho a saber la verdad, a conocer lo que realmente dice el dictamen emitido por el Comité de Derechos Humanos respecto del caso Isaías, esta resolución no establece la obligatoriedad del Estado ecuatoriano de cumplir con una indemnización, restitución de bienes y mucho menos disculpas públicas”, acotó Zúñiga.

La funcionaria ministerial explicó además que en su resolución, el Comité de Derechos Humanos analizó varias peticiones que fueron presentadas por los sentenciados.

“Ante la alegación presentada por los hermanos Isaías, en la que señalan que durante el desarrollo del proceso penal el Estado ecuatoriano habría violado su derecho al debido proceso, el Comité de Derechos Humanos responde en su dictamen que no existe tal violación a esta garantía constitucional, pues considera que la Corte Nacional de Justicia  era el órgano competente para conocer y resolver el proceso penal, y en este sentido no se ha violado el principio de legalidad”, acotó Zúñiga.

Sobre la supuesta parcialidad del Tribunal que conoció la causa, el Comité analizó y determinó que los hechos por los que los hermanos Isaías fueron sentenciados generaron gran repercusión en la situación económica, financiera y social del Ecuador, sin embargo, señala el Órgano Convencional que este factor no incidió ni afectó la independencia judicial.

“El Comité observó que la conducta delictiva (peculado bancario) por la que Roberto y William Isaías fueron sentenciados a ocho años de pena privativa de libertad, estaba tipificada en la normativa legal vigente a la época, de esta manera descartó la alegación de la defensa de los imputados que se basó en la presunta violación al principio de legalidad reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

En cuanto a los procesos civiles, la resolución del Comité se refiere al cumplimiento de garantías de conformidad con lo que establece el Pacto sobre el derecho a ser oídos por un tribunal competente, ante ello, el Organismo de Derechos Humanos declaró que no existe ninguna ilegalidad respecto de los procesos de incautación. “En ninguna parte del dictamen se establece la responsabilidad u obligación del Estado de indemnizar, mucho menos de restituir bienes”, enfatizó Ledy Zúñiga.

En este sentido, la Ministra de Justicia citó varios casos en los que el Comité se ha pronunciado y ha dispuesto de manera expresa el pago por conceptos de indemnización y/o reparación. ”En el caso Isaías, este no fue el espíritu de la resolución emitida por el Comité que no se ha referido a la legalidad o validez jurídica de los procesos de incautación”.

Zúñiga recordó que el Ecuador ha suscrito y ratificado 57 instrumentos internacionales de derechos humanos, en el marco de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, en señal del absoluto respeto de las normas internacionales.

“Reconocemos al Comité y respetamos su resolución, en este sentido responderemos al Organismo, en un plazo de 180 días, y a través de la Procuraduría, informaremos de las medidas que como Estado se han tomado para atender sus recomendaciones”.

Al ser consultada sobre la postura de algunos profesionales del Derecho, la Secretaria de Estado afirmó que éstas son pretensiones fantasiosas de ciertos abogados. “Pretender que los ecuatorianos, los compatriotas que fueron afectados por ese duro capítulo del feriada bancario, vayan a pedir disculpas a los hermanos Isaías es por decirlo menos, una interpretación por demás abusiva del dictamen de Derechos Humanos”, concluyó Zúñiga Rocha.

Caso Isaías: “Comité no determina obligación del Estado de indemnizar, mucho menos de restituir bienes”

“Es importante que la ciudadanía conozca que el dictamen emitido por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) respecto del caso Isaías, no establece la obligatoriedad del Estado ecuatoriano de cumplir con una indemnización pecuniaria y menos con una restitución de bienes”, señaló esta mañana, a varios medios de comunicación, Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, derechos Humanos y Cultos.

La funcionaria ministerial explicó además que en su resolución, el Comité de Derechos Humanos analizó varias peticiones que fueron presentadas por los sentenciados.

“Ante la alegación presentada por los hermanos Isaías, en la que señalan que durante el desarrollo del proceso penal el Estado ecuatoriano habría violado su derecho al debido proceso, el Comité de Derechos Humanos responde en su dictamen que no existe tal violación a esta garantía constitucional, pues considera que la Corte Nacional de Justicia  era el órgano competente para conocer y resolver el proceso penal, y en este sentido no se ha violado el principio de legalidad”, acotó Zúñiga.

Sobre la supuesta parcialidad del Tribunal que conoció la causa, el Comité analizó y determinó que los hechos por los que los hermanos Isaías fueron sentenciados generaron gran repercusión en la situación económica, financiera y social del Ecuador, sin embargo, señala el Órgano Convencional que este factor no incidió ni afectó la independencia judicial.

“El Comité observó que la conducta delictiva (peculado bancario) por la que Roberto y William Isaías fueron sentenciados a ocho años de pena privativa de libertad, estaba tipificada en la normativa legal vigente a la época, de esta manera descartó la alegación de la defensa de los imputados que se basó en la presunta violación al principio de legalidad reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

En cuanto a los procesos civiles, la resolución del Comité se refiere al cumplimiento de garantías de conformidad con lo que establece el Pacto sobre el derecho a ser oídos por un tribunal competente, ante ello, el Organismo de Derechos Humanos declaró que no existe ninguna ilegalidad respecto de los procesos de incautación. “En ninguna parte del dictamen se establece la responsabilidad u obligación del Estado de indemnizar, mucho menos de restituir bienes”, enfatizó Ledy Zúñiga.

En este sentido, la Ministra de Justicia citó varios casos en los que el Comité se ha pronunciado y ha dispuesto de manera expresa el pago por conceptos de indemnización y/o reparación. ”En el caso Isaías, este no fue el espíritu de la resolución emitida por el Comité que no se ha referido a la legalidad o validez jurídica de los procesos de incautación”.

Zúñiga recordó que el Ecuador ha suscrito y ratificado 57 instrumentos internacionales de derechos humanos, en el marco de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, en señal del absoluto respeto de las normas internacionales. 

“Reconocemos al Comité y respetamos su resolución, en este sentido responderemos al Organismo, en un plazo de 180 días, y a través de la Procuraduría, informaremos de las medidas que como Estado se han tomado para atender sus recomendaciones”.

Al ser consultada sobre la postura de algunos profesionales del Derecho, la Secretaria de Estado afirmó que éstas son pretensiones fantasiosas de ciertos abogados. “Pretender que los ecuatorianos, los compatriotas que fueron afectados por ese duro capítulo del feriada bancario, vayan a pedir disculpas a los hermanos Isaías es por decirlo menos, una interpretación por demás abusiva del dictamen de Derechos Humanos”, concluyó Zúñiga Rocha.

“Ecuador ha sido siempre un país de grandes ejemplos y este será uno más que vamos a llevar a otros países de la Región”

Luiza Carvalho se incorporó a ONU Mujeres como directora Regional para las Américas y el Caribe en noviembre de 2014. La promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres ha sido un objetivo constante a lo largo de su carrera en el sistema de Naciones Unidas. Durante la visita que efectuó a los refugios temporales de Calceta y Rocafuerte, junto a Ledy Zúñiga Rocha, ministra ecuatoriana de Justicia,  analizó la situación de mujeres y niñas albergadas tras el terremoto del pasado 16 de abril. 

Aquí sus impresiones:

¿Cómo ve el trabajo que desarrolla el Gobierno Nacional en las zonas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril?

De manera general muy bien. Nosotros por la cercanía de cuando el hecho pasó, la gravedad del terremoto, el número de personas afectadas, esperábamos ver y encontrar una situación mucho más difícil, con muchas necesidades. Claro hay necesidades, pero también hay una predisposición, una forma muy positiva para enfrentar la catástrofe. Tras los recorridos que realizamos junto a Yannick Glemarec, director Ejecutivo Adjunto de ONU Mujeres y a Moni Pizani, de ONU Mujeres Ecuador, tenemos la clara impresión de que hay una combinación muy positiva de factores y una predisposición para una rápida recuperación por parte de la comunidad, una presencia fuerte del Gobierno en todos sus niveles y una presencia muy importante de mujeres en puestos de liderazgo en los albergues, la participación activa de mujeres tanto policías como militares apoyando en las labores de seguridad y también todo el compromiso de las diferentes agencias de Naciones Unidas, además de la cooperación internacional. Todos estos factores garantizan el éxito en la pronta recuperación tras el terremoto. Ecuador ha sido siempre un país de grandes ejemplos y este será uno más que vamos a llevar a otros países de la Región.

Sin duda el aporte de los organismos internacionales ha sido fundamental, hoy junto al Ministerio de Justicia han hecho la entrega de herramientas de trabajo a varias mujeres en los albergues de Calceta y Rocafuerte. ¿Cuál es el objetivo de ONU Mujeres con esta entrega?

La intención es promocionar la autonomía económica de la mujer en un contexto de grandes dificultades y de necesidad de recuperación muy rápida. La segunda intención es expandir la posibilidad de que estas mujeres, que son muy jóvenes,  tengan acceso a líneas de financiación para su actividad productiva. Las crisis tienen este lado positivo, que son muy pocos, pero muchas veces proporciona oportunidades, y más si las hacemos, las tomamos y trabajamos para hacerlas más inclusivas, más personas van a favorecerse, a restablecer sus negocios y a acceder a oportunidades que quizá no tenían antes. Y también, con la esperanza de que también los donantes puedan apoyar más, con más recursos la respuesta que todavía está muy baja, me refiero al aporte de recursos desde la coordinación, la cooperación internacional. Tenemos la esperanza de que con estas iniciativas podamos contar ahora con el apoyo de otros cooperantes para que éstas se puedan financiar y extender más los beneficios.

¿Este apoyo que usted sugiere, se refiere al aporte económico o también a otras herramientas que permitan reactivar a las mujeres y en general a los habitantes de las zonas de desastre?

Bueno son los dos aspectos, es una combinación bonita porque sabemos para que usar los recursos, existen las oportunidades, por tanto ya existe un grupo grande de proyectos positivos muy transformadores de la realidad a la que los donantes pueden aproximarse, conocer, visitar… Aquí (Calceta y Rocafuerte) yo creo que son lugares donde vamos a tener muchas oportunidades de vislumbrar varios frentes que pueden contar con la cooperación financiera y también técnica de otros donantes. Yo creo que es necesario, tratar lo más fuerte que se pueda en invertir, en financiar nuevas actividades. 

La participación de la mujer en actividades no tradicionales como la pesca, la construcción, son evidencias de nuevos modelos, de nuevos caminos que además de aportar a la reactivación ayudan a romper esos roles culturales que justifican la violencia de género. Si buscamos algún lado positivo de este desastre que atraviesa Ecuador es justamente ese, el poder reestructurar las relaciones sociales.

Expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha enfrenta cargos por presunto delito de ejercicio ilegal de la profesión

En la audiencia de formulación de cargos que se llevó a cabo este 2 de junio, la jueza Karen Matamorro acogió la solicitud de la Fiscalía y resolvió dar inicio a la instrucción fiscal por el plazo de 90 días en contra de José Alomía, expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, investigado por el presunto delito de ejercicio ilegal de la profesión, tipificado y sancionado en el segundo inciso del artículo 330 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Además dispuso las medidas cautelares de prohibición de ausentarse del país y la obligación de presentarse periódicamente ante la Fiscalía.

Con la presunta concesión de credenciales para ejercer la abogacía a personas que no habrían cumplido con los requisitos establecidos en el Código Orgánico de la Función Judicial, el procesado, quien cuenta con el patrocinio legal de Ramiro García, actual titular del gremio de profesionales del Derecho de Pichincha, habría facilitado el ejercicio ilegal de la profesión.

Uno de los elementos de convicción presentados por la Fiscalía durante la audiencia es el informe del perito auditor emitido en septiembre del 2015, y que en sus conclusiones señala que entre el 01 de enero del 2011 y el 30 de abril del 2015, fueron revisadas 977 inscripciones en el Colegio de Abogados de Pichincha, de estas, 140 no reúnen los requisitos legales  y por ende, el  gremio de profesionales del Derecho no debió entregar la credencial de abogado.

Para Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, estas acciones suponen un atentado a la seguridad jurídica del país ya que el ejercicio profesional de estas 140 personas es cuestionable e induce a engaños tanto a quienes recibieron su patrocinio, al propio sistema judicial y a la ciudadanía en general.

El dato:

El Art. 324 de Código Orgánico de la Función Judicial dispone “… 1. Tener título de abogada o abogado, otorgado por una Facultad de Jurisprudencia, Derecho o Ciencias Jurídicas de una Universidad legalmente reconocida e inscrita en el Consejo de Educación Superior; si se trata de un título obtenido en el extranjero, deberá acreditarse su previa homologación e inscripción…”  

Antecedentes:

El 8 de enero pasado se desarticuló una red dedicada a hackear los sistemas informáticos de entidades públicas, entre estas, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). Dicha organización delictiva habría registrado 366 títulos falsos en el portal de esta Secretaría de Estado. De estos, cerca del 40% serían en la especialidad de Derecho.

Proyectos educativos consolidan el nuevo sistema de rehabilitación social ecuatoriano

Los proyectos educativos y culturales que se ejecutan en los centros de Rehabilitación Social (CRS) del país son un aporte fundamental para el proceso de reinserción que cumplen las personas privadas de libertad (PPL), la prueba está en que muchas de ellas han reforzado sus conocimientos, lo que ha repercutido en la mejoría de su comportamiento y en el incremento de su nivel de compañerismo.

La efectividad de estos programas ha sido reconocida incluso por organismos privados, un ejemplo de ello es la mención honorífica que recibió el CRS Varones No. 1 de Guayaquil durante el VIII Concurso Nacional y III Latinoamericano ‘Excelencia Educativa’, que cada año organiza la Fundación Para la Integración y Desarrollo de América Latina (Fidal).

El CRS participó con el programa ‘Catalizadores creativos’, que consiste en la realización de talleres de teatro, música, manualidades, pintura y literatura, los cuales son promovidos por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en beneficio de las PPL.

‘Catalizadores Creativos’ fue uno de los ganadores de entre más de 100 programas seleccionados; la ceremonia de premiación se realizó en abril, en la ciudad de Quito.

Pedro López, coordinador cultural del CRS y autor del proyecto galardonado, explicó que en ‘Catalizadores Creativos’ colaboran PPL con entendimiento en el campo artístico y que cumplen funciones de asistentes de cátedra; de esa manera contribuyen en el desarrollo de las capacidades sus compañeros.

Acotó que el programa tiene como propósito la formación integral de la población penitenciaria y en la construcción su nuevo plan de vida, esto incluye oportunidades de producción para un sustento económico en base al arte.

Como muestra de que se han alcanzado los objetivos planteados constan la creación de pinturas, elaboración de artesanías y composición de canciones por parte de las PPL capacitadas, muchas de las cuales tenían escasos o nulos conocimientos en la materia.

Esta es la segunda ocasión en que la ‘Expenitenciaría’ recibe un reconocimiento por parte de la Fidal, pues en 2008 figuró en la lista de ganadoras con la propuesta ‘Saloncito Ciudadano’, también enfocada en el arte.

La ejecución de este tipo de programas facilita el cumplimiento de una de las principales políticas del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos: ‘Cero Ocio’ en los CRS.

Modelo de Gestión Penitenciaria

Actividades culturales.- Artículo21.- Durante la etapa de tratamiento y educación se desarrollarán actividades artístico-culturales en las áreas de: literatura, música, pintura, danza, cine, teatro, grupos vocales, escultura y cualquier otra actividad que promueva la creación y apreciación artística-cultural, el desarrollo y fortalecimiento de la identidad cultural, la libertad estética, el acceso y reconocimiento de los saberes ancestrales, cultura, costumbres y tradiciones.

Así también, se promoverá la participación en actividades artístico-culturales como concursos, ferias y festivales al interior y al exterior del Centro como forma de expresión, inclusión y corresponsabilidad entre los diversos actores de la sociedad en la construcción del plan de vida, rehabilitación e inclusión social.

Canes fortalecen el control de visitas en CRS Varones de Guayaquil

El Centro de Rehabilitación Social (CRS) Varones de Guayaquil cuenta con el Grupo Canino Penitenciario (GCP) para fortalecer los controles y los niveles de seguridad en sus instalaciones.

El trabajo del GCP consiste en detectar sustancias estupefacientes y psicotrópicas con el fin de evitar que ingresen al CRS y que éstas afecten al proceso de rehabilitación social que cumplen las personas privadas de libertad (PPL).

Los canes realizan revisiones en las áreas de espera e ingreso, filtros de control y demás espacios que transitan tanto los visitantes como el personal que labora en el CRS. Además colaboran en las revisiones de los vehículos que acceden al recinto penitenciario.

Los agentes de Seguridad Penitenciaria (ASP) del GCP constantemente socializan con los ciudadanos sobre el trabajo que efectúan, por ejemplo les explican que los canes no atentarán contra su integridad física, por lo que no deben sentir temor.

El GCP está preparado para detectar sustancias prohibidas cuando las portan individuos y cuando están ocultas en sitios u objetos, y ante cada una de las situaciones su reacción es diferente, con lo que alertan a sus guías sobre un posible hallazgo.

Los canes ejecutan inspecciones durante un tiempo determinado, pero también descansan, se alimentan y cumplen con actividades recreativas para eludir el estrés.

Código Orgánico Integral Penal

Artículo 275.- Ingreso de artículos prohibidos.- La persona que ingrese, por sí misma o a través de terceros, a los centros de privación de libertad, bebidas alcohólicas, sustancias catalogadas y sujetas a fiscalización, armas, teléfonos celulares o equipos de comunicación; bienes u objetos prohibidos adheridos al cuerpo o a sus prendas de vestir, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. La misma pena se aplica en el caso de que los objetos a los que se refiere el inciso anterior, se encuentren en el interior de los centros de rehabilitación social o en posesión de la persona privada de libertad.

“Una vez que consolidamos la transformación penitenciaria nuestro reto es eliminar el estigma que existe sobre las PPL y con ello garantizar su efectiva reinserción”, Ledy Zúñiga

Gracias al trabajo de un Gobierno comprometido con el pleno respeto de los derechos humanos de todos y todas, logramos lo imposible, devolver la dignidad a uno de los grupos sociales históricamente olvidados, la población penitenciaria.

 

Con inversión pública, una adecuada planificación y gestión interinstitucional, democratizamos las relaciones de convivencia al interior de los centros de privación de libertad y logramos que la reclusión sea un capítulo cerrado, ahora es posible hablar de un verdadero sistema de rehabilitación social que dignifica la calidad de vida de miles de hombres y mujeres que por disposición judicial cumplen su fase de privación de libertad bajo la custodia del Estado. Por ello, hoy no conmemoramos el día del recluso, nos referimos más bien al Día Nacional de las Personas Privadas de Libertad.

Esto no significa que celebremos la privación de libertad, esta fecha es válida para recordarle al país que las personas privadas de libertad (PPL) también tienen derechos y como Gobierno, reafirmamos nuestro compromiso de trabajo que prioriza el tratamiento integral de cada PPL con miras a su efectiva rehabilitación.

Ahora, las personas privadas de libertad tienen garantizado el derecho a la salud, a la educación, a la cultura, al deporte, todo ello como responsabilidad directa del Estado y que busca mejorar su calidad de vida y otorgar herramientas que aporten a su reinserción integral.

Cuando ingresamos a los centros y conversamos con las y los internos, cuando escuchamos sus historias llenas de esperanza, de fe, de superación. “Ya no somos simplemente los que están encerrados, aquí hemos alcanzado grandes logros, el primero y más importante, reconocernos como seres humanos con errores pero también con virtudes, con ganas de luchar día a día, por nosotros y por nuestras familias, personas que pese a vivir tras las rejas soñamos, creemos,  pensamos, aquí empezamos de nuevo”, nos dicen.

Por ellos, por ellas, por esos hombres y mujeres que motivan nuestra gestión diaria y que luchan por una segunda oportunidad, por sus familias, que anhelan reintegrarse, por esas miles de vidas que son miles de razones que nos demuestran que una Verdadera Rehabilitación SÍ es posible, y que hacia allá avanzamos! 

Hoy, día marcado en nuestro calendario para conmemorar a las personas privadas de libertad, hoy que renovamos nuestra tarea diaria de velar por el pleno goce de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, asumimos, una vez  consolidada la transformación penitenciaria, el reto de sensibilizar a la sociedad y eliminar el estigma que existe sobre estos hombres y mujeres, y con ello fortalecer su reinserción integral, garantizar, una vez cumplida su sentencia y su deuda social,  su acceso a plazas laborales dignas y a nuevas oportunidades de vida, iniciativa que beneficia a todos, pues se reducen las cifras de reincidencia delictiva y nos convierte en una sociedad más tolerante, más incluyente, más solidaria, más segura, una Patria para todas y todos.

Ledy Zúñiga Rocha
MINISTRA DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS

“Prácticas ecuatorianas en manejo de desastres son de las mejores a nivel mundial”

“Durante esta visita he visto una serie de cosas que realmente demuestran que Ecuador cuenta con las mejores prácticas para enfrentar las secuelas de un desastre de gran magnitud a nivel mundial. Para ONU Mujeres es un gran placer el poder asistir al Gobierno de Ecuador y apoyarlos en la recuperación del impacto del terremoto. El Gobierno de Ecuador quiere asegurar que sus esfuerzos beneficien a las mujeres, es una experiencia ejemplar para el mundo”, Yannick Glemarec, director Ejecutivo Adjunto de ONU Mujeres.

¿Tras el recorrido efectuado por varios sectores de Manabí, desde su experiencia al ser uno de los principales representantes de ONU Mujeres, cuál es su percepción respecto del trabajo efectuado en Ecuador tras el terremoto del pasado 16 de abril?

“Hemos estado visitando varios sitios durante esta mañana y hemos observado una serie de prácticas excelentes, por ejemplo, observamos varios proyectos de retiro de escombros que han sido implementados por el Ministerio de Vivienda con la asistencia de organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y ONU Mujeres y una de las cosas que realmente me sorprendió fue el hecho de que el 50% de los trabajadores eran mujeres. Este es un terremoto social más bien, que va rompiendo las creencias obsoletas de que hay ciertas actividades que solo pueden ser ejecutadas por hombres, es una manera muy práctica de igualdad de género. Al hacer la reconstrucción con la visión y la participación femenina se hace una infraestructura diferente, pero también se reconstruyen comunidades diferentes.

Cuando uno ingresa a los campamentos se puede ver la presencia de las instituciones del Gobierno Nacional, hay seguridad al interior y al exterior, previendo evitar en lo posible situaciones que posibiliten la violencia de género  se han dispuesto espacios como los baños y duchas que están segregadas para hombres y mujeres, se puede observar que esta preocupación ha sido tomada en cuanta en una etapa temprana, lo que garantiza la disminución de riesgo de violencia, sobretodo del tipo sexual que podría afectar mayoritariamente a niños, a niñas, a mujeres.

¿Una vez superada la fase misma de la emergencia qué sigue y cómo hacerlo?

Primero cuando se suscita un desastre es sumamente importante entender que esto va a afectar a hombres y mujeres de manera diferente. En términos generales, más mujeres que hombres son las que fallecen en un desastre. Es importante, al momento de crear protocolos preventivos, tener en cuenta que las mujeres son más vulnerables. Así como es necesario tener en mente que para la recuperación normalmente son las mujeres las que desempeñan un rol más destacado, no son las agencias nacionales o internacionales, son las mujeres quienes se preocupan de que a los niños no les falte la alimentación, el agua, se preocupan por su seguridad, y por ende trabajan en comunidad y para la comunidad. Por ello es sumamente importante enfocar esta recuperación en el empoderamiento de la mujer para que traiga nuevas soluciones con una visión mucho más integral.

¿Cómo fortalecer el trabajo gubernamental que busca prevenir situaciones de violencia de género en espacios de vulnerabilidad?

Tras un desastre de tal magnitud como el que enfrenta Ecuador desde el momento mismo del terremoto, básicamente el orden público ha colapsado, la estructura de la comunidad también ha colapsado y para prevenir situaciones de violencia de género en este contexto hay que trabajar con los gobiernos porque lo que sigue es el empoderamiento multidimensional. Al inicio se cuentan con espacios cerrados para la prevención de esta violencia, posteriormente evoluciona al empoderamiento de espacios económicos y productivos, aquí por ejemplo el Ministerio de Justicia y ONU Mujeres están colaborando en desarrollar las cualidades de liderazgo de la mujer y también sus capacidades vocacionales para establecer emprendimientos y reconstruir la vida y el sistema bajo estos puntos. Brindar herramientas de trabajo a las mujeres es una excelente manera de incentivar su empoderamiento.

El dato:

Este 08 de junio, en el marco de su visita oficial, los representantes de ONU Mujeres, cuya comitiva estuvo conformada por Yannick Glemarec, director Ejecutivo Adjunto; Luiza Carvalho, directora Regional para las Américas y El Caribe y Moni Pizani, representante del organismo internacional en Ecuador, recorrieron los refugios temporales ubicados en los cantones de Calceta y Rocafuerte, a fin de analizar el manejo de los albergues y la aplicación de los protocolos y las recomendaciones orientadas a prevenir que en estos espacios se produzca algún tipo de violencia de género contra mujeres, niños, niñas y adolescentes, albergados a consecuencia del terremoto del pasado 16 de abril.

Perfil de Yannick Glemarec, director Ejecutivo Adjunto de ONU Mujeres

El Sr. Yannick Glemarec fue designado Subsecretario General y Director Ejecutivo Adjunto de Políticas y Programas de ONU Mujeres el 6 de marzo de 2015. En este cargo, es responsable de establecer la dirección y orientar la planificación, coordinación, gestión y supervisión de todas las actividades y los servicios prestados por la Oficina de Políticas y Programas. Ocupa uno de los dos cargos de dirección adjunta a la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres.

Yannick Glemarec se incorporó a las Naciones Unidas en 1989. Ha detentado cargos de cada vez mayor responsabilidad en las oficinas del PNUD en Viet Nam, China y Bangladesh. Asimismo, se ha desempeñado como Coordinador Ejecutivo del PNUD para el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y ha sido Director de Finanzas para el Medio Ambiente en Nueva York entre junio de

2007 y enero de 2012. Posteriormente, fungió como Coordinador Ejecutivo de la Oficina de los Fondos Fiduciarios de Asociados Múltiples entre febrero de 2013 y marzo de 2015. Tiene un doctorado de la Universidad de París en Ciencias Ambientales, y dos Maestrías en Hidrología y en Administración de Empresas. Además, es autor y coautor de varias publicaciones en el ámbito de la gestión del riesgo de desastres, el desarrollo sostenible, la energía limpia y la financiación para el clima.