viernes, 22 de mayo de 2015

Talleres réplica sobre derechos de las personas que viven con VIH se dictaron en el Ministerio de Justicia


A fin de brindar a las y los servidores públicos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, herramientas que permitan garantizar los derechos que asisten a las personas que viven con VIH,  se dictaron tres talleres réplica enfocados en los derechos humanos, normativa jurídica, reparación integral  y garantías jurisdiccionales de este grupo de atención prioritaria.

Esta iniciativa se desarrolló en coordinación con la Coalición Ecuatoriana de Personas que Viven con VIH (CEPVVS) y estuvo dirigida principalmente a funcionarios de la Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC), por ser quienes brindan atención directa a las y los ciudadanos a escala nacional.

El objetivo principal fue promover el ejercicio de los derechos, su restitución en caso de ser violentados y la reparación integral por los daños causados, de acuerdo a la normativa nacional e internacional vigente sobre derechos humanos y VIH.

Se trataron temas como los derechos  transversales de las personas con VIH y normativa jurídica ecuatoriana. Derecho a la no discriminación, a un trato y atención preferente, prioritaria y especializada y a la confidencialidad de la situación de vivir con VIH. El respeto de estos derechos garantiza el goce total de los otros derechos humanos en los campos de la salud, educación y trabajo.



Según cifras oficiales (Ministerio de Salud Pública), en el Ecuador, desde 1984 hasta 2012 se ha reportado cerca de 35 mil casos de personas con VIH, de las cuales cerca de 15 mil están en tratamiento antirretroviral, en su mayoría, a través de los servicios de salud pública (70%).

Ante esta problemática se ha planteado una respuesta nacional en base a cuatro pilares fundamentales: prevención, atención, cuidado y apoyo.

Antecedentes:

El pasado 8 de abril de 2015, Alexandra Jaramillo González, viceministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, y Edwin Hidalgo, secretario General de la CEPVVS inauguraron el primer taller modular de la Escuela de Defensores de Derechos, mismo que se desarrolló entre el 8 al 11 de abril y contó con la participación de un grupo inicial de 40 personas, entre servidores públicos e integrantes de organizaciones de sociedad civil con trabajo en VIH y derechos humanos y de los Núcleos provinciales de la CEPVVS a nivel nacional.



Ministra de Justicia entregó taller laboral a internas del CRS Femenino de Chillogallo




El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a través del Modelo de Gestión Penitenciaria, genera espacios para la capacitación laboral de las personas privadas de libertad (PPL), como una alternativa para su efectiva rehabilitación.

Con estos procesos de capacitación, las PPL adquieren conocimientos técnicos, teóricos y prácticos, mismos que contribuirán al buen desempeño en diversas actividades laborales, eje fundamental para su reinserción social

Por ello, Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, entregó al Centro de Rehabilitación Social (CRS) Femenino de Chillogallo, Quito, el taller de costura, espacio equipado para desarrollar las capacidades de las internas y posteriormente generar fuentes de trabajo remunerado.


El nuevo taller de costura cuenta con máquinas industriales: recta, overlok  y recubridora, además de la materia prima para que las PPL puedan poner en práctica los conocimientos adquiridos y elaborar cualquier tipo de prenda de vestir.

Para Rosa Ch., interna del CRS Chillogallo estas actividades propuestas por el Ministerio de Justicia fomentan su rehabilitación. “Decidí integrarme a este taller, con el objetivo de encontrar alternativas laborales”.  El gusto por este oficio motiva a la interna a planificar su futuro cuando cumpla su sentencia. “Dios quiera salgo de aquí y me pongo un taller para con ello mantener a mis hijos”.



Datos:

A través del Modelo de Gestión Penitenciaria, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Ofrece un espacio multidisciplinario que  contribuya a la rehabilitación y reinserción social de  las personas privadas de libertad mediante la educación, el arte, cultura física, actividades laborales, crecimiento personal, construcción de un plan de vida, seguridad penitenciaria y la aplicación del sistema progresivo en el marco del respeto a los derechos humanos y  cumplimiento de sus obligaciones.

El artículo 51, numeral 5 de la Constitución de la República garantiza la atención de las necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas, para todas las personas privadas de libertad.

Estado ecuatoriano coordinó retorno de adolescente desde Italia





Lucía (nombre protegido), adolescente de mirada tierna, piel tersa y brillante cabello, nació en Italia hace 16 años, su madre es ecuatoriana y emigró hace más de 20 años al país europeo en búsqueda de mejores oportunidades. Ansiosa por conocer su país y convivir con su familia materna, Lucía volvió al Ecuador.

La adolescente cumplió su anhelo gracias a la atención integral que brinda el Estado ecuatoriano frente a los problemas de tutela que enfrentan algunas familias ecuatorianas residentes en Italia. Así se garantiza una verdadera integración social de niños, niñas y adolescentes y sus familias a su retorno al Ecuador.

La problemática que afrontaban varias familias ecuatorianas que perdieron la patria potestad de sus hijos, se evidenció hace dos años, a través de las múltiples denuncias de compatriotas migrantes en toda Italia. Ante aquello, el Gobierno Nacional, ofreció su apoyo y puso a disposición de estas familias equipos multidisciplinarios, jurídicos y sicológicos. 42 familias ecuatorianas cuentan con asesoría integral por parte de las autoridades del Ecuador.

Al respecto, Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, afirmó que la asistencia integral que brinda el Estado ecuatoriano a las familias que migraron a Italia, garantiza la plena vigencia de los derechos fundamentales de los ecuatorianos dentro y fuera del territorio nacional.

Casos resueltos:

Según datos oficiales, existen 17 casos de menores de edad devueltos a sus familiares por parte de los servicios sociales italianos, 12 se encuentran con sus allegados en el país europeo y se registran cuatro menores que retornaron al Ecuador, el primero fue  J. L., de 15 años de edad, el segundo caso se refiere a las hermanas A.G, y N. G., de 13 y 15 años respectivamente y se suma el de Lucía de 16 años, quien se reunió recientemente con su familia en el cantón Santo Domingo.

En el primer caso, J.L., y su padre fueron recibidos en el Ecuador el 4 de marzo de 2015. Recibieron apoyo integral y atención sicológica, además se realizó una evaluación de su estado de salud y el levantamiento de información socio económica de la familia, a fin de garantizar que el menor se desenvuelva en un ambiente adecuado.

Posteriormente,  A.G., y N. G., llegaron al país el 23 de abril de 2015, fueron recibidas por su madre con el acompañamiento de una delegación del Ministerio de Justicia. Desde esta fecha cuentan con apoyo sicológico, se realizó un levantamiento de información socio económica y  se procederá a realizar la inserción de las menores al sistema educativo.

Antecedentes:

En abril del 2014, en la ciudad italiana de Génova, el Primer Mandatario comprometió su apoyo a los padres ecuatorianos que perdieron la potestad de sus hijos en Italia.

“El problema afecta a miles de migrantes ecuatorianos, especialmente a quienes perdieron sus fuentes de ingresos económicos y no pueden mantener sus hogares. En ese momento, las autoridades italianas intervienen y retiran a los niños y se los llevan a una casa hogar”, informó el presidente Rafael Correa Delgado.

En noviembre del 2014, una delegación oficial del Ecuador, integrada por el canciller Ricardo Patiño, la viceministra de Justicia, Alexandra Jaramillo, la y la asambleísta Gina Godoy, visitó las ciudades de Roma, Milán y Génova, donde se reunió con autoridades nacionales, municipales y judiciales de Italia, para analizar los problemas de custodia que afrontan los ecuatorianos en este país.

Como resultado de esta visita, se logró que en estos últimos tres meses exista apertura por parte de las autoridades italianas, sobre todo en lo que respecta al intercambio de información.

Rincones… Acciones que fortalecen el vínculo familiar y afectivo de las mujeres privadas de libertad y sus hijos




Camas y cómodas, sillas, mesas y sillones, inodoros, duchas y lavabos, todo el mobiliario para garantizar la comodidad de los habitantes de una casa… pero  en este caso muy particular, todo, absolutamente todo es pequeñito, así como sus pobladores habituales, niños y niñas de cero a tres años, quienes conviven con sus madres en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) Femenino de Chillogallo, al sur de Quito.

El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, efectuó varias adecuaciones en este centro penitenciario, que anteriormente funcionó como casa de confianza, para que satisfaga las necesidades particulares de estos dos grupos de atención prioritaria. Actualmente cumplen su internamiento 37 mujeres privadas de libertad (en estado de gestación o etapa de lactancia) y residen 31 infantes menores de 3 años.




El cuidado y educación de los niños y niñas que conviven con sus madres en el CRS está a cargo equipos profesionales y multidisciplinarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), entidad rectora y operativa de las políticas públicas para el desarrollo infantil integral.

Con esta iniciativa, el Estado ecuatoriano genera condiciones socio-afectivas con las niñas y niños de madres privadas de libertad para minimizar el impacto de la situación de internamiento, abrir vínculos con el mundo exterior, promover la lactancia materna en los infantes menores de 12 meses y fortalecer el vínculo afectivo madre-hijo, como primer estimulo.

Además fomenta procesos de acompañamiento a las madres privadas de libertad en temas referentes al desarrollo infantil integral, apoyo familiar, autoestima.

Salas comunales, gimnasios, baños, áreas educativas son parte de los ambientes lúdicos de desarrollo infantil integral para niñas y niños, con los que cuenta el CRS de Chillogallo,  mismos que funcionan de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 en jornada continua.



Para la salud preventiva, alimentación y nutrición, tanto de las internas como de los menores, al interior del centro se ponen en marcha controles médicos y pediátricos, proporcionados por el Ministerio de Salud Pública, en coordinación con el MIES y el Ministerio de Justicia.

Para Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, estas acciones fortalecen el vínculo familiar y afectivo de las mujeres privadas de libertad y sus hijos menores de tres años.



Antecedentes:

El 13 de octubre del 2014, las mujeres privadas de libertad en estado de gestación o madres de niños menores de tres años fueron trasladadas desde el ex CRS femenino ubicado en el Inca, hasta el CRS de Chillogallo, previamente equipado para acoger a este grupo  de atención prioritaria.

Datos:

La política pública orientada a garantizar la protección y el desarrollo integral de niños y niñas en contextos penitenciarios cumple con los postulados de instrumentos nacionales tales como el Código de la Niñez y la Adolescencia (2003), la Constitución de la República de 2008 y el Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017).

Además, el Ecuador ha ratificado los acuerdos internacionales asumidos en la Convención de los Derechos del Niño, instrumento de derechos humanos que compromete a los Estados a garantizar la protección integral de todos los niños y las niñas, sin discriminación alguna, mediante la adopción de medidas legislativas, políticas y operativas.

Representantes de la Escuela de la Magistratura de Francia conocen medidas socioeducativas para adolescentes infractores de Ecuador




El proceso de renovación del sistema de justicia y de transformación penitenciaria ecuatoriano es observado por representantes de la Escuela de la Magistratura de Francia, con el acompañamiento de delegados de la Escuela de la Función Judicial del Consejo de la Judicatura.

El objetivo, identificar posibles vínculos de cooperación para el fortalecimiento de los procesos de capacitación continua de los servidores penitenciarios que emprende el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.


Entrevista a Olivier Couvignou, fiscal adjunto francés

 
“Las medidas socioeducativas aplicadas en Ecuador para la reinserción de los adolescentes infractores es muy similar a los proceso que aplicamos en Francia. Ambos mecanismos privilegian la educación por sobre la represión para los menores” 


Luego del recorrido efectuado por el Centro de Adolescentes Infractoras de Conocoto, Quito, ¿Cuál es su percepción de la política pública emprendida en el Ecuador con miras a la efectiva reinserción de las y los menores en conflicto con la ley penal?

La visita ha sido muy importante para nosotros, vimos a las adolescentes que cumplen en cai conocoto su medida privativa de libertad muy motivadas y sobre todo se destaca la protección, motivación y ayuda que reciben por parte de las personas que las atienden para que cumplan con éxito su medida de privación de libertad.


Observamos los talleres educativos y ocupacionales, lo que nos permitió  ver vimos y son la prueba de que no falta energía, no falta motivación por parte del personal.


Las medidas socioeducativas aplicadas en Ecuador para la reinserción de los adolescentes infractores es muy similar a los proceso que aplicamos en Francia. Ambos mecanismos privilegian la educación por sobre la represión para los menores.


¿Ecuador está a la par de otros países en la aplicación de modelos integrales para la reinserción social y familiar de los adolescentes en conflicto con la ley penal?


Si, sin duda, estos procesos van a la par de lo que hacemos en francia, se privilegia la educación y el fortalecimiento d elos vínculos familiares de los adolescentes por sobre la parte represiva. Privilegiamos la semilibertad, la individualización de las penas privativas de libertad. 


En Francia también los jueces de menores tienen la posibilidad de ordenar en el marco del juicio una medida socioeducativa alternativa a la privación de libertad. 


El juez debe disponer además, el acompañamiento profesional para el adolescente que está por culminar la medida privativa de libertad, con el respaldo de trabajadores sociales que forman parte de un servicio especial que en Francia lo denominados el Servicio de Protección de la Juventud, adscrito al Ministerio de Justicia y conformado por funcionarios especializados en el seguimiento de los menores.


¿Cuál es su sugerencia o recomendación para mejorar la aplicación de políticas de atención integral para adolescentes en conflicto con la ley penal?


Cada país desarrolla su propia visión de la justicia, en consideración de su cultura y de los medios que tiene. Por ello no me permitiría recomendar nada, es muy difícil. Sin embargo, hemos visto que el Ecuador ha emprendido un cambio muy impresionante en el ámbito penitenciario, así como en las reformas judiciales. 


Pero si me parece clave, tanto en Francia como en Ecuador, favorecer la interacción entre los fiscales y los jueces, la interacción entre los órganos judiciales y los entes responsables de la administración penitenciaria y quienes realizan el seguimiento de los procesos de reinserción de los menores infractores, un trabajo de interacción e intercambio favorecerá las buenas prácticas de rehabilitación de los menores infractores.

Agentes de seguridad penitenciaria son parte de la revolución educativa




El Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Sur Turi, en Cuenca, se convirtió en el escenario propicio para inaugurar la carrera técnica en seguridad penitenciaria, misma que tiene un nivel de formación superior y su tiempo de duración es de dos años; es decir, 3.200 horas, 70% de teoría y 30% de práctica.

La primera promoción está conformada por 90 agentes de seguridad penitenciara (ASP), quienes laboran en los centros de Rehabilitación Social de Guayas, Cotopaxi y Azuay, se encuentran en la etapa de nivelación, periodo que durará dos meses. Para la segunda promoción 700 aspirantes ya han rendido las pruebas.


“Sí juro”, se escuchó fuerte y claro en el lugar del evento donde los 90 agentes de seguridad penitenciaria se comprometieron ante sus familias y ante la Patria a llevar con orgullo el uniforme azul y el camuflaje que el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos les ha otorgado. Desde ya, ellos han asumido la responsabilidad de formarse como las y los mejores en su rama.

Para Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, para consolidar la transformación del sistema penitenciario, es importante contar con personal de seguridad plenamente capacitado, tanto en áreas de seguridad, legislación ecuatoriana e internacional, derechos humanos y reglamentación penitenciaria.

“Acciones concretas como la Tecnicatura en Seguridad Penitenciaria, nos permite profesionalizar y dignificar la labor de los agentes, a fin de que no vuelvan a formar parte de las redes de corrupción que tanto daño han hecho al sistema”, señaló la funcionaria ministerial. 


Datos:

En tres institutos de educación superior se impartirá la Tecnicatura en Seguridad Penitenciaria: en Guayaquil, el Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar; en Latacunga, el Instituto Tecnológico Superior Ramón Barba Naranjo; en Cuenca, el Instituto Tecnológico Superior Francisco Febres Cordero.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece en el artículo 677, numeral 3 la obligatoriedad de  “Perfecciona, actualizar, promover y evaluar de manera constante , al personal de los centros de privación de libertad, en cualquiera de las áreas penitenciarias".

90 son los agentes que conforman la primera promoción de la carrera técnica en seguridad penitenciaria.
Antecedentes:

Gracias al trabajo coordinado del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, el pasado 30 de abril de 2014, se aprobó la creación de la carrera técnica en seguridad penitenciaria, mediante Resolución No.  RPC-SO-16-No 177-2014-anexos-1.