lunes, 31 de agosto de 2015

Funcionarios del Ministerio de Justicia recibieron capacitación en materia de violencia de género



En el marco de la política pública que aplica el Gobierno Nacional con el objetivo de erradicar la violencia de género e intrafamiliar, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, impulsa jornadas académicas para  fortalecer las capacidades de los profesionales y servidores públicos en materia de violencia de género e intrafamiliar.


Por ello, este viernes 28 de agosto de 2015, se desarrolló el taller sobre género y relaciones de poder dirigido a puntos focales de género de las coordinaciones zonales de esta Cartera de Estado, que busca brindar a las y los funcionarios, herramientas para fortalecer el trabajo territorial de detección y prevención primaria y secundaria de violencia de género e intrafamiliar; y,  violencia sexual.  

Así como la generación de cambios institucionales a través de procesos de  sensibilización, formación y/o capacitación que permitan la práctica de la tutela judicial efectiva, la  defensa de la víctima, con el cumplimiento de los principios de calidad, celeridad y oportunidad.

Juan Sebastián Medina, subsecretario de Derechos Humanos de esta Cartera de Estado destacó la participación de mujeres de diversos sectores sociales que juntan esfuerzos y en coordinación con esta Cartera de Estado trabajan en la lucha contra la violencia que afecta a mujeres, niñez y adolescencia.

“Mujeres valiosas con una importante trayectoria en la temática, que desde diferentes niveles institucionales han venido apoyando y aportando con sus conocimientos al trabajo desarrollado desde el Estado, en la atención a víctimas de violencia intrafamiliar y género”, señaló Medina quien destacó los avances que presenta el Estado con la aplicación del Plan Nacional para Erradicar la Violencia de Género hacia Mujeres, Niñez y Adolescencia.


En este sentido, el Ministerio de Justicia, continúa con la tarea de fortalecer, mejorar y ampliar la cobertura de los Centros de Atención y Casas de Acogida a víctimas de violencia de género. “Actualmente contamos con 22 centros de atención externa y cinco casas de acogida, con 41 equipos técnicos, que proporcionan atención gratuita”, informó el funcionario ministerial.

Por su parte, Silvia Juma, fiscal Provincial de Pichincha, quien fue una de las expositoras, durante su intervención destacó la importancia que tiene para el sistema judicial la  aplicación de  procedimientos de investigación en delitos de violencia de género e integridad sexual de la mujer y su núcleo familiar, así como el aporte que significa para el país la puesta en marcha de las Unidades Especializadas en Violencia de Género (UEVG).


El taller contó con la participación de Juan Sebastián Medina, subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Leonardo García, especialista en género, Mercy López, jueza de la Unidad 1 de Violencia contra la Mujer y la Familia de Quito, Silvia Juma, fiscal Provincial de Pichincha y especializada en violencia de género y Rosario Gómez, del Sistema Nacional de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General del Estado.

Datos:

Uno de los compromisos asumidos por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, con la creación de la Dirección Nacional de Violencia Intrafamiliar y Género, fue la realización de un taller de sensibilización en género.

Las coordinaciones zonales de esta Cartera de Estado son las responsables de la prestación de servicios de asesoría y atención a la ciudadanía en temas de violencia de género; así como el  referente de información y derivación hacia los diversos servicios institucionales y redes interinstitucionales que brindan acogimiento, asistencia legal, psicológica y de trabajo social a mujeres y sus hijos e hijas víctimas de violencia intrafamiliar y  género.

           


Con apoyo del Ministerio de Justicia se fortalece lucha contra la violencia de género e intrafamiliar en Galápagos

Ante el incremento de casos de violencia intrafamiliar (VIF) en Santa Cruz (Galápagos), el Foro Permanente de la Mujer Ecuatoriana y la organización civil de mujeres "Las guerreras somos más" ejecutan la campaña de prevención y el lanzamiento de un díptico informativo sobre esta problemática, además de las rutas para casos de flagrancia y aquellos que se denuncian directamente en la Unidad Multicompetente o las que se presentan en la Defensoría Pública.


Al evento de  lanzamiento que se efectuó el pasado jueves 27 de agosto, en el Salón de la Ciudad de Santa Cruz, asistió Nelly Jácome, directora de Género de esta Cartera de Estado, como delegada de la ministra Ledy Zúñiga, así como representantes del Consejo de la Judicatura, del Departamento de VIF de la Policía Nacional y del Consejo Cantonal de Derechos. 


La DEVIF (policía especializada) está encargada de revisar las denuncias de violencia presentadas en la Fiscalía y realizan visitas a los domicilios de las denunciantes para dar seguimiento,  además de activar el botón de seguridad cuando se presentan estos casos. 


El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos,entidad responsable de la ejecución del  Plan de Erradicación de Violencia de Género que afecta a mujeres, niños, niñas y adolescentes, brindará apoyo y asesoría para la campaña que se ha lanzado, de igual forma se analiza la posibilidad de reabrir el Centro de Atención, con el fin de que esta provincia cuente con un espacio idóneo y personal especializado que atienda a las víctimas de forma integral, el trabajo sea personalizado y la campaña de concienciación se impulse de forma permanente. 

Procesado por incidentes del 13 de agosto asistió al velorio de su madre

Con el respaldo de personal de seguridad penitenciaria y de la Policía Nacional, entre la noche del viernes 28 y la madrugada del 29 de agosto se permitió la asistencia de W.L. al velorio de su madre.

Esta ceremonia de carácter familiar se cumplió en la casa de la difunta, ubicada en el barrio Cuendina, de la parroquia Amaguaña, ubicada al suroriente de Quito. Para cumplir con la visita de su hijo, quien cumple con una medida de prisión preventiva por su presunta participación en los incidentes del 13 de agosto, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, colaboró en diversos trámites y apoyo institucional por medio de la Oficina de Atención a la Ciudadanía.

W. L. pudo compartir con sus familiares el homenaje póstumo preparado para despedir a su madre en absoluta intimidad, luego de lo cual regresó al Centro de Detención Provisional de El Inca.

Régimen de visitas se aplica en el CRS de Loja

En los centros de privación de libertad del país, el Estado garantiza la seguridad de los internos y de los funcionarios que allí laboran. Para ello se aplica el nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria que permite un control adecuado de las personas que ingresan a los centros de rehabilitación social (CRS).



Ese es el caso del CRS de Loja donde antes, sin mayor control por parte de las autoridades, los ingresos de las visitas era absolutamente discrecional. Aquello permitía la introducción de elementos prohibidos al centro e, incluso, materiales o personas que afectaban la integridad física de los privados de la libertad.



Ahora, las personas privadas de la libertad (PPL) entregan a las autoridades del CRS de Loja un listado de máximo 10 personas que pueden acceder como visitas. Entre éstos se priorizan los familiares directos (madre, padre, hijos, cónyuge, etc.), mas ello no excluye la posibilidad de incluir a amigos o demás personas que mantengan alguna relación afectiva de interés para el interno.



De ese listado, se permite el acceso de dos por cada día de visita que le corresponda a la PPL. De esta lista se excluye la visita conyugal que también debe ser registrada e ingresa aparte de las visitas normales en horarios previamente establecidos y publicados por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.



A su vez, esta listado puede ser modificado luego de un tiempo prudente (cada seis meses) por parte del privado de libertad que puede repetir las mismas visitas o excluir a algunas para incluir a otras.  Quien no consta en los listados elaborados por los mismos privados de libertad no pueden acceder al centro penitenciario.



En estos listados no se incluye a los abogados que patrocinen a las PPL. En este caso, el único habilitante es la autorización del detenido que certifique que tal o cual profesional del derecho es el responsable de su proceso penal.



viernes, 28 de agosto de 2015

Por segundo año consecutivo se desarrollaron colonias vacacionales dirigidas a hijos e hijas de PPL

A tres días de que culmine el periodo vacacional del régimen educativo Sierra 2014-2015, Ledy Zúñiga y Catalina Ontaneda,  ministras de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, y del Deporte, respectivamente, clausuraron las colonias vacacionales del Buen Vivir, jornadas deportivas de las que participaron 600 niños y niñas, entre ellos, más de 250 hijos e hijas de personas privadas de libertad (PPL) del Centro de Rehabilitación Social (CRS) Regional de Cotopaxi.



La inocencia, carisma y fascinación, propias de niños y niñas, junto a su innata capacidad de asombro al aprender nuevas destrezas, motivó diariamente a las y los instructores de las distintas disciplinas deportivas que puso a disposición el Ministerio del Deporte. Fútbol, básquet, tenis, rugby, natación, vóley y hapkido (artes marciales de origen coreano), fueron las categorías que por dos semanas consecutivas aprendieron las y los pequeños.



Camila tiene siete años y contó que hizo muchos amigos durante estas dos semanas que participó en las colonias vacacionales, además aprendió a jugar básquet. “Me encantó el campamento, fue muy divertido, aprendí cosas nuevas y quiero volver el próximo año”, dijo.



Para Ledy Zúñiga Rocha, esta jornada que forma parte de las iniciativas gubernamentales orientadas a la efectiva rehabilitación de las personas privadas de libertad, permite fortalecer los vínculos familiares de las y los internos, pilar importante en la aplicación de procesos orientados a su rehabilitación y posterior reinserción social, familiar y laboral.

“Estas sonrisas, este carisma, estos niños y niñas son el otro rostro de la revolución penitenciaria, el que no vemos pero por el que tanto trabajamos”, señaló durante su intervención la titular de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

Por su parte, Catalina Ontaneda, titular de la Cartera del Deporte, las actividades deportivas aportan a la formación integral de niños, niñas y adolescentes.



“Perfeccioné mis técnicas futboleras y es que cuando sea grande quiero ser el goleador de la Liga de mi corazón”, dijo Marlon de nueve años mientras ponía su mano derecha sobre la insignia de su equipo de fútbol favorito, él disfrutó de jugar fútbol y hacer amigos.

Con estas acciones, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, en coordinación con otras entidades públicas cumple con lo dispuesto en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y el  Modelo de Gestión Penitenciaria, que establecen la importancia de fortalecer los vínculos familiares y generar bienestar en el entorno afectivo para lograr la efectiva rehabilitación y posterior reinserción de las PPL. 

https://youtu.be/EH0n9kCy-qg

En CRS Loja se elaboran collares saragureños


En el Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Loja, uno de los espacios laborales que hoy en día se mantiene activo es el de elaboración de artesanías. El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, impulsa este tipo de actividades para fortalecer la rehabilitación integral  de las personas privadas de libertad (PPL).


Lo más novedoso que hoy en día tiene este centro son los collares a base de mullos, que forman parte de las costumbres y tradiciones ancestrales del pueblo indígena de Saraguro. La paciencia es su fuerte, mullo a mullo y con gran delicadeza dan forma a las primeras obras, collares multicolor con formas geométricas, estrellas, flores hojas…

 

Tania y Laura dicen que desde pequeñas conocen sobre la elaboración de estos tradicionales collares que forman parte de su cultura, “de la vestimenta que con orgullo llevan puesta”. Algunos de los collares se venden en 35 dólares, los más costosos van de entre los 70, 80 y hasta 100 dólares según las piedras o mullos que se usen.



COIP
Artículo 690.- Régimen ocupacional de las personas privadas de libertad.- Las actividades educativas, culturales, sociales, de capacitación laboral y de salud integral tienen como objetivo desarrollar destrezas y habilidades de las personas privadas de libertad, en razón de una medida cautelar o apremio personal. La autoridad competente del centro promoverá iniciativas

jueves, 27 de agosto de 2015

En el CRS Loja garantizamos el acceso a la salud para PPL


El propósito fundamental de la evaluación y tratamiento médico de las personas privadas de libertad (PPL) es garantizar el derecho a la salud durante su permanencia en los centros de Rehabilitación Social del país. Es así que el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, coordina acciones con la Cartera de Salud Pública, a fin de dar estricto cumplimiento a este derecho.



La atención odontológica se realiza durante cinco días a la semana, mientras que la atención médica general, los martes, miércoles y jueves. Los servicios de atención ginecológica están garantizados para las internas, tres veces al mes. 

“Cuando una persona privada de libertad ingresa al centro, el primer paso es la elaboración de su ficha médica o historia clínica, para garantizar la atención secuencial en caso de que así lo requiera el interno, con la respectiva entrega de la medicina necesaria”, indicó Benjamín Monteros, director del (CRS) de Loja.


Con el apoyo del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, esta Entidad de Gobierno cumple con el objetivo de desarrollar programas de salud preventiva, curativa, campañas y terapias de rehabilitación física. 

Carlos fue atendido en el área de salud del CRS Loja, afirma que le aquejaba un dolor de garganta y fue atendido inmediatamente. “Siempre somos bien atendidos en el aspecto de salud, mientras cumplimos con  nuestra sentencia, en este centro nos han enseñado a preocuparnos más por nuestra salud, a prevenir enfermedades y a cuidar a nuestras parejas con una vida saludable”, dijo la persona privada de libertad.

El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, entiende la aplicación sanitaria en salud dentro de un concepto de atención integral de la persona privada de libertad. La primera atención médica consiste en una revisión general del estado físico y de salud de la persona privada de libertad.


Desde su llegada a este centro, los 26 detenidos por Paralización del Servicio Público, oriundos de Saraguro ya han recibido tres atenciones médicas para verificar posibles señales de maltrato, que en este caso han sido nulas; además, han recibido medicación para alguna patología presente y  toma de signos vitales.

Juez dicta prisión preventiva contra presunto responsable de agresión a policías

Tras ser deportado desde Colombia, Esteban M., enfrenta un proceso judicial por su presunta responsabilidad en las violentas agresiones contra uniformados de la Policía Nacional, hecho suscitado el pasado 2 de julio de 2015, en el Centro Histórico de Quito.



En este sentido, la mañana de este jueves 27 de agosto de 2015, en la Unidad de Flagrancia de Quito, se instaló la audiencia de formulación de cargos donde el juez Juan Salas acogió el pedido de Susana Rodríguez, fiscal del caso, y dictó prisión preventiva contra el procesado, medida que busca garantizar la comparecencia del procesado a las diligencias judiciales. 

Además dispuso el inicio de la instrucción fiscal, misma que durará 90 días, periodo en el que la Fiscalía y la defensa de Esteban M., deberán reunir las pruebas de cargo y descargo, respectivamente.

Durante su intervención, la fiscal Susana Rodríguez, exhibió videos y fotografías donde se ve la imagen del acusado mientras golpea con un palo a los uniformados, además presentó la versión de los policías que fueron agredidos la noche del 2 de julio, por ello acusó al procesado del delito de ataque con violencia a la fuerza pública, tipificado en el artículo del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

martes, 25 de agosto de 2015

Resultados de la aplicación del COIP respecto de la violencia de género e intrafamiliar

Con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP), se inicia una nueva etapa en la historia judicial ecuatoriana. El nuevo cuerpo legal, vigente desde agosto de 2014, incluye un capítulo que tipifica y sanciona la violencia intrafamiliar. Esta inclusión visibiliza actos delictivos históricamente naturalizados y/o normalizados.

Para Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, esta  innovación permite reconocer  que el agresor obró con la intención y la voluntad de causar daño. “Anteriormente se ocultaba esta violencia en el delito de lesiones agravado por ser familiar”. Además se determina la violencia psicológica como delito, con sanción de hasta tres años de pena privativa de libertad.

Para el seguimiento y la judicialización de delitos sexuales y de violencia intrafamiliar se fortalece permanentemente el trabajo interinstitucional, en este sentido, se han suscrito convenios de cooperación, mismos que han permitido desarrollar manuales, protocolos, instructivos y formatos del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses.

En 2014, de 3.460 noticias del delito receptadas por la FGE bajo posible violación, el 25.23% están en fase de instrucción; el 27.14% recibieron dictámenes acusatorios y se obtuvieron 569 sentencias condenatorias en primera instancia. De 760 noticias por acoso sexual, se han iniciado 69 instrucciones y se han emitido 69 dictámenes acusatorios y 36 sentencias condenatorias en primera instancia. De 1.126 noticias del delito de abuso sexual, 279 han pasado a instrucción y se han emitido 271 dictámenes acusatorios y 158 condenas. 

El trabajo interinstitucional permitió además, emitir el Reglamento 172 que busca expedir de forma emergente y oportuna, medidas de protección a favor de las víctimas de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. En este marco, hasta noviembre de 2014 se emitieron  876 medidas de protección. El trabajo común de las instituciones estatales está orientado a evitar la revictimización.

“Estas acciones se fundamentan en la decisión política de un Gobierno comprometido con la plena vigencia de los derechos fundamentales de todos y todas  y convencido de que es posible consolidar al Ecuador como un país libre de violencia de género e intrafamiliar donde en las mismas condiciones, mujeres y hombres nos desarrollemos plenamente”, señaló Ledy Zúñiga Rocha.

Datos adicionales:

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente desde 2014, tipifica la discriminación en razón de sexo, género y orientación sexual: La persona que […] propague, practique o incite a toda distinción, restricción, exclusión o preferencia en razón de sexo, identidad de género u orientación sexual,  entre otras, que menoscabe los derechos en condiciones de igualdad, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

En su  Art. 177, el COIP tipifica los actos de odio en razón de sexo, género y/u orientación sexual: La persona que cometa actos de violencia física o psicológica de odio, contra una o más personas, en razón de su sexo, identidad de género u orientación sexual, entre otras, será sancionada con pena privativa de la libertad de uno a tres años.

Reciben sanción la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia física contra la mujer o miembros de la familia. 

Con la vigencia del COIP, hasta el 10 de octubre de 2014, se han seguido 432 procedimientos por el delito de violencia física y 964 procesos por violencia psicológica.

“La mayor transformación de un país radica en el goce igualitario de derechos”

Varios cambios se introdujeron en la legislación ecuatoriana con la puesta en marcha del Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente desde el pasado 10 de agosto de 2014. Uno de los más destacables es la tipificación y sanción de aquellos delitos cometidos contra la mujer y/o cualquier miembro del núcleo familiar.


 La inclusión del femicidio en el COIP, los delitos sexuales y los de discriminación y odio por razones de género son tratados por las y los operadores de justicia desde una visión integral y con una investigación especializada, que busca probar la materialidad y responsabilidad del delito, además de demostrar la incidencia de la violencia de género en el cometimiento de acciones que afectan a la víctima por su condición femenina.

“El COIP es una herramienta que ha permitido posicionar en la conciencia social la no permisibilidad de las conductas que son violatorias de derechos. Uno de los avances más importantes en este sentido, es sin duda la tipificación del femicidio, con una pena de 22 a 26 años de privación de libertad, que no sólo sanciona al autor, permite entender que se trata de un hecho en que se conjugan particularidades que no están presentes en otras muertes, como es la relación entre la víctima y su victimario”, aseveró al respecto Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

Según datos estadísticos de la Fiscalía General del Estado, entre el 10 de agosto de 2014 y el 5 de junio de 2015, se presentaron 49 noticias del delito de femicidio, incluida la tentativa, las y los fiscales que conocieron estos casos emitieron 17 dictámenes acusatorios y se obtuvieron seis sentencias condenatorias, una en Guayas, una en Santo Domingo, dos en Chimborazo, una en Tungurahua y una en Santa Elena.

En este sentido, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, realiza el seguimiento de casos de femicidio y violencia intrafamiliar, y fortalece la gestión de la Red de Centros de Atención y Casas de Acogida para víctimas de violencia de género e intrafamiliar, en el marco del Plan Nacional contra la Violencia de Género hacia niños, niñas, adolescentes y mujeres que es una política de Estado desde el 2007.

Adicionalmente, el Consejo de la Judicatura ha creado unidades judiciales especializadas y cuenta con 80 juezas y jueces para brindar servicios judiciales integrales a las víctimas de violencia de género e intrafamiliar.

Las mujeres que sufren algún tipo de violencia física, sexual o psicológica ahora cuentan con más y mejores políticas para su protección. “La mayor transformación de un país radica en el goce igualitario de derechos, por ello es importante el trabajo de la Asamblea Nacional con la expedición de normativas como el COIP que no sólo buscan sancionar conductas delictuales que afectan a mujeres, niños, niñas y adolescentes, sino que además garantizan su protección”.

lunes, 24 de agosto de 2015

Inicia proceso de certificación de calidad de las estadísticas del sistema penitenciario



A fin de establecer los procedimientos y parámetros para el análisis y certificación de la calidad del proceso estadístico del sistema penitenciario, Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y José Rosero, director Ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec), analizaron el Sistema de Certificación de Calidad  (SCC) de las Operaciones Estadísticas.




En este sentido, José Rosero, explicó que este sistema está estructurado por las fases de preparación, recolección, análisis, certificación, y seguimiento integral. “Para el desarrollo del sistema estadístico de los centros de rehabilitación social (CRS), se contará con el apoyo de expertos temáticos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc)”, añadió el titular del Inec.

Por su parte, Ledy Zúñiga Rocha, destacó la importancia de incluir en este proceso a personas que conozcan a profundidad los temas de seguridad. “Los datos estadísticos del sistema penitenciario tienen mucha relación con temas específicos de seguridad, por ello deberíamos contemplar la posibilidad de incluir a un experto en estos temas”.



En la reunión de socialización del SCC, se determinó el equipo técnico del Ministerio de Justicia que acompañará al equipo de trabajo del Inec, mismo que está conformado por Ana Cristina Chamorro, subsecretaria de Atención a Personas Privadas de Libertad, Eduardo Echeverría, director de Estadísticas y Javier Díaz, subsecretario de Centros de Adolescentes Infractores.

“Con esta certificación, podremos garantizar la calidad de las estadísticas que utilizamos para la formulación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas aplicadas en el sistema penitenciario, cuyo objetivo es la efectiva rehabilitación de las personas privadas de libertad”, acotó la funcionaria ministerial.



Datos:

Las fases que conforman el Sistema de Certificación de Calidad  de las Operaciones Estadísticas son:

-       - Preparación.-  en esta fase se socializa el Sistema de Certificación de Calidad.

-           Recolección de Información.-  periodo en el que se aplican las herramientas y se efectúa la recolección de evidencia documental.

-      -  Análisis de calidad.- revisión y análisis de la información, reunión técnica sobre hallazgos, calificación con el grado de calidad y formulación del plan de mejoras.

-   -       Certificación.- fase para la aprobación del grado de certificación y entrega oficial de resultados.

-   -        Seguimiento integral.- para la implementación del plan de mejoras e informes de seguimientos.




En Esmeraldas se fortalece la atención integral para víctimas de violencia de género e intrafamiliar



La violencia de género e intrafamiliar es abordada decididamente por el Ecuador, y una de las acciones emblemáticas desarrolladas por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, es el fortalecimiento y ampliación de la Red Nacional de Centros de Atención y Casas de Acogida, mediante la suscripción de convenios de cooperación y cofinanciamiento.

Dicha red actualmente está conformada por 22 centros de atención externa y cinco casas de acogida, y cuenta con 41 equipos técnicos, que proporcionan atención integral gratuita a víctimas directas y colaterales de las distintas formas y manifestaciones de la violencia de género.

En este sentido, desde el 2014, esta Cartera de Estado cofinancia el Centro de Atención de la Fundación Foro de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia (Fodimuf), y a través del mismo brinda atención integral a niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o sexual y explotación sexual en la provincia de Esmeraldas.



Este Centro de Atención cuenta con un equipo técnico multidisciplinario conformado por cinco profesionales especializadas en violencia intrafamiliar y de género, conformado por una psicóloga, dos trabajadoras sociales, una abogada y la administradora del Centro.

Los resultados obtenidos en este período de trabajo con el Fodimuf son los siguientes:


AÑO 2014
AÑO 2015 (enero-junio)
BENEFICIARIAS/OS DIRECTAS/OS
(Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia)
 
496
307
ATENCIONES PSICOLÓGICAS, LEGALES Y SOCIALES
 
3.211
1.196
BENEFICIARIOS INDIRECTOS
1.488
1.964


Las cifras de Fodimuf demuestran que en la provincia de Esmeraldas, en el período de enero a junio de 2015, se ha incrementado notablemente el número de atenciones y de beneficiarios, tanto directos como indirectos.

Para Ledy Zúñiga Rocha, titular de esta Cartera de Estado, estas acciones permiten avanzar con el cumplimiento de compromisos enfocados en la erradicación de esta problemática social. Además, mediante las mesas provinciales para la erradicación de la Violencia hacia Niñez, Adolescencia y Mujeres, se fortalece la coordinación a nivel provincial de todas las instancias para aplicar la política pública nacional, encontrar puntos de alineación y trabajo directo en los territorios, fortalecer las mesas cantonales y la participación de la sociedad civil.

“Empoderarnos e involucrarnos en este esfuerzo diario y permanente, aporta a la construcción de espacios donde mujeres podamos asumir nuestros roles en espacios públicos y privados, sin miedo a ser violentadas, golpeadas, agredidas o denigradas, un lugar donde podamos tomar parte activa de las decisiones políticas de nuestro país”.

Datos:

La Fiscalía Provincial de Esmeraldas registra los siguientes datos desde el 10 de agosto del 2014 hasta el 31 de julio de 2015

ü  3 casos de femicidio

ü  Casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo:

o   186 casos de violencia física;
o   732 casos de violencia psicológica; y,
o   3 casos de violencia sexual.

ü  Delitos contra la integridad sexual
o   81 casos de abuso sexual;
o   39 casos de acoso sexual;
o   182 casos de violación.

·         El Consejo de la Judicatura, datos de la provincia de Esmeraldas de agosto del 2014 a marzo de 2015

ü  Delitos contra la integridad sexual
o   6 casos de acoso sexual
o   6 casos de estupro
o   11 casos de abuso sexual
o   55 casos de violación

ü  Delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar
o   57 casos de violencia física;
o   56 casos de violencia psicológica;
o   2 casos de violencia sexual.

ü  Contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar
o   1130 contravenciones