“Ya tenemos 109 gabinetes itinerantes, todo el Gobierno atendiendo a nuestra gente”, Rafael Correa Delgado

   

  

En el marco del Gabinete Itinerante No. 109 que se desarrolló entre el 29 y 30 de enero del 2016, en el cantón La Libertad de la provincia de Santa Elena, Alexandra Jaramillo, ministra subrogante de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, expuso los avances alcanzados en materia penitenciaria.

En espacio que busca analizar la efectividad de las políticas públicas aplicadas por el Gobierno Nacional, el Primer Mandatario resaltó el funcionamiento del Centro de Atención Ciudadana, que fue entregado a la comunidad de Santa Elena en noviembre del 2014, y donde los usuarios pueden acceder de forma cómoda a todos los servicios estatales prestados por las 33 instituciones que lo conforman, entre ellas la Oficina de Atención a la Ciudadanía de esta Cartera de Estado, que cuenta con personal multidisciplinario que brinda asesoramiento legal y psicosocial gratuito a la ciudadanía, así como el seguimiento y acompañamiento de casos.

   

 

Posteriormente, Correa Delgado, acompañado de parte de su gabinete ministerial se dirigió al Mercado Buenaventura donde compartió un almuerzo con la comunidad.

  

A través de los Gabinetes Itinerantes, los funcionarios de Estado afianzan su vínculo con la comunidad en territorio, atienden de primera mano las necesidades que presentan y analizan acciones conjuntas. Este espacio permite evaluar el cumplimento de los compromisos que el Gobierno asume con la ciudadanía.

Noche cultural

     

“Todos los representantes del Gobierno, todos los ministros,secretarios y funcionarios de Estado atendiendo a nuestra gente en sus comunidades, sin que la ciudadanía tenga que movilizarse hacia las grandes ciudades en búsqueda de soluciones, esos son los gabinetes itinerantes, iniciativa que no existía en el país”, señaló Rafael Correa, durante la noche cultural que formó parte del Gabinete Itinerante No. 109.

“Ya tenemos 109 gabinetes itinerantes, todo el gobierno atendiendo a nuestra gente”, aseveró Correa.

La Noche Cultural es un espacio inclusivo que rescata el arte de nuestros pueblos. En esta ocasión se destacó la participación de un grupo de danza conformado por adultos mayores.

      

     

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Seguimiento desaparecidos: Tribunal Penal dictó sentencia condenatoria contra responsables de desaparición y muerte de Segundo Mayanquer

La tarde del viernes 29 de enero de 2016, el Tribunal Primero de Garantías Penales de Pichincha, conformado por Stalin Palacios, juez ponente, Silvana Velasco y Fausto Lana, sentenció a 17 años y cuatro meses de privación de libertad a José Ch., Nelson A., Rosa R., Luis B., Edison R., y Diego T., por considerarlos responsables del secuestro y posterior muerte de Segundo Mayanquer, quien desapareció el 13 de diciembre del 2014.

El caso Mayanquer se constituyó en compromiso presidencial y contó con el acompañamiento y seguimiento del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. 

Los seis ciudadanos sentenciados fueron capturados en febrero de 2015. Se los acusó del delito de secuestro extorsivo, conforme lo establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en su artículo 162. La fecha de la desaparición, la víctima salió en su vehículo a llevar una carga de flores desde Tabacundo hacia Huaquillas.

Datos adicionales:

El lunes 15 de diciembre de 2014, Rosario Martínez, esposa de Segundo Mayanquer concurrió a la Fiscalía del cantón Cayambe a poner la respectiva denuncia por la desaparición de su esposo.

El 03 de enero de 2015, la denunciante recibió la llamada de una persona quien le manifestó que su esposo está secuestrado y que debía depositar diez mil dólares en una cuenta.

El Tribunal Primero de Garantías Penales de Pichincha, señaló para el 12 de enero de 2016, a las 08:30, la audiencia oral, pública y contradictoria de juicio en contra de los procesados en el caso Mayanquer.

El 29 de enero de 2016, a las 08:30, se reinstaló la audiencia en la que las partes procesales expusieron sus alegatos finales. Posteriormente, el Tribunal Primero de Garantías Penales de Pichincha, luego de revisadas las pruebas presentadas en la audiencia de juicio, determinó la responsabilidad de los procesados en el hecho investigado y los sentenció a 17 años y cuatro meses por el delito de secuestro extorsivo.

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Estado garantiza la asistencia a víctimas de incidente en Zona Intangible

Con la participación de Mónica Guevara, gobernadora de la provincia de Orellana, y Nadia Ruiz, subsecretaria de Derechos Humanos y Cultos, del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, se informó  en la ciudad de El Coca los alcances del plan de contingencia del Estado para asistir a las víctimas del supuesto ataque de indígenas no contactados (Tagaeri-Taromenane) a una pareja huaorani, ocurrido el lunes 25 de enero.

En rueda de prensa, Mónica Guevara hizo una cronología de los hechos que derivaron en la muerte de un hombre de nacionalidad Waorani por lanzas de indígenas no contactados, así como heridas en su pareja, incidente ocurrido en las cercanías del río Cononaco Chico  en su confluencia con el río Shiripuno, provincia de Orellana.

También se refirió al estado de salud de la mujer waorani, quien se recupera de sus heridas en el Hospital de El Coca.

Por su parte, Nadia Ruiz explicó los detalles del plan de contingencia, entre los que destacan el compromiso del Estado para asistir a la mujer herida, así como a sus familiares y los de su pareja que  murió en este supuesto ataque.

Con ello, se continúa con el trabajo que el Ministerio de Justicia desarrolla en las provincias donde habita la nacionalidad Waorani, así como los pueblos no contactados.
Para evitar un eventual escalonamiento del conflicto, se acordó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional refuercen los controles de ingreso a la Zona Intangible, entre ellos en Shiripuno y Puerto Pompeya.

Nadia Ruiz destacó que estas medidas en ningún caso afectarán las labores cotidianas, en especial de turismo, que realizan las comunidades waoranis para la generación de ingresos.
Finalmente, se acordó continuar con la capacitación a las diferentes instituciones del Estado, medios de comunicación y ciudadanía en general sobre la aplicación de los protocolos de seguridad para la protección de los pueblos no contactados. 

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Se activan protocolos de seguridad por incidente en Zona Intangible

Luego de que en la tarde del lunes 25 de enero se produjera un incidente entre una pareja huaorani y aparentemente indígenas en aislamiento voluntario (Tagaeri – Taromane), el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, activó el protocolo de seguridad que incluye la identificación y verificación de la información y la activación de los diferentes planes de contingencia con las respectivas entidades y la comunidad.

 
El incidente, en el cual presuntamente los indígenas no contactados lancearon a un hombre y una mujer huaoranis, fruto de lo cual falleció el primero y quedó con heridas la segunda, se produjo en las cercanías del río Cononaco Chico en su confluencia con el río Shiripuno, provincia de Orellana, que a su vez se ubica dentro de la Zona Intangible, área donde no se desarrolla ninguna actividad extractiva.

Según la versión inicial de la sobreviviente, ella y su pareja fueron presuntamente atacados mientras transitaban por el río Shiripuno por indígenas no contactados. El cuerpo fue rescatado por familiares del difunto pertenecientes a la comunidad de Boanamo, luego de ser alertados por la mujer que llegó herida hasta este poblado huaorani.

El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos coordinó con los  ministerios de Defensa y de Salud Pública para que ingresen a este poblado a recoger a la herida que fue llevada en helicóptero hasta el Hospital Regional de El Coca, donde se mantiene en situación estable.

Como parte de los protocolos de seguridad, se dieron las directrices para la Policía Nacional y el Ejército ante la eventualidad de un nuevo avistamiento, además de la presencia en la comunidad de Bameno de dos técnicos huaoranis que trabajan para el Ministerio de Justicia, quienes realizan un monitoreo permanente.

Así también, se coordinó el ingreso de los dirigentes de la Nacionalidad Waorani a Bameno. Y en coordinación con la Gobernación de Orellana se convocó a la Mesa de Seguridad del Comité Operativo de Emergencia provincial para definir las acciones correspondientes para garantizar la seguridad en la zona.

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"Saludo la actitud del Gobierno Nacional", afirmó Fidel Araujo tras obtener libertad con indulto concedido por Presidente de la República

La noche de este lunes 25 de enero, en el Centro de Detención Provisional (CDP) de Quito, Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, ejecutó la boleta de libertad de Fidel Araujo, quien se benefició del indulto concedido por Rafael Correa Delgado, presidente Constitucional de la República, conforme lo establece el artículo 74 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

“Saludo la actitud del Gobierno Nacional”, señaló Fidel Araujo, sentenciado a tres años de prisión  por el delito de incitación a la rebelión, hecho suscitado el pasado 30 de septiembre del 2010 (30S),  tras obtener su  libertad mediante el indulto concedido por el Primer Mandatario.

 Araujo acotó además que “el ciudadano debe enmarcarse en las normas, las leyes y la Constitución de la República”.

 Mediante Decreto Ejecutivo No. 879, Correa Delgado dispuso a la titular de la Cartera de Justicia, ejecutar  el beneficio constitucional otorgado al militar en servicio pasivo.

“Ejecutamos la disposición presidencial  que ha otorgado la libertad al señor Fidel Araujo. El COIP establece como una de las competencias del Presidente conceder el indulto. Está vigente el reglamento en el que se establece la posibilidad de que el Primer Mandatario de oficio el indulto, siempre que se cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 74 del Código Integral Penal”, informó Zúñiga Rocha.

 

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Ministerio de Justicia entrega nueva dotación de uniformes a los agentes de Seguridad Penitenciaria

Los más de 1300 agentes que conforman el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria del Ecuador cuentan con nuevos uniformes, mismos que tienen varias seguridades que garantizan evitar falsificaciones y su elaboración clandestina. Además, su uso estará normado por un reglamento ministerial.

 
La primera entrega la realizó Karla Benítez Izurieta, viceministra de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad este lunes 25 de enero de 2016 en el Centro de Detención Provisional (CDP) de Quito. Para la distribución al personal de seguridad penitenciaria de los otros centros de privación de libertad se ha establecido una hoja de ruta.

Esta acción gubernamental aporta a fortalecer la conformación de un cuerpo especializado que asuma la responsabilidad de custodiar los centros penitenciarios y a las personas privadas de libertad, y además coadyuvar en la aplicación de los procesos orientados a su efectiva rehabilitación.

“Este uniforme que honrosamente portan no es únicamente aquella insignia que los identifica como agentes de Seguridad Penitenciaria, representa toda la institucionalidad que se basa en el absoluto respeto de los derechos humanos y sobre todo su firme compromiso con el nuevo sistema penitenciario que permanentemente se depura y fortalece”, señaló Benítez.

 

Los nuevos uniformes están elaborados en un tipo de tela especial, con seguridades en los logotipos. La funcionaria ministerial explicó que con la medida se evitará la reproducción ilegal de estas prendas de uso exclusivo de las y los agentes de Seguridad Penitenciaria (ASP).

Por su parte, Juan Francisco Congo, agente penitenciario, a nombre de sus compañeros destacó la importancia que para los ASP tiene esta nueva dotación de uniformes  e implementos de trabajo. “Recibimos con beneplácito estos uniformes, sin duda es una aspiración de cada uno de nosotros que ahora se ha cumplido”.

“Esta nueva dotación de uniformes será un incentivo y los llevaremos muy orgullosamente en nuestras jornadas de trabajo. Tengan la seguridad que estas herramientas engrandecen nuestra gestión, realza la imagen institucional y las honraremos para el engrandecimiento del país y de la institución a la que pertenecemos”, concluyó Congo.

Kit de Uniformes
Son cuatro los uniformes que entrega el Ministerio de Justicia a los agentes penitenciarios. El primero que se usará todos los días lunes, conformado por pantalón azul, camisa exterior y camiseta interior celestes, gorra azul, botas negras, cinto, saco de lana azul y chompa de trabajo.

El segundo conformado por una camiseta polo celeste, pantalón azul, gorra azul, botas negras, cinto, saco de lana azul y chompa de trabajo.

El tercero que será usado por los grupos  tácticos de reacción y canil, compuesto por un overol azul, gorra azul, botas negras, cinto. Además de un kit de frío que contiene guantes y pasamontañas.

Y el cuarto, de uso exclusivo del Grupo Especial Táctico, pantalón y chaqueta de camuflaje caqui, camiseta interior negra, boina negra, cinto y botas negras. Adicionalmente, se entrega una dotación de esposas metálicas, chalecos antibalas y escudos antimotines. 

 

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PPL del centro penitenciario de Quevedo culminan el ciclo escolar

Delfa R., a sus 63 años es un ejemplo en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Quevedo, no sólo que culminará sus estudios primarios sino que lo hará con las mejores calificaciones. “Por fin se sumar, restar y multiplicar”, dice Delfa con entusiasmo.

 
Ella junto a sus otros 15 compañeros privados de libertad culminaron el año escolar este 22 de enero. De este grupo que participó en los tres módulos de educación básica dos culminan la primaria. Para cumplir con las labores educativas los docentes junto a los internos y funcionarios de esta Cartera de Estado adaptaron un aula, espacio en el que las personas privadas de libertad (PPL) se reúnen, aprenden y cumplen con las tareas dispuestas por los educadores.

En los CRS, conforme lo establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP), las PPL participan en  programas de educación formal en los niveles de: alfabetización, postalfabetización, educación básica, básica superior, bachillerato y educación superior. Para cumplir con la educación básica, se mantiene coordinación permanente entre los ministerios de Educación y de Justicia.

La artritis, osteoporosis y artrosis, enfermedades que Estela padece y que se las controla en el CRS con los medicamentos adecuados, no es impedimento para que cumpla con lo que se propone. Sentenciada a cuatro años y a ocho meses de culminar su sentencia anhela retornar a su finca. Tiene un nuevo propósito, seguir sus estudios y culminar el bachillerato. “Quiero criar gallinas, sembrar cacao, maíz y tomate, como lo hacía antes y lo más importante es que estaré junto a mi familia”, declaró emocionada.

Carlos Jiménez, director del CRS cuenta que esta actividad es parte del modelo de gestión que impulsa el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos para la rehabilitación de las personas privadas de la libertad. “A todos se les motiva y se les incentiva para que opten por el área educativa, talleres, teatro, música”.

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"Avanza proceso de depuración del sistema penitenciario, judicializados tres funcionarios del CRS Archidona"

La ministra de Justicia Derechos Humanos y Cultos, Ledy Zúñiga, informó este viernes 22 de enero que se desarticuló una red de extorsión que operaba en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Archidona, provincia de Napo. En este caso estarían involucrados  tres funcionarios de esta Cartera de Estado. "Avanza proceso de depuracion del sistema penitenciario, judicializados tres funcionarios del CRS Archidona", aseveró Zúñiga.

Carmen Q, directora del Centro de Rehabilitación Social de Archidona, Cristian A, conductor y José G, funcionario de la Dirección de Talento Humano, presuntamente solicitaban dinero a los agentes de Seguridad Penitenciaria (ASP) a cambio de eliminar de sus expedientes sumarios administrativos por faltas disciplinarias y además habrían beneficiado a personas privadas de libertad con el cambio de pabellones y el ingreso de artículos prohibidos.

La Ministra señaló que el Juez que conoció el caso dispuso la medida cautelar de prisión preventiva y el inicio de la etapa de instrucción fiscal que tendrá una duración de 90 días. La funcionaria fue enfática en señalar que no se  tolerará este tipo de actos que buscan boicotear la consolidación de la transformación del sistema penitenciario.

"Hemos iniciado las acciones correspondientes para la inmediata desvinculación de la directora del CRS Archidona", acotó.

Como operaba la red de extorsión:
Para comprobar las denuncias la Unidad de Inteligencia Penitenciaria  inició con las investigaciones y solicitó a la Unidad de Garantías Penales Especializada en Delitos Flagrantes de Pichincha la autorización para la vigilancia, seguimiento, filmaciones, grabaciones, tomas fotográficas y demás diligencias investigativas, las  que se iniciaron el 26 de octubre del 2015.


Para el 6 de enero de este año ya se contó con algunos indicios cómo llamadas telefónicas entre los tres funcionarios procesados, en las que, supuestamente, se ponían de acuerdo en la cantidad que iban a cobrar por los trámites internos.

Con estos antecedentes el 21 de enero el Juez de  Delitos Flagrantes de Pichincha ordenó la detención con fines investigativos y este 22 de enero se realizó la audiencia de formulación de cargos donde  la autoridad judicial dispuso la prisión preventiva e inicio de instrucción fiscal.

El dato
La investigación se inició el 22 de octubre del 2015  por pedido del Jefe de la Unidad Judicial de la Dirección General del Inteligencia, tras  una denuncia de una Agente de Seguridad de esa zona a  quien, supuestamente, estas personas le pedían insistentemente dinero para borrarle faltas disciplinarias de su hoja de vida, y así evitar la salida de su puesto

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Ledy Zúñiga: “Trabajo coordinado garantiza eficacia de políticas públicas enfocadas en fortalecer la seguridad ciudadana”

“Durante el 2015 se evacuaron cerca de cien mil boletas electrónicas de encarcelamiento y excarcelación”, así lo informó en rueda de prensa Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, este lunes 11 de enero de 2016, tras el desarrollo de  la Mesa de Justicia, donde las autoridades evaluaron los avances obtenidos en materia penitenciaria, judicial y de seguridad ciudadana.

“Anteriormente hacer efectiva una boleta, específicamente de libertad, tomaba hasta 72 horas, en este sentido, y gracias al trabajo coordinado de las distintas instituciones, hemos reducido este tiempo a cuatro horas”, acotó Zúñiga.

Sobre las caducidades de la prisión preventiva, la funcionaria ministerial señaló que en el 2015 se registraron siete casos a diferencia del 2008, cuando hubo más de 2.000. 

Respecto a las audiencias fallidas, existe un porcentaje del cuatro por ciento, el 96 por ciento de audiencias convocadas logran realizarse en el primer llamamiento.

Durante su intervención, la funcionaria ministerial se refirió además a las audiencias por videoconferencia. “En el 2015 se efectuaron más de 6.000 audiencias virtuales con un ahorro al Estado de más de 1.6 millones”. Asimismo informó del estado procesal de la población penitenciaria. “Cerca del 70% de personas privadas de libertad (PPL) cuentan con una sentencia”.

 “Estas cifras demuestran que el trabajo interinstitucional y la políticas públicas enfocadas en fortalecer la seguridad jurídica y ciudadana aportan a la permanente lucha contra la impunidad”, afirmó Ledy Zúñiga.

Por su parte, Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura, destacó el trabajo de las Unidades de Flagrancia, donde se atendieron 79.399 casos. Precisó que ninguna persona aprehendida en el país se queda sin fórmula de juicio, dentro de las 24 horas, tras su detención. “No hay detenciones arbitrarias”, enfatizó Jalkh.

Atribuyó la disminución de la carga procesal de los tribunales penales a la aplicación del juicio directo, en delitos flagrantes, cuyos delitos tienen una sanción menor a cinco años. “Gracias a la aplicación del juicio directo disminuyó en un 40% la carga procesal, lo que significa un ahorro de más de siete millones de dólares para el país”, señaló.

Puesta en marcha de dispositivos de vigilancia electrónica
Durante la rueda de prensa, la Ministra de Justicia se refirió al proyecto gubernamental de dispositivos de vigilancia electrónica, iniciativa que se encuentra en la fase de pilotaje.

Conforme lo estipula el Código Orgánico Integral Penal (COIP) el uso del dispositivo electrónico se determinará en tres aspectos puntuales. Como medida de protección a favor de la víctima, como medida cautelar para personas procesadas por delitos menores, en casos de mujeres embarazadas, personas mayores de 65 años o con enfermedad incurable en etapa terminal y para personas que han devengado más del 60% de la pena y cumplen los requisitos necesarios para acceder al régimen semiabierto o más del 80% y las condiciones para beneficiarse del régimen abierto.

La Ministra de Justicia destacó que no todas las personas privadas de libertad (PPL) podrían acceder al uso del dispositivo electrónico. "Hay PPL que por su nivel de peligrosidad jamás podrán acceder a esta alternativa", acotó.

Los dispositivos de vigilancia electrónica estarán anclados al sistema de monitoreo del ECU 911, a decir de Zúñiga, todas las instituciones del sistema judicial, la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública, estarán directamente involucrados en la implementación de este proyecto.
 
“Hemos analizado la población penitenciaria que podría beneficiarse con el uso del dispositivo electrónico. Son 6.000 PPL las que aproximadamente  podrían acceder a este beneficio. No todas las personas privadas de libertad podrían hacer uso del dispositivo electrónico. Hay PPL que por su nivel de peligrosidad jamás podrán acceder a esta alternativa", enfatizó.

 

El dato
El Código Orgánico Integral Penal (COIP), establece en el artículo 522 los casos para el uso de los dispositivos.

Alternativas al apremio personal por alimentos
Una de las propuestas gubernamentales para garantizar el derecho superior que tiene el menor a la alimentación es el uso de los dispositivos de vigilancia electrónica.

“En el Ecuador se contabilizan 182.640 demandas por alimentos, donde más del 50% se han resuelto gracias a acuerdos alternativos entre las partes. Sin embargo, hasta el pasado mes de noviembre del 2015, 821 demandados, es decir el 0,45% cumplen medidas de apremio personal (privación de libertad) en los distintos centros de Detención Provisional  del país”, informó Ledy Zúñiga.

Ante esto se proponen alternativas para estos casos, una de ellas es el uso de dispositivos de vigilancia electrónica que se complementaría con el apremio personal nocturno. “Estos padres cumplirán la medida privativa de libertad durante la noche, para que durante la mañana puedan trabajar, cumplir con su jornada laboral y así garantizar a los menores su derecho a la alimentación”.

Además se contempla la posibilidad de que el Estado pueda pagar la pensión alimenticia y la persona descuenta ese valor con trabajo para el Estado.

Cobertura judicial a escala nacional
Actualmente el Ecuador cuenta con 12 jueces por cada 100 mil habitantes y supera el promedio regional que es de 11. Los administradores de justicia ahora son designados a través de concursos de méritos y oposición, de ellos, el 99 por ciento tiene nombramiento, mientras que el uno por ciento cubre las vacantes por ausencias temporales.

En este sentido, el Presidente del Consejo de la Judicatura resaltó el incremento de administradores de justicia y de fiscales, gracias a lo cual la productividad en materia penal se multiplicó por 15. Hoy, los delitos flagrantes se juzgan con mayor agilidad, en 2008 apenas hubo 24 mil sentencias, ahora hay 394 mil. “Ecuador es reconocido como uno de los países en América del Sur que mejor lucha contra la impunidad y garantiza el debido proceso”, indicó.

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El uso de dispositivos electrónicos será una alternativa en casos de apremio por alimentos

                             

Una de las propuestas gubernamentales para garantizar el derecho superior que tiene el menor a la alimentación es el uso de los dispositivos de vigilancia electrónica, proyecto impulsado por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y que actualmente se encuentra en la fase de pruebas. El anuncio lo hizo Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, durante el Enlace Ciudadano No. 458 que se desarrolló este sábado 9 de enero del 2016 en la parroquia Malchinguí, cantón Pedro Moncayo de la provincia de Pichincha.

En el Ecuador, de acuerdo a datos estadísticos del Consejo de la Judicatura, existen 182.640 demandas por alimentos, de estas más del 50% se han resuelto gracias a acuerdos alternativos entre las partes. Sin embargo, hasta el pasado mes de noviembre del 2015, 821 demandados, es decir el 0,45% cumplen medidas de apremio personal (privación de libertad) en los distintos centros de Detención Provisional  del país.

     

Ante esto se proponen alternativas para estos casos, una de ellas es el uso de dispositivos de vigilancia electrónica que se complementaría con el apremio personal nocturno. “Estos padres cumplirán la medida privativa de libertad durante la noche, para que durante la mañana puedan trabajar, cumplir con su jornada laboral y así garantizar a los menores su derecho a la alimentación”, acotó Zúñiga.

Otra ventaja de esta medida alternativa a la privación de libertad es la eficiencia en el uso de los recursos públicos. "Con el uso de dispositivos, el Estado tendrá un ahorro significativo. Optimizamos los recursos no sólo económicos, sino del personal de seguridad".

      

Por su parte, el Primer Mandatario se refirió además a la posibilidad de que el Estado pueda pagar la pensión alimenticia y la persona descuenta ese valor con trabajo para el Estado.

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Rafael Correa: “La reestructuración del sistema judicial mejoró el acceso ciudadano a los servicios de justicia"

Durante el Enlace Ciudadano 458 que se desarrolló este sábado 9 de enero de 2016 en la parroquia de Malchinguí del cantón Pedro Moncayo, en la provincia de Pichincha, Rafael Correa, presidente Constitucional de la República, manifestó que  la reestructuración del sistema judicial permitió incrementar el número de servidores para responder de manera eficiente y oportuna las necesidades ciudadanas.

Así, el Gobierno Nacional incrementó la cantidad de jueces, fiscales y defensores públicos por cada 100 mil habitantes, con el objetivo de ampliar el acceso a la justicia. En el 2014, el promedio de jueces en la Región fue de 10,78 mientras que en Ecuador fue de 10,94 y para el 2015 el número de administradores de justicia se incrementó a 12,55 por cada 100 mil habitantes.

“No solamente tenemos el número de jueces necesarios, sino también eficientes. Hicimos un reconocimiento a los jueces mejor puntuados. Más de 1500 magistrados a escala nacional fueron evaluados, de ellos, menos del 1%, es decir 18 jueces, sacaron notas insatisfactorias. Esto nos demuestra que el Sistema de Justicia ha cambiado. Ahora los operadores de justicia (jueces. fiscales y defensores púplicos son designados a través de concursos de méritos”, manifestó al respecto Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

Por otro lado, el presidente Correa destacó que durante el 2015 se efectuaron más de 6 mil audiencias virtuales, con un ahorro al Estado de más de 1.6 millones, pues el costo promedio de traslado de una persona privada de libertad (PPL) es de USD 250.

Confianza en la Justicia

La confianza en la justicia (certeza de que la justicia castigará al culpable de un delito, es decir que no haya impunidad) es de las más altas en la Región. El índice en Ecuador es del 47,9%, mientras que en Colombia es del 42,7% y en Uruguay del 40,1%, según cifras del Barómetro Americano ‘Cultura política en la democracia de las Américas’, de la Universidad de Vanderbilt, efectuado en 2014.

La confianza en el Sistema de Justicia (se refiere a la eficiencia del sistema judicial) es del 48,2%, es decir que Ecuador ocupa el segundo lugar tras Uruguay, de acuerdo a Barómetro Americano, el cual es del 49,9%.

La confianza en las Cortes de Justicia es del 46,3%. Ecuador ocupa el segundo lugar a nivel regional, solo detrás de Argentina que es del 47,4%

Adicionalmente, Zúñiga Rocha señaló que el Ecuador tiene la tasa más baja de población penitenciaria de la Región (147 privados de libertad por cada 100 mil habitantes, por debajo del promedio latinoamericano que es de 259) Se ha desmentido a aquellas afirmaciones que tildaban al Código Orgánico Integral Penal (COIP), como un cuerpo legal represivo que llenaría los centros penitenciarios", enfatizó la ministra Zúñiga.

A estas cifras se suman las de reducción de la caducidad de la prisión preventiva. "En 2008 hubo 2000 caducidades, en 2015 hubo siete, pero la meta es llegar a cero", apuntó el Presidente Correa.

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En Enlace Ciudadano 458, Ministra de Justicia presentó resultados alcanzados durante el 2015 en materia penitenciaria

Durante el Enlace Ciudadano 458, liderado por Rafael Correa, presidente Constitucional de la República y que se desarrolló este sábado 09 de enero de 2016 en la parroquia Malchinguí, provincia de Pichincha, Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, se refirió a los resultados alcanzados en materia penitenciaria y de acceso a la justicia durante el 2015.

“Gracias a una inversión de cerca de 300 millones de dólares están en pleno funcionamiento los ultramodernos centros de rehabilitación regionales de Guayas, Cotopaxi y Azuay. Con el tan satanizado gasto público que para nosotros es inversión mejoramos las condiciones de vida de las personas privadas de libertad (PPL) aseguró el Primer Mandatario durante su espacio semanal de rendición de cuentas.

Por su parte la Ministra de Justicia señaló que en educación más de 6 mil PPL forman parte del sistema educativo formal ecuatoriano. “De estas personas, 500 estudian alguna carrera universitaria. En el 2015 se incrementó en 8%, el número de PPL que accedieron al sistema educativo, en comparación con el 2014”, acotó Zúñiga.

la funcionaria ministerial se refirió además al eje laboral contemplado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) con miras a la efectiva rehabilitación de las y los internos. “El trabajo penitenciario ya es una realidad, ahora las PPL ya no son una carga ni para el Estado ni para sus familias, desde los centros penitenciarios están en capacidad de aportar económicamente a sus hogares”.

Empresas privadas como Carioca, La Fattoria u Hornos Tungurahua fomentan el trabajo penitenciario en los CRS del país, informó el Presidente Correa.

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Con rap se celebró el Día de Reyes en el Centro de Adolescentes Infractores de Varones de Ibarra

Improvisar un rap es una tarea complicada, pero no tanto para José. V., de 17 años. Cuando aún era niño se trasladó de San Lorenzo a Quito. Vivió en sus calles y conoció gente, entre ellos sus amigos que pertenecían a movimientos culturales urbanos. Ellos le enseñaron a rapear.

Con el ruido de la ciudad como música de fondo, José cuenta que la improvisación se convirtió en un medio para expresar sus emociones, sus estados de ánimo o para contar sus vivencias.

Con vídeos de Internet y mucha creatividad, José pulió su talento de a poco. Ahora que por orden judicial cumple con una  medida socioeducativa privativa de libertad en el Centro de Adolescentes Infractores (CAI) de Varones de Ibarra, no desaprovecha las oportunidades para cantarle a su gente.

Este viernes 8 de enero de 2016 fue un día de esos. Se paró frente a casi medio centenar de adolescentes infractores y empezó a promover un mensaje de paz y respeto a los seres humanos. Todo esto como parte de las celebraciones por el Día de Reyes, que se promueve cumpliendo el eje de autonomía y autoestima del Modelo de Atención Integral Socio-Psico-Pedagógico diseñado e implementado por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, para garantizar la reinserción social y familiar de los adolescentes en conflicto con la ley.

La celebración por el Día de Reyes, “más que un tema religioso es un tema costumbrista”, explicó Gloria Frías, coordinadora del CAI de Ibarra. “Queremos promover la importancia de la solidaridad y el reconocimiento del ser humano, como base para una adecuada convivencia”, añadió.

El Día de Reyes en el CAI de Ibarra incluyó una representación viviente de los magos de Oriente, que llevaron oro, incienso y mirra como presentes al niño Jesús. “El compartir, no necesariamente algo material, es un acto que debe realizarse de forma desinteresada. Esto contribuirá al crecimiento personal de los muchachos”, destacó Frías?

José V. trató de emular la generosidad como parte de su lírica. Luego de los aplausos y la camaradería, los muchachos se incorporaron a sus actividades cotidianas.

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Ministra de Justicia participó en presentación de resultados de la evaluación de desempeño de juezas y jueces del país

En el marco de la presentación de los resultados finales de la evaluación de desempeño de las y los jueces del país durante el periodo 2014- 2015, Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, junto a las primeras autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ), de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y de la Defensoría Pública, entregaron placas de reconocimiento, al trabajo realizado por las provincias, cortes, salas, tribunales y unidades judiciales que obtuvieron los puntajes más altos.

El proceso que midió el desempeño laboral de 1504 administradores de justicia a escala nacional, se realizó en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 187 de la Constitución y 87 y 88 del Código Orgánico de la Función Judicial que determina que este proceso se debe desarrollar según variables cuantitativas y cualitativas. 

El Presidente del CJ, Gustavo Jalkh, señaló que este homenaje resalta la voluntad de servicio de los funcionarios judiciales. “Esa es la fuerza transformadora de la justicia en el país”, sostuvo.

 

Señaló que la evaluación ha permitido, entre otras cosas, multiplicar por cinco la productividad judicial a nivel nacional e identificar ciertas necesidades del sistema de justicia en torno al número de jueces, infraestructura y tecnología, pero sobre todo evita la burocratización que le hace daño al sistema.

Los indicadores analizados en la evaluación de desempeño de las y los jueces del país fueron: la  tasa de resolución de causas ingresadas por los administradores de justicia en el sistema informático SATJE; la gestión de despacho; el porcentaje de acuerdos alcanzados en conciliación; el número de causas derivadas a mediación; la calidad de la actuación judicial; y, para los jueces que conocen materias penales y de tránsito, la aplicación de procedimientos directos y abreviados.

Para Ledy Zúñiga, este proceso aporta a la transparencia de los servicios de justicia a los que accede la ciudadanía día a día. "Como funcionarios públicos estamos en la obligación de rendir cuentas de nuestra gestión, más aún cuando desempeñamos funciones decisivas, como las que tienen que ver con la administración de la justicia. El Gobierno Nacional orienta sus esfuerzos a la mejora permanente de los servicios ciudadanos, y que el Ecuador cuente con una justicia eficiente y eficaz, oportuna, transparente, accesible e independiente es el resultado de ese trabajo", acotó la funcionaria ministerial.

Zúñiga destacó el aporte fundamental del talento humano en la provisión de servicios de calidad. "Concursos de oposición que priorizan los méritos académicos, profesionales y humanos han sido fundamentales, ahora nuestro país cuenta con operadores de justicia que con su esfuerzo se han ganado un lugar en la Función Judicial".

El trabajo coordinado de las distintas instituciones públicas, además de la nueva infraestructura judicial y los modelos de gestión son ejes que a decir de la Ministra de Justicia, han permitido reducir la impunidad. "Antes el 70 por ciento de la población penitenciaria correspondía a personas privadas de libertad (PPL) procesadas. Ahora ese mismo porcentaje es el de PPL que cuentan con una sentencia. Así mismo hemos logrado reducir notoriamente los porcentajes de audiencias fallidas y de caducidad de la prisión preventiva, indicadores que de acuerdo a estudios internacionales ubican a nuestro país en el primer lugar de la Región en la lucha contra la impunidad", afirmó.

Resultados de la evaluación de desempeño 

Las conclusiones determinan que el 61% de jueces (922) obtuvo entre 91 y 100 puntos en la evaluación, rango considerado como satisfactorio. En tanto, 33 % (489) alcanzó entre 75 y 90 puntos (nivel bueno), mientras que 5 % (75) registró entre 65 y 75 puntos (nivel regular) y solo 1 % (18) obtuvo menos de 65 puntos (nivel deficiente). 

 

La provincia mejor puntuada en el promedio de notas finales fue Cotopaxi. La Unidad Judicial de Riobamba recibió el reconocimiento como mejor Tribunal de Garantías Penales del país, la entrega la hizo la Ministra de Justicia.

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Autoridades trabajan en propuesta de reforma a medida de apremio personal por alimentos

Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, participó en Gabinete Sectorial de Seguridad presidido por el presidente Rafael Correa Delgado y que se desarrolló este jueves 07 de enero de 2016, en el Ministerio del Deporte. Entre los temas abordados fue planteada la posibilidad de reformar las medidas de apremio por alimentos.

Junto al Primer Mandatario, se analizó la situación de las personas detenidas por apremio y ahora se prepara una propuesta de reforma para que en el Ecuador exista la posibilidad, sobretodo cuando se trate de personas no reincidentes y bajo ciertas condiciones, estas puedan cumplir con la medida dispuesta por los jueces competentes, en horarios nocturnos, es decir, durante el día puedan desarrollar sus actividades laborales con normalidad y en la noche pernocten en el centro de detención designado para el efecto.

“Es importante garantizar el derecho superior que tiene el menor a ser alimentado, pero en algunos casos no se está cumpliendo, ya que a través de esta medida de apremio el padre o la madre son detenidos por incumplir con sus obligaciones, pierden sus trabajos; y están imposibilitados aún más para cumplir con sus obligaciones”, afirmó la Ministra de Justicia.

Esta es una propuesta en la que el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos ha estado trabajando, se puso a consideración del Gabinete de Seguridad y así se acordó la necesidad de hacerlo. Hoy en día el país tiene cifras que muestran un 30 por cierto de reincidencia, que en gran parte de los casos es por la pérdida del empleo, al estar privado de libertad.

La representante de esta Cartera de Estado afirmó que el apremio nocturno es una modalidad que también se aplica en otros países como Chile;  la necesidad nace de las 180.000 demandas de alimentos que se tienen a escala nacional,  donde aproximadamente 700 personas llegan a estar privadas de libertad; el resto encuentra otro tipo de solución o arreglo. “Es decir, en un 70 por ciento está siendo efectiva la medida para estas personas; pero hay un 30 por ciento que está reincidiendo, por ello buscamos alternativas que permitan privilegiar el derecho de los menores y garantizar su derecho a alimentos”, dijo Zúñiga.

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En primer Gabinete de Seguridad del 2016, Ministra de Justicia expuso los alcances y beneficios del dispositivo de vigilancia electrónica

La mañana de este jueves 07 de enero, durante el primer Gabinete de Seguridad del 2016, liderado por Rafael Correa, presidente Constitucional del Ecuador, Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, presentó los resultados de las pruebas y los alcances del proyecto de dispositivos electrónicos, medida alternativa a la prisión que actualmente está en la fase de pilotaje.

 “La función primordial del uso del dispositivo electrónico es permitir a personas procesadas y/o sentenciadas por delitos menos graves cumplir con sus procesos de rehabilitación social fuera de los centros penitenciarios. Así garantizamos el pleno desarrollo de estas personas en su entorno familiar y sobretodo su reinserción social y familiar.  Además protegería a una posible víctima, de violencia intrafamiliar por ejemplo, cuyo agresor tenga orden de alejamiento”, señaló la funcionaria ministerial.

Conforme lo estipula el Código Orgánico Integral Penal (COIP) el uso del dispositivo electrónico se determinará en tres aspectos puntuales. Como medida de protección a favor de la víctima, como medida cautelar para personas procesadas por delitos menores, en casos de mujeres embarazadas, personas mayores de 65 años o con enfermedad incurable en etapa terminal y para personas que han devengado más del 60% de la pena y cumplen los requisitos necesarios para acceder al régimen semiabierto o más del 80% y las condiciones para beneficiarse del régimen abierto. 

"El dispositivo que se entrega a la víctima, como medida de protección, envía una alerta al usuario en caso de que el procesado esté cerca, adicionalmente se activa la alarma en el centro de monitoreo, lo que permite que en caso de ser necesario, la intervención inmediata de la fuerza pública", explicó Zúñiga.

La Ministra de Justicia destacó que no todas las personas privadas de libertad (PPL) podrían acceder al uso del dispositivo electrónico. "Hay PPL que por su nivel de peligrosidad jamás podrán acceder a esta alternativa", acotó.

Otra ventaja de esta medida alternativa a la privación de libertad es la eficiencia en el uso de los recursos públicos. "Con la puesta en marcha de este proyecto, el Estado tendrá un ahorro significativo. Optimizamos los recursos no sólo económicos, sino del personal policial".

En casos de arrestos domiciliarios, explicó Ledy Zúñiga, es necesario contar con el contingente de por lo menos tres policías que trabajan en turnos de ocho horas cada uno en la custodia de un procesado que cumple con la medida alternativa, lo que genera un costo diario de 90 dólares por cada privado de libertad. El uso del dispositivo reduce este costo a 5 dólares diarios aproximadamente.

El Gabinete de Seguridad se desarrolló en el Ministerio del Deporte y participaron además, César Navas, ministro Coordinador de Seguridad; José Serrano, ministro del Interior; la secretaria de Gestión Política, Paola Pabón; Christian Rivera, director General del SIS ECU 911, Galo Chiriboga Fiscal General del Estado, Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura, entre otros funcionarios.

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En Guayaquil, futuros técnicos en seguridad penitenciaria estudian Derechos Humanos

Una exposición sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos se efectuó en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Varones No. 1 de Guayaquil, donde los agentes de Seguridad Penitenciaria (ASP) llevan a cabo su proceso de profesionalización.

Los estudiantes, que luego de dos años obtendrán el título de tercer nivel como Técnicos en Seguridad Penitenciaria, analizaron los 30 artículos del texto proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas; a través de ello perfeccionan sus conocimientos para prestar servicios en los CRS del país.

Giovanny Ruiz, catedrático de Derechos Humanos, informó que profundizaron en la definición, finalidad y alcance de los 30 apartados, entre ellos los que tratan sobre la vida, educación, seguridad, libertad de pensamiento y religión, con el objetivo de su correcta aplicación durante la custodia de personas privadas de libertad (PPL) y mantenimiento del orden.

Los ASP además estudian Modelo de Gestión Penitenciaria, Comunicación Oral y Escrita, Realidad Penitenciaria, Relaciones Humanas y Ética del Servicio Público en jornadas de cinco horas diarias, de lunes a viernes.

El primer ciclo de la Tecnicatura en Seguridad Penitenciaria inició el 21 de diciembre de 2015. La carrera está avalada por la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) y fue aprobada por el Consejo de Educación Superior (CES), mediante Resolución No. RPC-SO-16-No.177 del 30 de abril del 2014.

De esta manera el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos contribuye con la profesionalización y la formación integral de los ASP para garantizar el desarrollo de un adecuado proceso de rehabilitación y reinserción social de las PPL.

Código Orgánico Integral Penal

Artículo 677.- El Centro de formación y capacitación penitenciaria estará dirigido y regulado por el Organismo Técnico. Sus funciones serán:

1. Elaborar y aplicar el plan de formación y capacitación para las y los aspirantes a integrarse como personal al servicio del sistema penitenciario.

2. Seleccionar, formar y cualificar a las y los aspirantes a integrarse como personal al servicio del sistema penitenciario.

3. Perfeccionar, actualizar, promover y evaluar de manera constante, al personal de los centros de privación de libertad, en cualquiera de las áreas penitenciarias.

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