"Nos alegra informar que más de seis mil personas
privadas de libertad (PPL) actualmente acceden a procesos de educación formal,
educación es libertad", afirmó Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia,
Derechos Humanos y Cultos, durante su comparecerá ante la Comisión de Justicia
y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, donde informó los resultados
obtenidos durante el primer año de aplicación del Código Orgánico Integral
Penal (COIP).
Además destacó las 6 584 participaciones de los privados
de libertad en actividades de educación no formal como son computación,
relaciones humanas, autoestima, educación sexual, comportamiento y buenos
modales, derechos humanos, emprendimiento de pequeños negocios, derecho civil,
liderazgo, modelo de gestión penitenciaria, derecho notarial, entre otros.
“A estos hombres y mujeres que ya estudian en los centros
de privación de libertad se sumarán 980 más en el 2016 en diversas profesiones
de estudios superiores”, señaló.
“1274 PPL se han
beneficiado con la rebaja de penas por méritos, libertades controladas y
prelibertades. Y se efectuaron 2576 audiencias de internos e internas que
buscaban beneficiarse de la Ley más Favorable, de éstas, 2035 recuperaron su
libertad”.
A estos datos, la Ministra de Justicia añadió que a 18
personas se les concedió el beneficio del indulto, tanto presidencial como los
que otorga la Asamblea Nacional. Sobre las repatriaciones, señaló que en 2014
se ejecutaron 44, mientras que en lo que va del 2015 31 y están listas 82
solicitudes. "Esto nos ha permitido fortalecer los vínculos familiares de
las y los internos que han retornado a sus países de origen donde culminaran
sus sentencias, además aporta a la disminución del hacinamiento”.
En este espacio del Legislativo, la funcionaria
ministerial se refirió además a los avances alcanzados en la prevención y
erradicación de la violencia de género e intrafamiliar.
“Con
la tipificación del femicidio como un delito que debía ser castigado y evitado
se ha logrado que entre agosto del 2014 y julio de este año, 49 casos sean conocidos por la Fiscalía General del
Estado, logrando seis sentencias condenatorias”.
Para Ledy Zúñiga, la tipificación del femicidio, con una
pena de 22 a 26 años de privación de libertad, no sólo sanciona al autor,
permite entender que se trata de un hecho en que se conjugan particularidades
que no están presentes en otras muertes, como es la relación entre la víctima y
su victimario.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de
Justicia, Derechos Humanos y Cultos, trabaja en el fortalecimiento y ampliación
de la Red Nacional de Centros de Atención y Casas de Acogida, mediante la
suscripción de convenios de cooperación y cofinanciamiento. Esta red
actualmente está conformada por 22 centros de atención externa y cinco casas de
acogida, y cuenta con 41 equipos técnicos, que proporcionan atención integral
gratuita a víctimas directas y colaterales de las distintas formas y
manifestaciones de la violencia de género.
En este sentido resaltó la instalación de mesas provinciales,
iniciativa interinstitucional que busca llevar a territorio las experiencias y
mecanismos que pone en marcha el Gobierno Nacional para disminuir la violencia
de género y consolidar al Ecuador como un país igualitario y equitativo. Hasta
el momento se han desarrollado cuatro mesas territoriales, informó.
Respecto del tratamiento para adolescentes en conflicto
con la ley, se cuenta con un Modelo
Educativo para garantizar al 100% de adolescentes infractores el derecho a la
educación. Además existe la presencia permanente del Ministerio de Salud en los
11 Centros para Adolescentes Infractores (CAI).
A esta jornada de análisis, asistieron representantes de
la Red Nacional de Centros de Atención y Casas de Acogida, personas que se
encuentran en fase de prelibertad y quienes se beneficiaron con los indultos
otorgados por el Presidente de la República, además de varios sectores
ciudadanos. Además comparecieron las máximas autoridades del Consejo de la
Judicatura, Fiscalía General del Estado y Defensoría Pública.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado está
conformada por Mauro Andino, quien la preside, Mariángel Muñoz, vicepresidenta,
además de los asambleístas Gina Godoy, Marisol Peñafiel, Luis Guamangate, Luis
Torres, Magali Orellana, Miguel Moreta, Nicolás Issa, Christian Viteri y
Gabriel Rivera.
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