Ledy Zúñiga Rocha, ministra titular de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, informó que la madrugada de este este jueves 25 de febrero, se efectuó un operativo de control al interior del Centro de Rehabilitación Social (CRS) El Rodeo de Portoviejo de Manabí. Como resultado se halló en una de las celdas un arma de fuego y varios objetos prohibidos.
Este es el resultado de varios meses de trabajo investigativo liderado por la Unidad de Inteligencia Penitenciaria (UIP).
Para la Ministra de Justicia la consolidación de un nuevo sistema de rehabilitación social es inminente. “Avanzamos paso a paso en el proceso de transformación de un sistema corrupto que ha existido por décadas, el primer paso fue justamente la puesta en marcha de la nueva infraestructura, meta que hemos cumplido”, afirmó.
“El segundo y no menos importante, es el de contar con personal idóneo, con vocación y convencido de que una verdadera rehabilitación social, si es posible, y gracias al trabajo interinstitucional avanzamos en ello. Logramos profesionalizar la labor de las y los agentes de Seguridad Penitenciaria, ahora contamos con una Escuela de Formación Penitenciaria y una tecnicatura avalada por la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), iniciativas que nos han convertido en un referente regional en la formación de profesionales penitenciarios”, concluyó Zúñiga.
En el operativo denominado Alcatraz 271, personal policial de la Dirección General de Inteligencia (DGI), del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (Gema) y Servicio Urbano, realizaron la revisión de varias celdas de uno de los pabellones de mediana seguridad.
Como resultado del operativo, se encontró un arma de fuego tipo pistola semiautomática marca Z calibre 9 milímetros, 10 cartuchos sin percutir, una alimentadora, un arma blanca corto punzante, sobres con sustancias sujetas a fiscalización y dinero en efectivo, artículos que fueron puestos en cadena de custodia para la respectiva investigación.
El dato:
El artículo 275 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que: “La persona que ingrese, por si misma o a través de terceros, a los centros de privación de libertad, bebidas alcohólicas, sustancias catalogadas y sujetas a fiscalización, armas, teléfonos celulares o equipos de comunicación; bienes u objetos prohibidos adheridos al cuerpo o a sus prendas de vestir, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
La misma pena se aplica en el caso de que los objetos a los que se refiere el inciso anterior, se encuentren en el interior de los Centros de Rehabilitación Social o en posesión de la persona privada de libertad”.
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