Ministra de Justicia pide sanciones para responsables de presunto abuso policial contra PPL del CRS Turi

Ante la denuncia efectuada por 13 personas privadas de libertad (PPL) del pabellón de mediana seguridad del Centro de Rehabilitación Social (CRS) Regional Azuay, quienes habrían sido víctimas de supuestas agresiones durante un operativo de seguridad realizado por miembros de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional, el pasado 31 de mayo, Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia Derechos Humanos y Cultos, rechazó este tipo de mprácticas que atentan contra los derechos fundamentales de las PPL.

 
“Hemos denunciado este caso ante las autoridades competentes, a fin de determinar a los responsables y que respondan por sus actos conforme la ley. Los funcionarios del sistema penitenciario, así como los agentes policiales y de Seguridad Penitenciaria (ASP), no pueden bajo ninguna argumentación afectar los derechos fundamentales de las y los internos”, dijo.

Además, la Ministra de Justicia ha solicitado que la investigación continúe, a fin de que este caso no quede en la impunidad. En ese contexto solicitó sanciones para el personal policial que presuntamente habría participado en este operativo. 

“Estas prácticas anticonstitucionales nada tienen que ver con los protocolos de seguridad penitenciaria, por ello hemos presentado la denuncia ante la Fiscalía y el caso está siendo investigado. Ya pasaron los tiempos de abuso y atropello a los derechos de las PPL, de quien venga rechazamos toda forma de violencia”, aseveró.

El dato:
 
El 2 de junio, Paúl Tobar Quezada, director del CRS Regional Turi denunció este caso en la Fiscalía Provincial de Azuay.

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Presidente Rafael Correa lideró 5to taller con familiares de personas desaparecidas

Este 30 de junio se desarrolló en el Palacio de Carondelet, el quinto taller de Casos de Seguimiento sobre Personas Desaparecidas. Dicho espacio que permitió analizar los avances de casos estuvo liderado por Rafael Correa Delgado, presidente Constitucional de la República, y contó con la participación de autoridades judiciales, ministros de Estado y familiares de personas desaparecidas.

 
Desde el 2014,  se efectúa el seguimiento de 97 casos de personas desaparecidas, de éstos, 31 han sido resueltos (26 sin vida y 5 con vida), mientras que los 66 restantes continúan en indagación previa, los familiares de estas personas aún desaparecidas  acudieron a la reunión.

Elsa Palacios es una de las 66 personas cuyo caso fue reabierto. “Cuando mi hija despareció hace 12 años del Centro de Salud No. 4 de Quito ella estaba embarazada, yo perdí a dos personas, por eso estoy aquí, mi caso ha avanzado, yo por lo menos he encontrado una verdad, no he encontrado un cuerpo pero he encontrado una verdad que es lo que nosotros como familiares de personas desaparecidas queremos”, afirmó. 

Palacios además sugirió a los medios de comunicación hacer un análisis y seguimiento más objetivo de estos casos. 


“El tema de los desaparecidos se ha  politizado y solamente son ciertas personas las que figuran ante las cámaras. Los desaparecidos no son tres ni cuatro en el país, son muchos y todos tenemos derecho a expresarnos. Los medios de comunicación se han dedicado a dar cobertura y seguimiento a determinadas personas que muchas veces no tienen el interés por sus desaparecidos, sino más bien otro tipo de intereses”, señaló.

Por su parte, María Lourdes Mejía, señaló ciertos aspectos que considera se deben mejorar. “Deberían incrementar  la cantidad de fiscales asignados a los casos y que no sean cambiados constantemente”, sugirió.

Luego del primer taller efectuado en 2014, se logró localizar a 13 personas desaparecidas, 10 de ellas con vida, luego del segundo encuentro aparecieron siete sin vida y uno vivo, tras la tercera reunión otros 3 fueron localizados sin vida; y, luego del cuarto taller, otros 3 fueron encontrados, uno con vida.

“Un agradecimiento profundo a las autoridades y al Presidente que tomó la iniciativa de reunirse con nosotros, escuchar nuestras demandas y con base en ellas disponer acciones concretas para solucionar nuestros casos que estaban cerrados y fueron reabiertos, además se ha dado el seguimiento permanente, las diligencias y las búsquedas. Por eso pedimos además que a quien venga luego a presidir el país que por favor no nos cierren las puertas y que nosotros podamos seguir haciendo nuestra lucha desde aquí adentro con su apoyo”, concluyó Elsa Palacios.

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Ministra de Justicia participó en inauguración de IX Cumbre de Clacip

Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, participó en el evento inaugural de la IX Cumbre de la Comunidad Latinoamericana y del Caribe de Inteligencia Policial (CLACIP), que se desarrolló este 29 de junio en la Sede la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). 

El evento que reúne a representantes de las direcciones y/o servicios de Inteligencia Policial de Latinoamérica y el Caribe para la lucha contra el crimen organizado transnacional, estuvo presidido por José Serrano Salgado, ministro del Interior, quien destacó la importancia que tiene para la seguridad ciudadana el aporte de estos servicios especializados.

Para la titular del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, la seguridad integral es una política pública, por ello la Cartera de Estado a su cargo cuenta con Unidad de Inteligencia Penitenciaria, responsable de mejorar los niveles de seguridad al interior de los centros de privación de libertad, y así contribuir a consolidar la seguridad ciudadana.

El dato:

La Comunidad Latinoamericana y del Caribe de Inteligencia Policial fue creada el 18 de febrero de 2005, en el marco del II Encuentro Internacional de Inteligencia y la IV Cumbre de la Comunidad Andina de Inteligencia Policial (CAIP), realizados en la ciudad de Bogotá. Actualmente Son 32 servicios de inteligencia de 28 países los que la conforman.

Unidad de Inteligencia Penitenciaria aporta al fortalecimiento de la seguridad ciudadana

El 20 de mayo de 2015, entró en funciones la Unidad de Inteligencia Penitenciaria (UIP) del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, su objetivo, mejorar los niveles de seguridad al interior de los centros de privación de libertad para evitar incidentes que alteren la seguridad penitenciaria y el orden público, así como aportar a la identificación, localización y neutralización de organizaciones delictivas y redes de corrupción que pretendan operar tanto al interior como al exterior de los centros de privación de libertad.

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Servicios estatales al alcance de pobladores de Bastión Popular, zona intervenida para erradicar microtráfico

En la feria ciudadana que se realizó este 28 de junio en la cooperativa Flor de Bastión, el presidente Rafael Correa Delgado recibió de manos de Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, una pequeña muestra del trabajo que realizan en los talleres ocupacionales los adolescentes en conflicto con la ley. Se trata de un escudo del Club Sport Emelec tallado en madera, artesanía elaborada por uno de los jóvenes que cumplen medidas socioeducativas privativas de libertad en el Centro de Adolescentes Infractores (CAI) de Varones de Guayaquil.

 

 

Previamente, el Primer Mandatario junto a los titulares de las instituciones que conforman el Comité Interinstitucional de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas, recorrió este sector del noroeste de Guayaquil. Hace tres meses esta zona fue intervenida y recuperada. 3000 pobladores del sector y 2500 habitantes de barrios aledaños se han beneficiado con el plan integral que aplica el Gobierno Nacional. “Hasta fines de este 2016 realizaremos 30 intervenciones en distintos sectores del país para derrotar al microtráfico", afirmó Correa Delgado.

 

 

En este sentido, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, realiza el seguimiento de casos, a fin de garantizar que se cumpla el debido proceso y se evite la impunidad. Además brinda asesoría legal y psicosocial gratuita a familiares de personas usuarias y consumidoras. Mientras que los ministerios de Inclusión Económica y Social, y de Salud Pública brindan apoyo a jóvenes y familias víctimas de este fenómeno. Asimismo, la Cartera de Educación trabaja en la consejería estudiantil y el Ministerio del Deporte realiza programas como ’Ecuador Ejercítate’, ‘Escuela Formativa’ y ‘Juegos Nacionales’ para incentivar la actividad física.

Posteriormente, las autoridades compartieron un almuerzo con la comunidad en una de las canchas deportivas de la zona recuperada. Allí, el grupo musical del Colegio Remigio Romero Cordero amenizó la jornada y demostró que la música es una herramienta efectiva para prevenir el consumo de drogas.

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En Flor de Bastión, Presidente Rafael Correa constató los resultados de la lucha antidrogas

“Señor Presidente le agradecemos mucho porque antes esta zona estaba llena de traficantes, ahora tenemos seguridad permanente”, afirmó Irma C., moradora de la cooperativa Flor de Bastión, durante el recorrido que efectuó esta mañana Rafael Correa, junto a los titulares de los ministerios que conforman el Comité Interinstitucional de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas.

 

 

Las autoridades visitaron el sector antes conocido como ‘Zona H’, situado al noroeste de Guayaquil, para constatar la efectividad de las políticas que aplica el Gobierno Nacional con el objetivo de erradicar el consumo y venta de sustancias sujetas a fiscalización. 

Esta es una de las zonas en las que se ejecuta un plan integral que busca erradicar el microtráfico, brindar atención a las personas afectadas por el uso y consumo de estupefacientes, además de aprehender y poner a órdenes de las autoridades judiciales a quienes intervienen en la cadena de comercialización y distribución de los alcaloides.

Para Ledy Zúñiga Rocha, titular de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, estas acciones son el resultado del trabajo coordinado bajo el liderazgo y la decisión política de un Gobierno comprometido con la población, especialmente con niños, niñas, adolescentes y jóvenes. “La intervención incluye el trabajo permanente con la comunidad. Hemos realizado mingas comunitarias, cine foros, ferias ciudadanas, actividades orientadas a la recuperación de los espacios públicos”, informó la Ministra de Justicia.

Por su parte, José Serrano, ministro del Interior informó que luego de tres meses de intervención en esta zona, se ha detenido a 57 presuntos microtraficantes, quienes enfrentan procesos penales, además 28 organizaciones delictivas fueron desarticuladas.

Habitantes del sector manifestaron que a partir de la intervención del Estado ha disminuido la venta de sustancias sujetas a fiscalización y mejorado el nivel de seguridad, por ello agradecieron a las autoridades el respaldo dado para recuperar la zona.

El dato: 

Este 28 de junio, se llevó a cabo una Feria Ciudadana durante la cual las instituciones del Estado socializaron los servicios que brindan a la comunidad. En el estand del Ministerio de Justicia se exhibieron productos elaborados por los adolescentes que por disposición judicial cumplen medidas socioeducativas privativas de libertad bajo la custodia del Estado. Uno de ellos fue obsequiado al Primer Mandatario.

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Comité de Derechos Humanos ratifica validez del proceso judicial que sentenció a hermanos Isaías por delito de peculado bancario

“En su dictamen, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ratifica la validez del proceso judicial que sentenció a ocho años de pena privativa de libertad a los hermanos Isaías por el delito de peculado bancario”, así lo informó esta mañana en entrevista radial Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

La funcionaria ministerial destacó la importancia de mantener a la ciudadanía informada. “Las y los ecuatorianos tienen derecho a saber la verdad, a conocer lo que realmente dice el dictamen emitido por el Comité de Derechos Humanos respecto del caso Isaías, esta resolución no establece la obligatoriedad del Estado ecuatoriano de cumplir con una indemnización, restitución de bienes y mucho menos disculpas públicas”, acotó Zúñiga.

La funcionaria ministerial explicó además que en su resolución, el Comité de Derechos Humanos analizó varias peticiones que fueron presentadas por los sentenciados.

“Ante la alegación presentada por los hermanos Isaías, en la que señalan que durante el desarrollo del proceso penal el Estado ecuatoriano habría violado su derecho al debido proceso, el Comité de Derechos Humanos responde en su dictamen que no existe tal violación a esta garantía constitucional, pues considera que la Corte Nacional de Justicia  era el órgano competente para conocer y resolver el proceso penal, y en este sentido no se ha violado el principio de legalidad”, acotó Zúñiga.

Sobre la supuesta parcialidad del Tribunal que conoció la causa, el Comité analizó y determinó que los hechos por los que los hermanos Isaías fueron sentenciados generaron gran repercusión en la situación económica, financiera y social del Ecuador, sin embargo, señala el Órgano Convencional que este factor no incidió ni afectó la independencia judicial.

“El Comité observó que la conducta delictiva (peculado bancario) por la que Roberto y William Isaías fueron sentenciados a ocho años de pena privativa de libertad, estaba tipificada en la normativa legal vigente a la época, de esta manera descartó la alegación de la defensa de los imputados que se basó en la presunta violación al principio de legalidad reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

En cuanto a los procesos civiles, la resolución del Comité se refiere al cumplimiento de garantías de conformidad con lo que establece el Pacto sobre el derecho a ser oídos por un tribunal competente, ante ello, el Organismo de Derechos Humanos declaró que no existe ninguna ilegalidad respecto de los procesos de incautación. “En ninguna parte del dictamen se establece la responsabilidad u obligación del Estado de indemnizar, mucho menos de restituir bienes”, enfatizó Ledy Zúñiga.

En este sentido, la Ministra de Justicia citó varios casos en los que el Comité se ha pronunciado y ha dispuesto de manera expresa el pago por conceptos de indemnización y/o reparación. ”En el caso Isaías, este no fue el espíritu de la resolución emitida por el Comité que no se ha referido a la legalidad o validez jurídica de los procesos de incautación”.

Zúñiga recordó que el Ecuador ha suscrito y ratificado 57 instrumentos internacionales de derechos humanos, en el marco de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, en señal del absoluto respeto de las normas internacionales.

“Reconocemos al Comité y respetamos su resolución, en este sentido responderemos al Organismo, en un plazo de 180 días, y a través de la Procuraduría, informaremos de las medidas que como Estado se han tomado para atender sus recomendaciones”.

Al ser consultada sobre la postura de algunos profesionales del Derecho, la Secretaria de Estado afirmó que éstas son pretensiones fantasiosas de ciertos abogados. “Pretender que los ecuatorianos, los compatriotas que fueron afectados por ese duro capítulo del feriada bancario, vayan a pedir disculpas a los hermanos Isaías es por decirlo menos, una interpretación por demás abusiva del dictamen de Derechos Humanos”, concluyó Zúñiga Rocha.

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Caso Isaías: “Comité no determina obligación del Estado de indemnizar, mucho menos de restituir bienes”

“Es importante que la ciudadanía conozca que el dictamen emitido por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) respecto del caso Isaías, no establece la obligatoriedad del Estado ecuatoriano de cumplir con una indemnización pecuniaria y menos con una restitución de bienes”, señaló esta mañana, a varios medios de comunicación, Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, derechos Humanos y Cultos.

La funcionaria ministerial explicó además que en su resolución, el Comité de Derechos Humanos analizó varias peticiones que fueron presentadas por los sentenciados.

“Ante la alegación presentada por los hermanos Isaías, en la que señalan que durante el desarrollo del proceso penal el Estado ecuatoriano habría violado su derecho al debido proceso, el Comité de Derechos Humanos responde en su dictamen que no existe tal violación a esta garantía constitucional, pues considera que la Corte Nacional de Justicia  era el órgano competente para conocer y resolver el proceso penal, y en este sentido no se ha violado el principio de legalidad”, acotó Zúñiga.

Sobre la supuesta parcialidad del Tribunal que conoció la causa, el Comité analizó y determinó que los hechos por los que los hermanos Isaías fueron sentenciados generaron gran repercusión en la situación económica, financiera y social del Ecuador, sin embargo, señala el Órgano Convencional que este factor no incidió ni afectó la independencia judicial.

“El Comité observó que la conducta delictiva (peculado bancario) por la que Roberto y William Isaías fueron sentenciados a ocho años de pena privativa de libertad, estaba tipificada en la normativa legal vigente a la época, de esta manera descartó la alegación de la defensa de los imputados que se basó en la presunta violación al principio de legalidad reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

En cuanto a los procesos civiles, la resolución del Comité se refiere al cumplimiento de garantías de conformidad con lo que establece el Pacto sobre el derecho a ser oídos por un tribunal competente, ante ello, el Organismo de Derechos Humanos declaró que no existe ninguna ilegalidad respecto de los procesos de incautación. “En ninguna parte del dictamen se establece la responsabilidad u obligación del Estado de indemnizar, mucho menos de restituir bienes”, enfatizó Ledy Zúñiga.

En este sentido, la Ministra de Justicia citó varios casos en los que el Comité se ha pronunciado y ha dispuesto de manera expresa el pago por conceptos de indemnización y/o reparación. ”En el caso Isaías, este no fue el espíritu de la resolución emitida por el Comité que no se ha referido a la legalidad o validez jurídica de los procesos de incautación”.

Zúñiga recordó que el Ecuador ha suscrito y ratificado 57 instrumentos internacionales de derechos humanos, en el marco de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, en señal del absoluto respeto de las normas internacionales. 

“Reconocemos al Comité y respetamos su resolución, en este sentido responderemos al Organismo, en un plazo de 180 días, y a través de la Procuraduría, informaremos de las medidas que como Estado se han tomado para atender sus recomendaciones”.

Al ser consultada sobre la postura de algunos profesionales del Derecho, la Secretaria de Estado afirmó que éstas son pretensiones fantasiosas de ciertos abogados. “Pretender que los ecuatorianos, los compatriotas que fueron afectados por ese duro capítulo del feriada bancario, vayan a pedir disculpas a los hermanos Isaías es por decirlo menos, una interpretación por demás abusiva del dictamen de Derechos Humanos”, concluyó Zúñiga Rocha.

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