El
pasado miércoles 8 de julio, en el Centro de Rehabilitación Social (CRS)
Regional de Azuay, se llevó a cabo la inauguración del programa educativo:
Básica superior flexible o intensiva, que beneficiará a 288 personas privadas
de libertad (PPL).
Este
proyecto ejecutado de forma conjunta por los ministerios de Educación y de
Justicia, Derechos Humanos y Cultos, brinda a internas e internos la
posibilidad de concluir sus estudios de octavo, noveno y décimo de básica, con
procesos de educación de calidad y en periodos flexibles. De esta manera el
Estado garantiza a cada PPL el acceso a educación, que es un derecho
constitucional.
“Aquí,
gracias al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, el Ministerio de
Educación y este Gobierno, hemos
encontrado la posibilidad de redimirnos, de cambiar y mejorar, ya sea estudiando,
aprendiendo una labor a la que podríamos dedicarnos cuando estemos en libertad,
así también, mejorar nuestro físico con
el deporte y la recreación, a cultivar nuestro intelecto con actividades
culturales”, señaló Andrea M., interna del CRS Turi.
La PPL
agradeció en nombre de los 228 beneficiarios por la oportunidad de culminar su
educación. “Con esta iniciativa incentivan una nueva oportunidad de vida,
educarnos estimados amigos, nos hará libres, todo esto nos permitirá salir de
aquí como personas con un nuevo proyecto de vida y útiles a la sociedad”, dijo
la interna durante su intervención.
Marco
legal que garantiza a las PPL el acceso a la educación
La
Constitución de la República establece en su artículo 51, numeral 5, el derecho
a la atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales,
alimenticias y recreativas.
El
Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el artículo 704 denominado Eje de
educación, cultura y deporte señala: “Se organizarán actividades educativas de
acuerdo con el sistema oficial. Los niveles de educación inicial, básica y
bachillerato son obligatorios para todas las personas privadas de libertad que
no hayan aprobado con anterioridad esos niveles. El sistema nacional de
educación es responsable de la prestación de los servicios educativos al
interior de los centros de privación de libertad. El Sistema de Rehabilitación
Social promoverá la educación superior y técnica a través de la suscripción de
convenios con institutos o universidades públicas o privadas. Los convenios
garantizarán que la enseñanza se imparta en las condiciones y con el rigor y
calidad inherentes a este tipo de estudios, adaptando, en lo que es preciso, la
metodología pedagógica a las circunstancias propias de los regímenes de
privación de libertad. La administración del centro promoverá la máxima
participación de las personas privadas de libertad en actividades culturales,
deportivas y otras de apoyo que se programen”.
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