Mediante decretos ejecutivos (704, 720, 721 y 722), Rafael Correa Delgado, presidente Constitucional de la República otorgó el perdón de la pena a 13 personas privadas de libertad. Esto en el marco de la visita apostólica que efectuó al país Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, quien trajo un mensaje de reconciliación, solidaridad y justicia social.
Roberto Quintero fue el primer beneficiado, obtuvo 928/100 en el Examen Nacional para la Educación Superior (ENES) que fue el mayor puntaje entre los postulantes a estudios universitarios de los centros de Rehabilitación Social (CRS) regionales de Guayas y Cotopaxi, que lo hizo acreedor a una beca del 100 por ciento en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG), por ello se le concedió el indulto por mérito académico y buena conducta.
El decreto ejecutivo 720 condonó las sentencias de Franklin Díaz por razones humanitarias, pues padece una enfermedad catastrófica (cáncer en etapa avanzada) y de Paúl Alvarado, por mérito académico, él alcanzó una de las calificaciones más altas (906/1000) en el ENES, ahora estudia ingeniería en marketing en la UCSG.
A través del documento presidencial 721, se decretó el perdón del cumplimiento de la pena a Marco Morales, Manuel Asimbaya, Jorge Palacios, Bayardo Tuquerrez, Edwin Ortiz, Gerardo Cisneros, Edwin Remache y Héctor Rojano, exmilitares sentenciados por el delito de sabotaje y terrorismo, por los hechos cometidos el pasado 30 de septiembre de 2010 (30S).
Finalmente, Alejandra Cevallos y Paúl Camacho, sentenciados por su autoría en los hechos ocurridos en la empresa pública Ecuador TV, el 30S, también admitieron el cometimiento del delito, manifestaron expresamente su arrepentimiento y pidieron disculpas a la sociedad ecuatoriana, lo que les permitió acceder a este beneficio penitenciario otorgado por el Primer Mandatario, como señala el decreto 722.
Antecedentes:
Las condiciones para la Concesión de Indulto, Conmutación o Rebaja de Penas, están establecidas en el Reglamento que fue suscrito en octubre del 2014 por Rafael Correa, presidente de la República y Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.
La solicitud debe ser presentada por escrito al Ministerio de Justicia, entidad que revisará que el requerimiento cuente con la información completa. Las personas privadas de libertad (PPL) que hayan recibido sentencia, en última instancia, por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia no se considerarán entre los posibles beneficiarios.
0 comentarios:
Publicar un comentario