“La alimentación dentro de los CRS ya no es un privilegio, es un derecho”

Atrás quedaron las improvisadas cocinas dentro de las celdas, la extorción por un plato de comida y venta de la misma, donde sólo se beneficiaban los que podían pagar dentro de los Centros de Rehabilitación Social (CRS) del país. Ahora la situación es distinta todas las personas privadas de libertad (PPL) tienen acceso democrático a la misma alimentación que cuenta con los valores nutricionales, tres veces al día (desayuno, almuerzo y cena).

El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, conforme lo establece el artículo 12 del Código Orgánico Integral Penal (COIP): “La persona privada de libertad tiene derecho a una nutrición adecuada, en cuanto a calidad y cantidad, en lugares apropiados para el efecto (…)”. Una alimentación que va ligada a la actividad, física y controles permanentes de salud.

Para Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, “La alimentación dentro de los CRS ya no es un privilegio, es un derecho”. “Ahora, las personas privadas de libertad tienen garantizado el derecho a la salud, a la educación, a la cultura, al deporte, todo ello como responsabilidad directa y prioritaria del Estado que se enfoca en su efectiva rehabilitación”.

Las porciones que recibe cada interno está avalada por un equipo multidisciplinario que incluye nutricionistas  y que trabaja bajo la supervisión de personal de esta Cartera de Estado.

Frutas, lácteos carbohidratos, proteínas y vegetales, forman parte de la composición nutricional  que provee de energía a las PPL para que puedan cumplir con todas las actividades (físicas, académicas, laborales, ocupacionales) que forman parte de su plan de vida y de los procesos que impulsa el Ministerio de Justicia para su rehabilitación.

Así mismo las personas privadas de libertad que padecen algún problema de salud reciben una dieta especial de acuerdo a las recomendaciones de los médicos.

Este eje de acción es parte fundamental dentro de los procesos de rehabilitación social que impulsa el Gobierno Nacional, para garantizar la reinserción de las PPL.