Las personas procesadas por los actos violentos desarrollados durante las protestas registradas
en el país entre el 13 y el 17 de agosto de 2015, son indagadas por los presuntos
delitos de paralización de servicios públicos y ataques a agentes de la fuerza
pública, tipificados en el Código Penal.
“Estas
personas que por decisión de la autoridad competente cumplen medidas cautelares
y sustitutivas y enfrentan procesos judiciales, no son presos políticos, deben asumir
la responsabilidad de sus actos y responder conforme lo establece la
Constitución y la ley”, explicó Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.
“En el
Ecuador no hay presos políticos; existen personas privadas de libertad por una decisión
motivada y emitida por orden jurisdiccional. Nadie está por sobre la ley, las
personas que cometen delitos deben ser investigadas”, señaló.
Frente a
las declaraciones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie)
de hacer una minga en favor de los detenidos, la Ministra descartó de forma categórica la
supuesta falta de alimentos y atención a las personas que cumplen prisión
preventiva por orden judicial dentro de los casos abiertos por los posibles
delitos generados durante las protestas realizadas en agosto.
“No es
necesario que allegados de las personas privadas de libertad (PPL), sean estas
procesadas o sentenciadas, se dediquen a efectuar mingas para la recolección de
alimentos, vituallas o artículos para uso personal de las y los internos, pues
el Estado ecuatoriano conforme lo dispone la Constitución de la República es el
responsable de atender de manera integral sus necesidades educativas, laborales
, productivas, culturales, alimenticias y recreativas, el Ministerio de
Justicia coordina y vigila que se cumpla esta garantía constitucional”,
enfatizó Ledy Zúñiga.
La Secretaria de Estado se refirió además a las reformas
planteadas por el Ejecutivo para endurecer las sanciones contra el
microtráfico. “Como parte del Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y
Psicotrópicas, estamos revisando la tabla, a fin de determinar nuevas
cantidades para las escalas de tráfico de estas sustancias, las reformas
propuestas buscan garantizar la comparecencia de los procesados por
microtráfico a las diligencias judiciales y posteriormente sancionar estos delitos.
Para el Gobierno Nacional la prioridad es la protección de jóvenes y adolescentes”.
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