El próximo miércoles 16 de septiembre de 2015, Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia,
Derechos Humanos y Cultos, comparecerá a la Comisión de Justicia y Estructura
del Estado de la Asamblea Nacional, donde informará los resultados obtenidos a
un año de la aplicación del Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente
desde el pasado 10 de agosto de 2014.
En este
espacio del Legislativo, la funcionaria ministerial se referirá a los avances
alcanzados en la gestión penitenciaria y de atención a adolescentes
infractores, como en la prevención y erradicación
de la violencia de género e intrafamiliar.
“La
aplicación del COIP ha permitido fortalecer la seguridad y el acceso a los
servicios de justicia, reducir los niveles de impunidad y, por primera vez,
poner en marcha un verdadero proceso de rehabilitación social y un sistema
interinstitucional de atención integral para víctimas directas y colaterales de
la violencia de género”, Ledy Zúñiga Rocha.
El cuerpo
penal tipifica y sanciona aquellos delitos cometidos contra la mujer y/o
cualquier miembro del núcleo familiar. Además busca que operadores de justicia
traten el femicidio, los delitos sexuales y los de discriminación y odio por
razones de género desde una visión integral y con una investigación
especializada, que permita probar la materialidad y responsabilidad del delito
y demostrar la incidencia de la violencia de género en el cometimiento de
acciones que afectan a la víctima por su condición femenina.
Para Ledy
Zúñiga, la tipificación del femicidio, con una pena de 22 a 26 años de
privación de libertad, no sólo sanciona al autor, permite entender que se trata
de un hecho en que se conjugan particularidades que no están presentes en otras
muertes, como es la relación entre la víctima y su victimario.
El Gobierno
Nacional, a través del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos,
trabaja en el fortalecimiento y ampliación de la Red Nacional de Centros de
Atención y Casas de Acogida, mediante la suscripción de convenios de
cooperación y cofinanciamiento. Esta red actualmente está conformada por 22
centros de atención externa y cinco casas de acogida, y cuenta con 41 equipos
técnicos, que proporcionan atención integral gratuita a víctimas directas y
colaterales de las distintas formas y manifestaciones de la violencia de
género.
Según el
Código Orgánico Integral Penal, el tratamiento para las personas privadas de
libertad (PPL) se cumple a través de los
ejes: educación, cultura y deporte; laboral; salud; vínculos familiares y
reinserción.
Respecto del
eje laboral, en mayo de 2015 y en coordinación con el Ministerio de Trabajo, se
aprobó el acuerdo interministerial que expide el “Reglamento que Regula la relación Especial de
Trabajo en Relación de dependencia de las personas que se encuentren cumpliendo una pena privativa de
libertad”.
A partir de
junio de 2014, la Cartera de Salud Pública asumió la total competencia para la
provisión de servicios de salud y atención médica a las personas privadas de
libertad (PPL), así como el abastecimiento y el stock de medicamentos, para
ello, se cuenta con el modelo de gestión de servicios de salud en contextos
penitenciarios, con el propósito de garantizar el acceso al derecho a la salud
de las personas privadas de libertad, así como la puesta en funcionamiento y
evaluación de este servicio, al interior de los centros de privación de
libertad.
Además, los
centros de privación de libertad brindan programas de prevención, tratamiento y
rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos en
lugares apropiados para el efecto.
El acceso a
la educación formal de las y los internos se realiza de
acuerdo al sistema oficial. Estas actividades se desarrollan en los 29 centros
de Rehabilitación Social (CRS) del país. Más de cinco mil PPL, es decir, el 25% de la población penitenciaria
ha decidido completar sus estudios y alrededor de 5.600 PPL participan en
actividades culturales y 13.979 en disciplinas deportivas y recreacionales.
Con la puesta
en marcha de los nuevos centros de rehabilitación regionales ubicados en
Guayas, Cotopaxi y Azuay, y el derrocamiento y reconstrucción de la Expenitenciaría
del Litoral, el Gobierno Nacional cumplió con la meta de eliminar el
hacinamiento que en el 2010 llegó al 280% y ahora es de tan solo el 0.24%.
Respecto del
tratamiento para adolescentes en conflicto con la ley, se cuenta con un Modelo Educativo para garantizar al 100% de
adolescentes infractores el derecho a la educación. Además existe la presencia
permanente del Ministerio de Salud en los 11 Centros para Adolescentes
Infractores (CAI).
La Comisión
de Justicia y Estructura del Estado está conformada por Mauro Andino, quien la
preside, Mariángel Muñoz, vicepresidenta, además de los asambleístas Gina
Godoy, Marisol Peñafiel, Luis Guamangate, Luis Torres, Magali Orellana, Miguel
Moreta, Nicolás Issa, Christian Viteri y Gabriel Rivera
