viernes, 22 de mayo de 2015

Ministra de Justicia entregó taller laboral a internas del CRS Femenino de Chillogallo




El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a través del Modelo de Gestión Penitenciaria, genera espacios para la capacitación laboral de las personas privadas de libertad (PPL), como una alternativa para su efectiva rehabilitación.

Con estos procesos de capacitación, las PPL adquieren conocimientos técnicos, teóricos y prácticos, mismos que contribuirán al buen desempeño en diversas actividades laborales, eje fundamental para su reinserción social

Por ello, Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, entregó al Centro de Rehabilitación Social (CRS) Femenino de Chillogallo, Quito, el taller de costura, espacio equipado para desarrollar las capacidades de las internas y posteriormente generar fuentes de trabajo remunerado.


El nuevo taller de costura cuenta con máquinas industriales: recta, overlok  y recubridora, además de la materia prima para que las PPL puedan poner en práctica los conocimientos adquiridos y elaborar cualquier tipo de prenda de vestir.

Para Rosa Ch., interna del CRS Chillogallo estas actividades propuestas por el Ministerio de Justicia fomentan su rehabilitación. “Decidí integrarme a este taller, con el objetivo de encontrar alternativas laborales”.  El gusto por este oficio motiva a la interna a planificar su futuro cuando cumpla su sentencia. “Dios quiera salgo de aquí y me pongo un taller para con ello mantener a mis hijos”.



Datos:

A través del Modelo de Gestión Penitenciaria, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Ofrece un espacio multidisciplinario que  contribuya a la rehabilitación y reinserción social de  las personas privadas de libertad mediante la educación, el arte, cultura física, actividades laborales, crecimiento personal, construcción de un plan de vida, seguridad penitenciaria y la aplicación del sistema progresivo en el marco del respeto a los derechos humanos y  cumplimiento de sus obligaciones.

El artículo 51, numeral 5 de la Constitución de la República garantiza la atención de las necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas, para todas las personas privadas de libertad.

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