“La
sentencia, sea esta la que fuere y en cualquier caso que aplique, solo
se hace efectiva una vez que las partes interesadas agotan todos los
recursos establecidos en la ley, razón por la cual resulta adelantado
emitir un argumento sobre la sanción anunciada en el caso conocido como
Saraguro”, afirmó Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos
Humanos y Cultos, en respuesta a opiniones surgidas respecto de la pena
privativa de libertad impuesta en primera instancia a dos ciudadanos de
esta nacionalidad indígena.
Éstos fueron
acusados por la Fiscalía al considerarlos responsables del delito de
paralización de un servicio público, tipificado y sancionado en el
artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), por su presunta
participación en el cierre de la carretera que une a los cantones de
Saraguro y Loja, hecho suscitado en agosto del 2015.
En
ese contexto, los jueces de la provincia de Loja acogieron el dictamen
emitido por el fiscal para hacer su fallo, el mismo que aún no ha sido
notificado a las partes por escrito, resaltó la Ministra. “De mostrar
dudas acerca de la sentencia mencionada, los actores podrán recurrir
este fallo ante instancias superiores del mismo sistema de justicia,
para pedir que ésta sea revisada”, acotó.
El
Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, dentro del ámbito de
sus competencias espera la notificación de la sentencia para verificar
el cumplimiento del debido proceso.
Zúñiga
también se refirió a las declaraciones sobre la supuesta falta de
independencia judicial señalada por Ernesto Pazmiño, defensor Público
Nacional. La funcionaria ministerial rechazó categóricamente las
afirmaciones de Pazmiño y argumentó que en el caso Saraguro, 10
ciudadanos fueron llamados a juicio, de ellos, dos fueron sancionados,
mientras que los otros ocho fueron declarados inocentes.
“Si
aplicamos el criterio de Pazmiño para los declarados inocentes,
entonces el Tribunal si actuó con independencia? El Defensor Público
debe probar que no hubo independencia judicial en resolución del caso
Saraguro”, afirmó Zúñiga.
“Hay que explicarle
al Defensor Público que la independencia de los jueces no se mide con la
cantidad de personas que han sido condenadas o no, sino en la tutela de
sus derechos fundamentales, en cumplimiento de su misión
jurisdiccional”, concluyó la Ministra de Justicia.
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