En la audiencia de
formulación de cargos que se llevó a cabo este 2 de junio, la jueza Karen
Matamorro acogió la solicitud de la Fiscalía y resolvió dar inicio a la
instrucción fiscal por el plazo de 90 días en contra de José Alomía, expresidente
del Colegio de Abogados de Pichincha, investigado por el presunto delito de
ejercicio ilegal de la profesión, tipificado y sancionado en el segundo inciso
del artículo 330 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Además dispuso las
medidas cautelares de prohibición de ausentarse del país y la obligación de
presentarse periódicamente ante la Fiscalía.
Con la presunta concesión de
credenciales para ejercer la abogacía a personas que no habrían cumplido con
los requisitos establecidos en el Código Orgánico de la Función Judicial, el procesado,
quien cuenta con el patrocinio legal de Ramiro García, actual titular del
gremio de profesionales del Derecho de Pichincha, habría facilitado el
ejercicio ilegal de la profesión.
Uno de los elementos de
convicción presentados por la Fiscalía durante la audiencia es el informe del
perito auditor emitido en septiembre del 2015, y que en sus conclusiones señala
que entre el 01 de enero del 2011 y el 30 de abril del 2015, fueron revisadas 977
inscripciones en el Colegio de Abogados de Pichincha, de estas, 140 no reúnen
los requisitos legales y por ende, el gremio de profesionales del Derecho no debió
entregar la credencial de abogado.
Para Ledy Zúñiga Rocha,
ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, estas acciones suponen un
atentado a la seguridad jurídica del país ya que el ejercicio profesional de estas
140 personas es cuestionable e induce a engaños tanto a quienes recibieron su
patrocinio, al propio sistema judicial y a la ciudadanía en general.
El dato:
El Art. 324 de Código Orgánico
de la Función Judicial dispone “… 1. Tener
título de abogada o abogado, otorgado por una Facultad de Jurisprudencia,
Derecho o Ciencias Jurídicas de una Universidad legalmente reconocida e
inscrita en el Consejo de Educación Superior; si se trata de un título obtenido
en el extranjero, deberá acreditarse su previa homologación e inscripción…”
Antecedentes:
El 8 de enero pasado se
desarticuló una red dedicada a hackear los sistemas informáticos de entidades públicas,
entre estas, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología
e Innovación (Senescyt). Dicha organización delictiva habría registrado 366
títulos falsos en el portal de esta Secretaría de Estado. De estos, cerca del
40% serían en la especialidad de Derecho.
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