Ante la denuncia efectuada por 13 personas privadas de libertad (PPL) del pabellón de mediana seguridad del Centro de Rehabilitación Social (CRS) Regional Azuay, quienes habrían sido víctimas de supuestas agresiones durante un operativo de seguridad realizado por miembros de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional, el pasado 31 de mayo, Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia Derechos Humanos y Cultos, rechazó este tipo de mprácticas que atentan contra los derechos fundamentales de las PPL.
“Hemos denunciado este caso ante las autoridades competentes, a fin de determinar a los responsables y que respondan por sus actos conforme la ley. Los funcionarios del sistema penitenciario, así como los agentes policiales y de Seguridad Penitenciaria (ASP), no pueden bajo ninguna argumentación afectar los derechos fundamentales de las y los internos”, dijo.
Además, la Ministra de Justicia ha solicitado que la investigación continúe, a fin de que este caso no quede en la impunidad. En ese contexto solicitó sanciones para el personal policial que presuntamente habría participado en este operativo.
“Estas prácticas anticonstitucionales nada tienen que ver con los protocolos de seguridad penitenciaria, por ello hemos presentado la denuncia ante la Fiscalía y el caso está siendo investigado. Ya pasaron los tiempos de abuso y atropello a los derechos de las PPL, de quien venga rechazamos toda forma de violencia”, aseveró.
El dato:
El 2 de junio, Paúl Tobar Quezada, director del CRS Regional Turi denunció este caso en la Fiscalía Provincial de Azuay.
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