Durante la audiencia de formulación de cargos que se desarrolló este 22 de julio en el Tribunal de Garantías Penales del Azuay, el juez Eduardo Moncayo ordenó prisión preventiva contra Billy Z., policía en servicio activo quien prestaba su servicios en los filtros de seguridad del Centro de Rehabilitación Social (CRS) Regional Sierra Centro Sur, Turi, y presunto responsable del ingreso de un arma de fuego y una granada al mencionado centro penitenciario.
Según Esteban Coronel, agente fiscal del caso, uno de los indicios que hacen presumir la participación del uniformado en el acto investigado es uno de los vídeos registrados en las cámaras de seguridad del CRS. “El día 29 de junio del año en curso a las 23h54 minutos el procesado ingresa al centro y gracias a las cámaras se puede observar que deja unos objetos en un tacho de la basura”, afirmó el fiscal durante la diligencia y acotó que existe un testigo ocular del hecho.
Por ello la Fiscalía determinó la existencia, responsabilidad y cometimiento del delito de ingreso de objetos prohibidos a un centro penitenciario, tipificado y sancionado en el artículo 275 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y solicitó además de la medida cautelar el inicio de la instrucción fiscal por 90 días, pedido que fue acogido por el Juez de Garantías Penales.
“Seremos implacables con las personas que actúen de manera irresponsable y pongan en riesgo, no solo al sistema penitenciario, sino la vida de internos, familiares y funcionarios”, señaló al respecto Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.
Antecedentes:
La noche del 01 de julio, durante un operativo de seguridad efectuado con base a información obtenida por la Unidad de Inteligencia Penitenciaria (UIP) y en el que participaron efectivos policiales y agentes fiscales, además de la Unidad Canina para la detección de explosivos, se localizó una pistola con su respectivo cargador, además de una granada en un área previa a la entrada al centro penitenciario. La oportuna acción evitó que las armas ingresaran a los pabellones.
“La detección e incautación de artículos prohibidos, así como la detención y judicialización de quienes pretenden vulnerar la seguridad penitenciaria se logra gracias al trabajo permanente de la Unidad de Inteligencia Penitenciaria (UIP), los agentes de Seguridad Penitenciaria y el apoyo de la Policía Nacional, y se fundamenta en la decisión política del Gobierno Nacional con cuyo compromiso total se emprendió la transformación del sistema penitenciario del país”, dijo Ministra de Justicia.
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