El programa de Educación Básica para Jóvenes y Adultos (EBJA) y
Educación Básica Superior que se llevan a cabo en los Centros de
Rehabilitación Social (CRS) de Guayaquil integraron este año a 2.092
personas privadas de libertad (PPL).
El trabajo
coordinado entre los ministerios de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
y de Educación hace posible el desarrollo de estos proyectos
pedagógicos, los cuales permiten iniciar, retomar y finalizar sus
estudios a los internos con escolaridad inconclusa.
La
segunda semana de julio 1.019 PPL del Centro de Rehabilitación Social
(CRS) Regional Guayas iniciaron clases, en los programas de
alfabetización y todos los niveles correspondientes para culminar la
primaria y educación básica superior. Lo mismo ocurrió con 823 PPL del
CRS Varones de Guayaquil; mientras que en el CRS Femenino 250 PPL
también se integraron al sistema educativo formal del Ecuador.
Al
respecto, Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y
Cultos, recordó que más de 7.000 hombres y mujeres ha tomado la decisión
de estudiar durante su etapa de privación de libertad, ya sea en su
fase inicial, en alfabetización, en el bachillerato o en nivel superior.
“Acceder
a los procesos formales de educación es una oportunidad que se abre
para las PPL y sus familias, la oportunidad de estudiar va más allá de
la rehabilitación y reinserción social, es una segunda oportunidad de
vida”, acotó la Ministra de Justicia.
Precisamente
el acceso a la educación es uno de los ejes establecidos en el Código
Orgánico Integral Penal (COIP) y en el Modelo de Gestión Penitenciaria
que aplica el Ministerio de Justicia, el cual tiene como propósito el
desarrollo de un efectivo proceso de rehabilitación y reinserción
social.
Código Orgánico Integral Penal
Artículo
704.- Eje de educación, cultura y deporte.- Se organizarán actividades
educativas de acuerdo con el sistema oficial. Los niveles de educación
inicial, básica y bachillerato son obligatorios para todas las personas
privadas de libertad que no hayan aprobado con anterioridad esos
niveles.
El sistema nacional de educación es
responsable de la prestación de los servicios educativos al interior de
los centros de privación de libertad. El Sistema de Rehabilitación
Social promoverá la educación superior y técnica a través de la
suscripción de convenios con institutos o universidades públicas o
privadas.
Los convenios garantizarán que la
enseñanza se imparta en las condiciones y con el rigor y calidad
inherentes a este tipo de estudios, adaptando, en lo que es preciso, la
metodología pedagógica a las circunstancias propias de los regímenes de
privación de libertad.
La administración del
centro promoverá la máxima participación de las personas privadas de
libertad en actividades culturales, deportivas y otras de apoyo que se
programen.
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