Ministerio de Justicia y Consejo de la Judicatura coordinan acciones para implementación del Sistema de Vigilancia Electrónica

En el marco de la implementación del Sistema de Vigilancia Electrónica, Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura, suscribieron este 19 de septiembre, el convenio de cooperación interinstitucional, cuyo objetivo es el de capacitar a las y los servidores judiciales, dentro del ámbito de sus competencias, en el uso y funcionamiento de los dispositivos de vigilancia electrónica y su respectiva plataforma.

“Así cumplimos con la disposición del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que establece que el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en coordinación con el Consejo de la Judicatura pondrán en funcionamiento los dispositivos de vigilancia electrónica y su respectiva plataforma”, acotó Zúñiga.

La Ministra de Justicia recordó además los casos en los que los jueces tendrán la potestad de disponer el uso de esta innovadora herramienta tecnológica. “Uso del dispositivo electrónico se determinará en tres aspectos puntuales. Como medida de protección a favor de la víctima, como medida cautelar para personas procesadas por delitos menores, en casos de mujeres embarazadas, personas mayores de 65 años o con enfermedad incurable en etapa terminal y para personas que han devengado más del 60% de la pena y cumplen los requisitos necesarios para acceder al régimen semiabierto o más del 80% y las condiciones para beneficiarse del régimen abierto”.

Zúñiga destacó además que el Sistema de Vigilancia Electrónica operará de manera ininterrumpida las 24 horas del día, y funcionará con la tecnología del ECU 911. “Lo que permitirá aprovechar esta plataforma con la que ya cuenta el país para efectuar de manera eficaz el monitoreo de los dispositivos a escala nacional”.

El Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Justicia, adquirió  4000 dispositivos, además de la plataforma de monitoreo y del código fuente, lo que incluye  los licenciamientos de software que permitirán actualizar el sistema de vigilancia electrónica, conforme a las necesidades, a la realidad ecuatoriana y a la normativa penal vigente, además de desarrollar plataformas para el perfecto uso de los dispositivos.

“El Sistema de Vigilancia Electrónica es una innovación de nuestra normativa penal vigente, que aportará a la efectiva reinserción de las personas privadas de libertad (PPL), fortalecerá los procesos de rehabilitación y garantiza la medida de privación de libertad como última instancia”, señaló Zúñiga.

Adicionalmente, recalcó que actualmente cerca de 200 personas tienen arresto domiciliario en el país, para vigilar que se cumpla efectivamente esta medida cautelar, son asignados tres servidores policiales para cada una. “Con el uso del dispositivo de vigilancia electrónica se garantizará la eficiencia en el uso de recursos públicos y del personal policial".

Por su parte Gustavo Jalkh, titular del Consejo de la Judicatura consideró que los brazaletes electrónicos “son medios para asegurar la comparecencia de un procesado a juicio, para proteger a la víctima de un agresor potencial o real y para que funcione un sistema de justicia en el máximo desarrollo de la protección de garantías constitucionales”.

Asimismo, explicó que la Escuela de la Función Judicial (EFJ), con el material académico respectivo, emprenderá en los próximos días la preparación de aproximadamente 1200 personas, entre jueces (de Garantías Penales y Penitenciarias; de Violencia Intrafamiliar, Multicompetentes), secretarios, fiscales y defensores públicos.

“Se trata de una capacitación enfocada en el marco legal de cuándo procede el uso de esta tecnología y cuándo es obligatorio y facultativo para el juez otorgarla; de acuerdo a qué condiciones se debería permitir su uso; y cuál es el nivel de coordinación operativa que se debe mantener con los equipos del Ministerio de Justicia, que opera el sistema”, concluyó.