En territorio, ministra Ledy Zúñiga lidera acciones que integran a la comunidad en la prevención de la violencia intrafamiliar

En un esfuerzo coordinado con organizaciones de la sociedad civil, que forman parte de la Red Nacional de Centros de Atención y Casas de Acogida para víctimas de violencia de género, Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, busca profundizar en territorio la aplicación de acciones orientadas a la prevención de la violencia intrafamiliar.

Así, la Cooperativa Sergio Toral II y la Cooperativa Independencia 1 de Guayaquil; el barrio 4 de Abril de Machala y el sector conocido como Picoazá de Portoviejo fueron los primeros lugares en congregar a sus habitantes e integrarlos en las campañas de sensibilización sobre los efectos directos y colaterales de la violencia intrafamiliar.

“Debemos romper esos patrones socioculturales que justifican la agresión, debemos dejar de creer que la violencia intrafamiliar es un problema de alcoba, no es así, es un delito que deja consecuencias graves, separación de familias, mujeres muertas, niños huérfanos, por ello es imperante romper el miedo a denunciar, hablar de esto puede salvar vidas”, afirmó la Ministra de Justicia, este 25 de enero, en el barrio 4 de abril de Machala.

En estos espacios comunitarios, Zúñiga manifestó la preocupación de las autoridades ante los casos de presunto femicidio que se han presentado en el país durante las tres primeras semanas del 2017. “Tenemos conocimiento que de acuerdo a información oficial son 14 casos de femicidio que se han presentado en estos días, esto nos alarma, hemos encontrado que varias mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas sin que exista una denuncia previa de violencia intrafamiliar, por ello es importante generar una alerta, una alarma”, informó la Secretaria de Estado.


“… Casos que iniciaron con un insulto, empujones, maltratos, terminaron con mujeres muertas y niños huérfanos, es importante que logremos concientizar, por ello es importante la prevención”, afirmó durante su visita a la Cooperativa Independencia 1 de Guayaquil.



Durante una de las jornadas participativas, Susana B., habitante de la cooperativa Sergio Toral II, agradeció la iniciativa que involucra a la comunidad en la lucha contra la violencia de género. “En este sector hay varios casos de mujeres que son víctimas de violencia, hemos tenido casos de mujeres asesinadas a manos de sus parejas, gracias a encuentros como este tenemos conocimiento de cómo denunciar estos hechos, pues muchas de nosotras callamos y ahora sabemos a dónde podemos acudir y quien nos puede dar el apoyo. De nuestra parte un agradecimiento muy grande por ese apoyo incondicional ante esta problemática alarmante”, afirmó.

Con un tímido y casi innato gesto de afirmación, María T., habitante de la Cooperativa Independencia 1, reconoció ser víctima de violencia al interior de su hogar, con su hijo en brazos, escuchaba atenta la charla. “Desde pequeños nos enseñan que las mujeres debemos obedecer al marido, por eso es que muchas mujeres solo agachamos la cabeza ante las agresiones y los insultos, pero por el bien de mis hijos voy a poner un alto a la violencia”.

“Como comunidad hay que sensibilizarnos ante cualquier forma de violencia intrafamiliar. Si conocemos de un caso, si escuchamos o vemos que cerca de nosotros existe violencia denunciemos, llamemos al ECU 911 y pidamos ayuda. Alertar salva vidas”, afirmó la Secretaria de Estado.

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Calidad, diseño e innovación, es la propuesta de la marca penitenciaria ONCE ONCE

A su ingreso al Centro de Rehabilitación Social Cotopaxi, buscó la manera de que el tiempo de cumplimiento de su sentencia pase rápido, dedicándose a la mayor parte de actividades que se promueven dentro del Centro.  De esta manera, “María” se involucró en el taller de costura, aprendiendo desde lo más básico, como pegar un botón, hasta confeccionar un vestido de alta costura. 

Luego de un proceso de capacitación profesional  impulsado por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, en coordinación con el Ministerio de Cultura y Patrimonio, en el que participaron profesionales del Instituto Tecnológico Superior de Diseño, Dismod; María, junto con nueve de sus compañeras de taller que recibieron capacitación profesional en costura, ahora forman  parte del proyecto Once Once.

Aunque por varios años  las personas que cumplen su  etapa de internamiento  en los centros penitenciarios del país, han participado de distintos talleres como parte de su proceso de rehabilitación social; esta vez, confeccionar prendas de vestir es más que una actividad para “pasar el tiempo”.  María y sus compañeras  son las encargadas de la elaboración de la primera colección de camisetas de la marca Once Once.

Por tres semanas, el grupo de modistas del Centro de Rehabilitación Social (CRS) dedicó su tiempo para producir las prendas que fueron diseñadas junto con los docentes de Dismod. La creación de los bocetos para el estampado, en cambio, fueron el resultado de una elección de dibujos que realizaron los internos, cada uno con una historia.  

El resultado de su trabajo, se presentó en la Pasarela “Diseño y Libertad”, el 30 de noviembre en Quito, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana; y en Guayaquil, el 13 de diciembre, en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de Guayaquil. Modelos profesionales, artistas y mujeres privadas de libertad, desfilaron la primera colección textil de la marca Once Once,  en estos eventos a través de los cuales se realizó la presentación oficial de la marca penitenciaria del Ecuador.

‘Once Once’  es una jerga penitenciaria que significa “estar atentos”, “ponerse pilas”, “ponerse once”, de ahí, el nombre de la marca con la que se comercializan los productos elaborados por las personas privadas de libertad (PPL).  Cada artículo que se distribuya bajo ésta, responderá al lema de calidad, diseño e innovación garantizado por el Comité de aprobación, selección y evaluación  conformado por funcionarios de lo ministerios de Justicia y Cultura.

El proyecto  involucra a las personas en etapa de prelibertad, para promover su reinserción en el área laboral. Para ello, se conformó la asociación de personas preliberadas Mushuc Khallarina, en quichua que traducido al español significa Nuevo Comenzar, cuyo objetivo es abrir el mercado para la marca.  Este trabajo cuenta con el aval de los Ministerios de Justicia y Cultura, quienes realizan el acompañamiento en el proceso de mercadeo.

Para lograr el financiamiento, la cooperativa Mushuc Khallarina presentó el proyecto a los Fondos Concursales, no reempbolsables  2016, del Ministerio de Cultura y Patrimonio, resultando ganador de 40 mil dólares para emprender con el proyecto de producción textil en el que participan, tanto los 12 miembros de la cooperativa, como 25 PPL encargadas de la producción de las prendas y agendas, que  son parte de los primeros artículos presentados bajo la marca.

Al igual que María,  Javier J. es parte de este proyecto, en el área de Serigrafía, la técnica de impresión que se usó para estampar los logos en esta colección de prendas de vestir. Javier tiene conocimientos en esta área, razón por la que colabora dinámicamente con las demás PPL que realizan los estampados. 

“Nos alegra saber que hemos podido crear nuestra propia marca con el esfuerzo de las personas que estamos detenidas, esto es un ejemplo de que todo lo que nos proponemos lo realizamos siempre con miras a esa aceptación de la sociedad”, aseveró Erick R., interno que es parte del proyecto desde el taller de Serigrafía. 

Once Once es el resultado del compromiso del Gobierno Nacional, de promover la verdadera rehabilitación social y lograr la efectiva e integral reinserción de las personas privadas de libertad. A través del trabajo coordinado entre  las Carteras de Justicia y Cultura que promueven las capacidades de las personas privadas de libertad, y la colaboración de instituciones de educación superior, así como de la responsabilidad de la empresa privada que colabora en la comercialización de estos productos.

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Internos fueron beneficiados con indultos y rebaja de penas en 2016

Fortalecer la relación con sus familiares y buscar un trabajo son las prioridades de ‘Ronald’, quien cometió un acto ilícito por el cual fue sentenciado a 20 meses de privación de libertad, pero que gracias a la rebaja de penas otorgada en diciembre de 2016 por el presidente de la República, Eco. Rafael Correa, pudo salir seis meses antes.

El hombre cumplía su condena en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) El Rodeo, de Portoviejo, el cual sufrió serias afectaciones en su estructura a causa del terremoto del 16 de abril de 2016. Pese a la magnitud de la catástrofe decidió no huir del recinto, recuerda.

“Las paredes se fueron abajo, algunos compañeros incitaban a salir, tal vez porque querían ir a ver a sus familias, pero yo me quedé, nunca se me pasó por la mente escapar”, asegura.

‘Ronald’ confiesa que jamás imaginó que esa decisión le traería este beneficio por el cual agradece a Dios y a las autoridades. “Me siento feliz porque me faltaban seis meses, veré a mi familia antes de lo esperado”, expresa.

Para sus familiares fue una sorpresa recibir la llamada con la noticia. “Ellos sabían que el Presidente había dado una rebaja a los que no escaparon, pero no sabían que hoy ya podía salir libre”, explica Ronald.

Cuando habla con su hermana por teléfono ella le ofrece llevarle ropa y comida, sin embargo él insiste en que solo quiere que lo esperen en la puerta de salida del CRS Regional Guayas, donde fue trasladado luego del terremoto, en virtud de que El Rodeo entró en etapa de reconstrucción.

Antes de salir, Ronald rememora que durante su internamiento se incorporó a los talleres de carpintería, pues algo conoce de la materia, además reconoce que el actual sistema de rehabilitación social brinda diversas oportunidades de crecimiento, no obstante sostiene que estar privado de libertad no deja de ser duro, sobre todo la separación de los seres queridos.

Ahora ‘Ronald’ promete no volver a cometer actos ilegales y le recomienda a quienes tienen pensado participar en cualquier ilícito que primero piensen en sus hijos, pues ellos son quienes realmente sufren las consecuencias de sus errores.

“Salgo con otra mentalidad, con el favor de Dios no quisiera volver a cometer actos indebidos”, recalca ‘Ronald’, uno de los 47 favorecidos (hasta el 5 de enero de 2017) con la rebaja de pena establecida en Decreto Ejecutivo No. 1286, porque “no se evadieron del mencionado Centro (El Rodeo), o que, luego de la conmoción ocasionada por la catástrofe retornaron a este u otros centros de rehabilitación social a continuar el cumplimiento de su pena”.

Otros casos en 2016

El año anterior 11 internos fueron beneficiados por los indultos otorgados por el Primer Mandatario, entre ellos constan Fidel Araujo, Víctor Erazo, Carlos Cordonez, José Analuisa, Byron Riera y Enrique Hinojosa, quienes fueron sentenciados por su participación en la revuela policial del 30 de septiembre de 2010 (30S), pero que luego de admitir su culpa y presentar sus disculpas públicas recibieron el perdón de la pena.

Otro caso es el de Luis García, quien en 2012 fue sentenciado a ocho años de privación de libertad por el delito de peculado en perjuicio del Hospital Francisco de Icaza Bustamente (faltante en caja de $120), lo cual era sancionado en el artículo 257 del Código Penal que estuvo vigente hasta el pasado 9 de agosto del 2014. De la misma manera el imputado manifestó su arrepentimiento, pidió disculpas al Estado por el delito cometido y solicitó el indulto al presidente Correa, el cual fue concedido.

El dato
 

De acuerdo a lo que establece el artículo 147, numeral 18 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 74 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y el Reglamento publicado en el Registro Oficial No. 351, del jueves 9 de octubre del 2014, es atribución y deber del señor Presidente de la República “indultar, rebajar o conmutar las penas, de acuerdo con la ley”.

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17.797 PPL se insertaron durante el 2016 en actividades laborales, en pro de su reinserción social

Con la aplicación del Modelo de Gestión Penitenciaria en los centros de Rehabilitación Social (CRS) del país,  los ejes educativo, laboral, cultural, deportivo y de vínculos familiares  se fortalecieron para garantizar a las personas privadas de libertad (PPL) el acceso a programas de capacitación permanente y educación  formal en espacios adecuados, para cumplir el objetivo primordial del Estado de garantizar una verdadera rehabilitación social. 

En el ámbito laboral durante el 2016, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, incorporó a 17.797 personas privadas de libertad (PPL) a distintas actividades productivas y laborales encaminadas a la reinserción social, con el objetivo de impulsar a las personas privadas  de libertad para que descubran y desarrollen habilidades laborales a partir de la capacitación y la participación en programas que les permita tener un oficio, profesión o una idea clara de emprendimiento.

Los internos e internas de los CRS a escala nacional cuentan con infraestructura acondicionada para recibir la capacitación, sumado a los equipos necesarios que les permite fortalecer e incrementar sus habilidades. Es así que en el 2016 participaron 6.299 PPL en los talleres laborales de metalmecánica, carpintería, textil, panadería y zapatería. Mientras que las actividades de terapia ocupacional alcanzaron un numérico de 4.620 participantes, esto tiene que ver con tareas asociadas a la elaboración de artesanías y productos en fómix, origami, en tela y otros materiales.

 Además, durante este período se amplió la participación de internos e internas en los talleres  ocupacionales de carpintería, artesanías, panadería, manualidades en madera. A estos espacios se sumaron 4.140 PPL. Mientras que para servicios auxiliares como jardinería, peluquería, entre otros se integraron 2.729. 

Estas acciones están articuladas al Modelo de Gestión Penitenciaria que se ejecuta en concordancia con la política gubernamental diseñada para transformar el sistema penitenciario.  

Un modelo integral enfocado en brindar educación, salud, reforzar los vínculos familiares de las PPL; y considera como fundamental al eje laboral. Esto gracias a la inversión estatal de alrededor de 300 millones de dólares, con lo que se ha logrado consolidar una moderna infraestructura, equipamiento y tecnología de punta, todo esto destinado a los CRS Regionales de Azuay, Cotopaxi y Guayas y la repotenciación de los demás centros penitenciarios del país.

Reinserción laboral y certificaciones a PPL

Según los reportes del área Laboral del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, en mayo de 2016, esta Cartera de Estado participó en la asignación de GRANTS con la CISCO Networking  Academy, en el marco del proyecto de “Reinserción laboral con PPL capacitados en el programa CISCO”.  De ahí se certificó como formador de formadores a través de la ESPE-INNOVATIVE a cinco PPL, quienes replicarán los conocimientos aprendidos a un promedio de 90 PPL durante el año 2017.

En el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap) se han capacitado en emprendimiento agropecuario 177 PPL en varios CRS del país. Asimismo el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (Secap) certificó durante este año  en   competencias laborales en carpintería, metalmecánica a 22 PPL; y está en proceso la certificación de 250 PPL de todo el país.

Titulaciones en la rama artesanal

Durante el año 2016 se titularon 28 PPL en ramas artesanales ante la Junta Nacional de Defensa del Artesano, sustentado en el convenio de cooperación interinstitucional. Al momento se han beneficiado 115 PPL en las ramas artesanales de ebanistería, zapatería, corte y confección.

Lanzamiento de la marca ´Once Once´

A finales de noviembre de 2016 se oficializó la marca ´Once Once´ que será la que identifique los productos elaborados por las personas privadas de libertad. Esto incluye prendas de vestir y agendas fabricadas en los talleres de carpintería del CRS Regional Cotopaxi, como parte del programa piloto, al que se unieron las y los internos de los CRS de Guayaquil.

Fase de promoción y comercialización

Las personas o entidades interesadas en adquirir los productos hechos por las PPL, podrán recurrir a la Cooperativa de Producción Artesanal de nombre en Quichua ‘Mushuc Khallarina’ que significa ´Nuevo Comenzar´, conformada por 13 personas preliberadas de la Casa de Confianza Quito que funciona con los Fondos Concursables no renovables otorgados por la Cartera de Cultura y Patrimonio.​

El dato:

La misión del Modelo de Gestión Penitenciaria: Ofrecer un espacio multidisciplinario que  contribuya a la rehabilitación y reinserción social de  las personas privadas de libertad mediante la educación, el arte, cultura física, actividades laborales, crecimiento personal, construcción de un plan de vida, seguridad penitenciaria y la aplicación del sistema progresivo en el marco del respeto a los derechos humanos y  cumplimiento de sus obligaciones.

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Ledy Zúñiga: Acceder a carreras universitarias desde los centros penitenciarios es un hito histórico en el país

“El acceso a estudios universitarios para las personas privadas de libertad (PPL) es parte de la nueva rehabilitación, es un hito histórico en el país y ustedes son protagonistas de aquello”. Con esta afirmación, Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, inauguró en septiembre del 2016, el primer ciclo universitario del Centro de Rehabilitación Social (CRS) Regional Turi que integra a 64 PPL.

Estas 64 PPL se suman a los procesos de educación superior que fomenta el Ministerio de Justicia, en coordinación con la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) que en el 2016 integró a 386 alumnos y alumnas que desde los centros penitenciarios estudian en diferentes universidades del país.

Las y los estudiantes han optado su ingreso a los estamentos de educación superior una vez que se han interesado en obtener una profesión y por ende se ha involucrado en las etapas de inscripciones previas al rendimiento del Examen Nacional de Educación Superior (ENES).

Quienes aprobaron el ENES y cumplieron con todos los parámetros de valoración, accedieron a distintas universidades del país.

Las universidades que actualmente ofertan estudios de tercer nivel a las PPL son: Politécnica Salesiana con el 34,45%; Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), que alcanza el 32,9%; Universidad Católica Santiago de Guayaquil el  17,35%; la Escuela Superior Politécnica del Ejército un 10,1%; el Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar 3,88%; la Universidad Tecnológica Equinoccial el 0,51%, Universidad Internacional del Ecuador con 0,25%, Universidad Católica de Cuenca 0,25%,  y la Universidad Central del Ecuador con el  0,25%.

En el caso de la UTPL cuenta con la oferta académica “Beca Minorías” que permite a las PPL que tienen un record de buena conducta optar por este tipo de beneficio que reduce el costo de los estudios superiores.

Las profesiones por las que más optan las PPL son: Administración de Empresas, Ciencias Jurídicas, Contabilidad y Auditoría, Logística y Transporte, Telemática, Psicología, Mecánica Industrial, Trabajo  Social, Contabilidad, Ingeniería  en  Marketing, Turismo, Ciencias de la Educación, Educación Infantil, Informática y Gestión Ambiental, entre otras.

Para octubre de 2016, se aprobó el informe sobre el cumplimiento de los requisitos de las carreras de Tecnología Superior en Logística y Transporte, y Telemática, implementadas en el  CRS Regional Cotopaxi, donde se integraron 99 PPL en distintos niveles según las opciones.

Para la Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, las personas privadas de libertad “forman parte de la nueva rehabilitación”, y respecto al acceso a la educación superior desde los centros penitenciarios considera que es un hito histórico en el país…”Ustedes son protagonistas de aquello, gracias a la decisión política del Gobierno Nacional”.

Datos

En julio de 2016, rindieron el ENES 104 PPL del  CRS Regional Turi, de este grupo  aprobaron 77  estudiantes,  e  ingresaron  64  quienes postularon en la carrera Administración de Empresas, modalidad vespertina, ofertada por la Universidad Politécnica Salesiana

Código Orgánico Integral Penal

En su artículo 704 el código Orgánico Integral Penal (COIP) estipula que “El Sistema de Rehabilitación Social promoverá la educación superior y técnica a través de la suscripción de convenios con institutos o universidades públicas o privadas. Los convenios garantizarán que la enseñanza se imparta en las condiciones y con el rigor y calidad inherentes a este tipo de estudios, adaptando, en lo que es preciso, la metodología pedagógica a las circunstancias propias de los regímenes de privación de libertad”.

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La democratización de los derechos y responsabilidades de las PPL garantizan su efectiva rehabilitación

“No es fácil,  cada día nos encontramos con nuevos retos, el más difícil es cambiar la percepción que la sociedad tiene de nosotros. Todos llevamos un mismo uniforme y comemos la misma comida,  pero la diferencia más grande es que ya no somos, solamente los que estamos encerrados, aquí somos costureras,  artesanos,  estudiamos, trabajamos, nos convertimos en artistas y hasta tenemos sueños,  aquí empezamos de nuevo”, es el testimonio de Teresa H., persona privada de libertad (PPL) del Centro de Rehabilitación Social (CRS) Regional Cotopaxi. 

 

Como Teresa, miles de PPL a escala nacional reconocen sus derechos y participan de las actividades que fomenta el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, para su efectiva rehabilitación y reinserción social.

Este es el resultado de las políticas públicas aplicadas por el Gobierno Nacional en materia de rehabilitación social, cuyo enfoque prioriza el tratamiento integral de cada interno, a través del Modelo de Gestión Penitenciaria del  Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y que involucra,  además,  a los ministerios de Educación, Salud, Cultura, Deporte, Trabajo, entre otras entidades públicas y privadas.

Gracias a este trabajo interinstitucional se garantiza el derecho a la salud, a la  educación y a la cultura  de las personas privadas de libertad, como responsabilidad directa y prioritaria del Estado, que busca mejorar su calidad de vida y otorgar herramientas que aporten a su efectiva rehabilitación y  reinserción, conforme lo establecido en el artículo 12 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Así, durante el 2016, cerca de 8.000 PPL iniciaron, retomaron y/o finalizaron sus estudios, dentro del sistema educativo formal ecuatoriano. Estos procesos pedagógicos incluyen alfabetización y todos los niveles correspondientes para culminar la primaria y la educación básica superior, además del acceso a carreras universitarias.

Adicionalmente, 17.797 PPL participaron, durante el 2016, en actividades laborales en pro de su reinserción social. Los internos e internas de los Centros de Rehabilitación Social (CRS), a escala nacional,  cuentan con infraestructura acondicionada para recibir la capacitación, y con los equipos necesarios que les permite fortalecer e incrementar sus habilidades. Para el 2016, se registra la participación de 6.299 internos en los talleres de: metalmecánica, carpintería, textil, panadería y zapatería.

La terapia ocupacional alcanzó un numérico de 4.620 PPL, esto tiene que ver con tareas asociadas a las manualidades y elaboración de productos provenientes del fómix, origami, en tela y otros materiales.

En cuanto al acceso a servicios de salud, gracias a la gestión interministerial de las carteras de Justicia y de Salud Pública, este derecho constitucional asume un carácter integral y está orientado a la prevención de enfermedades,  y a su tratamiento. 

En el primer semestre de 2016,  se registraron 199.018 atenciones médicas en: medicina general, odontología y salud mental a escala nacional. 6500 PPL recibieron atención especializada para el tratamiento de desintoxicación, deshabituación y consumo de drogas. Además, se efectuaron varias campañas nacionales de vacunación, tamizajes de VIH, y fumigaciones en los CRS para prevenir la propagación de virus y bacterias. 

 “Por ellos y ellas, miles de hombres y mujeres que luchan por una segunda oportunidad, por sus familias, y para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, por esas miles de razones, el Gobierno Nacional ratifica su compromiso de promover  el conocimiento y ejercicio de los derechos de las PPL, y trabajar por y para su efectiva rehabilitación”, Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

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Participación de PPL en procesos de educación formal reflejó un incremento en el 2016

Como parte de los procesos de rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad (PPL), trazados desde una política pública nacional; en el último trimestre del año 2016 se registra un número elevado de participaciones en educación escolarizada y no escolarizada, en este sector de la población.

En educación escolarizada el número de estudiantes fue de 7.009, y mientras que la no escolarizada llegó hasta 8.724

Para garantizar el derecho de las personas privadas de libertad (PPL) a la educación, los ministerios de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y de Educación, diseñaron la propuesta: “Modelo de Implementación y Ejecución de Ofertas Educativas para personas en contextos de encierro en el Ecuador”, que se encuentra en fase de implementación desde el mes de junio del 2016 y se ejecutará aproximadamente hasta el primer trimestre del 2017. En este periodo se prevé insertar más PPL hasta alcanzar a  los 7.739 alumnos.

Educación no escolarizada refuerza conocimientos

Durante el primer trimestre del 2016 las capacitaciones extracurriculares a escala nacional tuvieron una participación de 6.561, sin embargo al cierre del año se contó con 8.724 participaciones.

Las PPL de cada uno de los centros de Rehabilitación Social (CRS), incluidos los regionales de Guayas, Cotopaxi y Azuay, así como los centros de Detención Provisional (CDP) y casas de Confianza, fueron parte de actividades que le dieron fuerza y se enfocaron en el desarrollo de sus habilidades cognitivas. Educación para la Salud y Prevención de Enfermedades; Derechos sexuales y reproductivos; Derechos Humanos; Género y Violencia Intrafamiliar; Relaciones Humanas; Educación en valores; Procedimiento Legal y Ejecución de penas; Computación y Uso de Tecnologías; Idiomas, Religión y Cultos; Cultura de paz; Escuela para Padres y Madres; Biblioteca; entre otros, fueron las temáticas que se impartieron durante el 2016.

Para el desarrollo de estas capacitaciones se recibió el apoyo de entidades  gubernamentales, privadas, y en algunos casos de las propias PPL, quienes con experticia impartieron a sus compañeros de internamiento diversos talleres con una metodología participativa. Para el aprendizaje se incluyó en algunos casos material audiovisual, bibliografía  de acuerdo a la temática y otro tipo de elementos didácticos.

Todas estas acciones se sustentan además en los preceptos establecidos en la Constitución de la República, Código Orgánico Integral Penal (COIP), normativa legal vigente y los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos.

Datos adicionales:

En la Sección Octava, artículo 51 de la Constitución de la República se reconocen los derechos de las personas privadas de libertad. Además el artículo 12, numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) señala: el Estado reconoce el derecho al trabajo, educación, cultura y recreación de las personas privadas de libertad y garantiza las condiciones para su ejercicio (…)”.

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En el 2016 se efectuaron cerca de 1500 operativos de seguridad penitenciaria

Gracias al trabajo coordinado de la Unidad de Inteligencia Penitenciaria (UIP), agentes de Seguridad Penitenciaria (ASP)  y efectivos de la Policía Nacional, se efectuaron cerca de 1500 operativos de seguridad al interior de los centros de Rehabilitación Social (CRS) y los centros de Detención Provisional del país.

Estas acciones conjuntas permiten detectar e incautar objetos prohibidos, mismos que mediante una cadena de custodia son remitidos a las autoridades competentes para que mediante proceso investigativo bajo el debido proceso se determinen responsabilidades y se apliquen las sanciones respectivas conforme lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal.

Así se desarticularon presuntas organizaciones delictivas, algunas conformadas por personas privadas de libertad, que pretendían ejercer actividades ilícitas desde los centros penitenciarios. Asimismo se ha desvinculado del sistema a servidores públicos, penitenciarios y policiales,  por su supuesta participación en actos de corrupción.

En este período los registros dan cuenta de la confiscación a escala nacional de: armas cortopunzantes de fabricación artesanal, teléfonos celulares, chips, memorias USB, sustancias sujetas a fiscalización, cigarrillos, puntas artesanales, pipas y licor artesanal, entre otros artículos de uso prohibido al interior de los centros penitenciarios.

Para Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, el trabajo y ejecución permanente de los operativos penitenciarios tienen como objetivo precautelar la seguridad ciudadana.

“Al eliminar los artículos prohibidos de los CRS, garantizamos la seguridad tanto de los centros penitenciarios como de las mismas PPL, sus familiares quienes ingresan frecuentemente a visitarlos, las y los funcionarios del sistema penitenciario pero sobre todo la seguridad ciudadana. Además, fortalecemos la aplicación de los procesos orientados a la verdadera rehabilitación de las PPL”, aseguró.

Datos adicionales:

El 20 de mayo de 2015 entró en funciones la Unidad de Inteligencia Penitenciaria (UIP) del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, cuyo objetivo es mejorar los niveles de seguridad al interior de los centros de privación de libertad, para evitar incidentes que alteren la seguridad penitenciaria y el orden público; así como aportar a la identificación, localización y neutralización de organizaciones delictivas y redes de corrupción que pretendan operar tanto al interior como al exterior de los centros de privación de libertad.

Código Orgánico Integral Penal

Artículo 275.- Ingreso de artículos prohibidos.- La persona que ingrese, por sí misma o a través de terceros, a los centros de privación de libertad, bebidas alcohólicas, sustancias catalogadas y sujetas a fiscalización, armas, teléfonos celulares o equipos de comunicación; bienes u objetos prohibidos adheridos al cuerpo o a sus prendas de vestir, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. La misma pena se aplica en el caso de que los objetos a los que se refiere el inciso anterior, se encuentren en el interior de los centros de rehabilitación social o en posesión de la persona privada de libertad.

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