Agentes de Seguridad Penitenciaria de Guayas reciben nueva capacitación en Derechos Humanos

Cómo controlar la ira y cómo demostrar respeto a las personas privadas de libertad (PPL) son dos de los temas que estudiarán durante esta semana los Agentes de Seguridad Penitenciaria que prestan servicios en los Centros de Rehabilitación Social (CRS) Varones No. 1 de Guayaquil y Regional Guayas.

Magdalena Aguirre, una de las capacitadoras, explicó que la idea es refrescar los conocimientos del personal encargado de la seguridad en los CRS, con el fin de que mantengan el orden con respeto absoluto a los derechos humanos.

La instructora puso como ejemplo el escenario en que una PPL en estado de ira podría insultar o intentar agredir a otro persona, situación en la que el ASP debe tener una reacción acertada, es decir, emplear los medios adecuados para que retorne la calma y evitar que el incidente pase a mayores.

Además se profundizará en el Modelo de Gestión Penitenciaria vigente en los CRS, el cual está articulado bajo los ejes de trabajo, educación, cultura, deporte, salud y vínculos familiares.

Manfred Rosales, otro de los tutores, manifestó que se ahondará en cada uno de estos pilares y en los principios del tratamiento que se aplica en los CRS.

Al incrementar su nivel académico las ASP pueden garantizar la seguridad en los recintos y también transmitir a las PPL que no se vulnerarán sus derechos, pero que también deben cumplir con sus obligaciones.

El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos impulsa este tipo de actividades de manera permanente en beneficio del desarrollo de un adecuado proceso de rehabilitación y reinserción social.

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323 internos del CRS El Rodeo de Portoviejo fueron trasladados al CRS Regional Guayas

Bajo estrictas normas de seguridad, la noche de este 17 de julio, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, dio cumplimiento al traslado de 323 personas privadas de libertad (PPL) del Centro de Rehabilitación Social (CRS) El Rodeo de Portoviejo, hasta el CRS Regional Guayas.

El objetivo principal es precautelar la integridad física de las PPL, sus familiares y el personal administrativo, una vez que ha iniciado el proceso de reconstrucción del CRS en la provincia de Manabí, afectado por el terremoto del pasado 16 de abril.

La Dirección de Seguridad del Ministerio de Justicia, lideró el operativo que contó con la   participación de 10 agentes del Grupo Especial Alpha (GEA), 11 agentes de Seguridad Penitenciaria (ASP) y 150 efectivos de la Policía Nacional.

Verónica Sabando, notaria Primera de Portoviejo, participó en el operativo, certificó que tras la salida de los internos, las puertas de las celdas y de los pabellones quedaron selladas a fin de realizar posteriormente la entrega de las pertenencias a los familiares.

Con este último traslado, queda desocupado en su totalidad el CRS, lo que facilita la ejecución de los trabajos de reconstrucción y ampliación de los espacios de este recinto penitenciario. Se tiene proyectado construir dos nuevos pabellones con capacidad para 400 PPL cada uno y espacios adecuados para el desarrollo de las visitas. Se espera duplicar la capacidad del CRS.

Reconstrucción

El pasado martes 12 de julio iniciaron los trabajos de reconstrucción. Se levantan  los muros internos de los pabellones de mínima y mediana seguridad, y se construirá el cerramiento perimetral del Centro de Rehabilitación reforzando la seguridad.

La provincia de  Manabí, contará con un centro moderno donde se aplicará el Modelo de Gestión Penitenciaria para la rehabilitación integral de las PPL. Las personas trasladadas retornarán al centro cuando culmine la obra.

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Según Comité de Derechos Humanos de ONU el Ecuador presenta varios avances en materia de protección de derechos en comparación alinforme presentado en 2009

Tras el examen del sexto informe periódico del Ecuador, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) emitió sus conclusiones y recomendaciones, en las que destaca varios de los avances alcanzados por el país en materia de protección de derechos de las mujeres, de las personas privadas de libertad (PPL), grupos LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales), entre otros, así lo informó Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, en rueda de prensa, este 15 de julio.

Respecto de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres el Comité resalta los avances registrados en materia laboral y en la participación de las mujeres en la vida pública y política del país. 

“En 2009, el Comité de Derechos Humanos mostraba la preocupación por la falta de participación de las mujeres en la vida pública y laboral. Ahora ha rescatado y destacado como el Ecuador da la posibilidad de que las mujeres podamos participar en la vida pública. El alto porcentaje femenino en la conformación de la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional son una muestra de aquello. En este sentido el Comité recomienda  intensificar sus esfuerzos con miras a eliminar los estereotipos de género sobre el papel y las responsabilidades de los hombres y de las mujeres en la familia y en la sociedad”, informó la Ministra de Justicia.

La legislación con enfoque de derechos es una de las acciones más destacadas por el Comité. La tipificación y sanción del femicidio y de los delitos cometidos contra la mujer y/o cualquier miembro del núcleo familiar, en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente desde agosto de 2014, es una de las innovaciones más destacables.

 Además se ha fortalecido la Red Nacional de Atención para víctimas directas y colaterales de esta problemática social. Dicha Red que en 2007 contaba con ocho puntos de atención, actualmente está conformada por 23 centros de atención externa y cinco casas de acogida, y cuenta con 41 equipos técnicos, que proporcionan atención integral gratuita a víctimas directas y colaterales de las distintas formas y manifestaciones de la violencia de género.

“Sobre los derechos de las personas LGBTI, a diferencia del Informe del 2009, el documento difundido ahora por el Comité de Derechos Humanos de la ONU resalta las medidas adoptadas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, así como las estrategias implementadas por el Estado para el cierre de las clínicas clandestinas dedicadas a aplicar supuestos procesos de ‘deshomosexualización’, así como la prohibición de la discriminación, entre otras, por razones de identidad de género y orientación sexual”, señaló la titular de Justicia.

Sin embargo, y en este sentido, el Comité denota preocupación por los hechos de violencia y discriminación contra este segmento poblacional, por lo que insta a tomar las medidas adecuadas para prevenir y sancionar actos que atenten a su pleno goce de derechos. 

En materia penitenciaria, la titular de Justicia destacó el reconocimiento que hace el Comité a los esfuerzos y a la inversión pública con la que el Estado ecuatoriano construyó nueva infraestructura, esfuerzo que permitió reducir el hacinamiento en los centros de Rehabilitación Social del país. “Antes del 2010 el hacinamiento superó el 150%, lo que generó gran preocupación al Comité. El 2015 cerramos con un porcentaje de hacinamiento de menos del uno por ciento, esto nos ha permitido además reducir los niveles de violencia al interior de los CRS y aplicar efectivos procesos de rehabilitación”, resaltó Ledy Zúñiga.

El Comité toma nota de las numerosas medidas adoptadas por el Estado parte para combatir y sancionar la violencia contra la mujer incluyendo los casos de abuso y violencia sexual en centros educativos. El Organismo recomienda continuar reforzando estas medidas especialmente con miras a prevenir, combatir y sancionar de manera eficaz los abusos y la violencia sexual en los centros educativos.

Sobre la judicialización de casos de lesa humanidad, el Comité de Derechos Humanos mostró el aporte que implica para la reparación de los derechos de las víctimas la creación de la Comisión de la Verdad que presentó su informe final “Sin verdad no hay justicia” en 2010. Asimismo reconoció  la adopción de la Ley para la reparación de las víctimas y la judicialización de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008.

En el encuentro con medios de comunicación que se desarrolló en las instalaciones de la Secretaría de Comunicación, Secom, participaron además Guillaume Long, canciller de la República, Diego Fuentes, viceministro del Interior y Patricio Barriga, titular de la Secom.

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Ministra de Justicia oficializa indulto humanitario concedido por presidente Rafael Correa

Este jueves 14 de julio, Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, ejecutó la boleta de libertad de Yúber Navarro, interno del Centro de Rehabilitación Social de Ibarra, a quien se le concedió el indulto presidencial por razones humanitarias.

Yúber N., quien fue sentenciado en enero a tres años y cuatro meses por el delito de robo, sufre de cáncer al pulmón en fase terminal. Por ello Rafael Correa Delgado, presidente Constitucional de la República, mediante Decreto No. 1115, condonó la pena privativa de libertad y dispuso a la Ministra de Justicia su ejecución inmediata.

Mientras que la sanción pecuniaria establecida en la sentencia (pago de 12 salarios básicos unificados) fue previamente exonerada por Bella Garcés, jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Imbabura. 

En el hospital San Vicente de Paúl de la ciudad de Ibarra, donde permanecía el interno,  Ledy Zúñiga, a nombre del Primer Mandatario hizo efectiva la boleta de libertad. Por recomendación médica Yúber Navarro fue trasladado hasta el puente Rumichaca (Tulcán) en una ambulancia del Sistema ECU 911, posteriormente se dirigirá hacia su natal Pereira, Colombia, donde se reencontrará con su familia.

“El Presidente de la República otorgó el indulto por razones humanitarias y en este momento Yúber Navarro, joven de 25 años ha recuperado su libertad. Por las condiciones de salud los médicos le han dado el alta y han dicho que debe ir a su casa junto a sus familiares donde se le aplicará un tratamiento paleativo”, informó la Ministra en rueda de prensa.

Por su parte Juan Colorado, cónsul de Colombia en nuestro país agradeció al Gobierno y al pueblo ecuatoriano por este gesto humanitario que benefició a su connacional. “Este es el resultado de una decisión soberana de un Estado que le da prelación a los derechos humanos”.

Este es el primer indulto humanitario que se concede en el 2016. Durante el 2015, el Primer Mandatario otorgó el perdón de la pena a 18 personas privadas de libertad. 13 en el marco de la visita apostólica que efectuó al país el Papa Francisco, cuatro a personas privadas de libertad (PPL) sentenciadas por el delito de transporte ilegal de combustibles en zona de frontera, y uno con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El dato: 

Las condiciones para la Concesión de Indulto, Conmutación o Rebaja de Penas, están establecidas en el Reglamento que fue suscrito en octubre del 2014 por Rafael Correa, presidente de la República y Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. La solicitud debe ser presentada por escrito al Ministerio de Justicia, entidad que revisará que el requerimiento cuente con la información completa. Las personas privadas de libertad (PPL) que hayan recibido sentencia, en última instancia, por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia no se considerarán entre los posibles beneficiarios.

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Ministra de Justicia oficializa indulto humanitario concedido por presidente Rafael Correa

Este jueves 14 de julio, Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, ejecutará la boleta de libertad de Yúber N., interno del Centro de Rehabilitación Social de Ibarra, a quien se le concedió el indulto presidencial por razones humanitarias.

Yúber N., quien fue sentenciado en enero a tres años y cuatro meses por el delito de robo, sufre de cáncer al pulmón en fase terminal. Por ello Rafael Correa Delgado, presidente Constitucional de la República, mediante Decreto No. 1115, condonó la pena privativa de libertad y dispuso a la Ministra de Justicia su ejecución inmediata.

Mientras que la sanción pecuniaria establecida en la sentencia (pago de 12 salarios básicos unificados) fue previamente exonerada por Bella Garcés, jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Imbabura. 

El dato: 

Las condiciones para la Concesión de Indulto, Conmutación o Rebaja de Penas, están establecidas en el Reglamento que fue suscrito en octubre del 2014 por Rafael Correa, presidente de la República y Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. La solicitud debe ser presentada por escrito al Ministerio de Justicia, entidad que revisará que el requerimiento cuente con la información completa. Las personas privadas de libertad (PPL) que hayan recibido sentencia, en última instancia, por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia no se considerarán entre los posibles beneficiarios.

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En Imbabura, Ministra de Justicia lideró novena Mesa Territorial de Género

Con el objetivo de fortalecer la implementación del Plan  Nacional de Violencia de Género contra las Mujeres, Niñez y Adolescencia en todas las provincias del Ecuador, este martes 12 de julio, en la ciudad de Ibarra, se instaló la novena Mesa Territorial de Género, espacio en el que representantes de las funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial desarrollaron en territorio un encuentro participativo con organizaciones de mujeres, autoridades locales y ciudadanía.

 
Durante la jornada, autoridades y organizaciones de la sociedad civil evaluaron los avances en las acciones y programas que forman parte del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género que desde 2014 lidera el Ministerio de Justicia y del que también forman parte los ministerios del Interior, Educación, Salud Pública, Inclusión Económica y Social, así como los consejos nacionales para la Igualdad de Género e Igualdad Intergeneracional.

Para Ledy Zúñiga Rocha, titular de Justicia, esta acción conjunta permite democratizar los acuerdos, protocolos y decisiones que se ejecutan desde las entidades gubernamentales, en beneficio de víctimas directas y colaterales de las distintas formas de violencia de género e intrafamiliar.

“Es importante que juntos, el Estado, las autoridades tanto nacionales como locales y las organizaciones civiles de mujeres propongamos y construyamos la actualización de los ejes del Plan de Erradicación de la Violencia. El aporte de la sociedad civil es fundamental ya que son estos organismos los que por décadas han asumido la noble y dura tarea de brindar atención y acogida a mujeres y familias víctimas de la violencia”, señaló Zúñiga.

 
La Ministra de Justicia se refirió además a los datos obtenidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec) a través de la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, mismos que señalan que en Imbabura el 63% de las mujeres sufrió alguna vez violencia de género, cifra que supera la media regional. “Según el Inec, "El 12% de mujeres sufrió alguna vez violencia sexual, el 35% violencia física y existen 11 casos de femicidio que son investigados. Y a fin de atender de manera integral esta problemática social enfocamos el trabajo de las mesas territoriales en tres ejes: prevención, atención y reparación”, informó la funcionaria ministerial.
Por su parte Rubén Espinosa de los Monteros, director Provincial del Consejo de la Judicatura, destacó la importancia de contar con unidades y operadores de justicia competentes para conocer y resolver casos relacionados con las distintas formas de violencia de género.

"Ahora se aplica el principio constitucional de especialización. Contamos con más de 100 jueces especializados en materia de género, tres de ellos prestan sus servicios en Imbabura. Tenemos un cambio trascendental y estructural que garantiza el acceso efectivo a la justicia y evita la revictimización", señaló el titular provincial del Consejo de la Judicatura.

Mientras que Marisol Peñafiel, asambleísta por Imbabura, recordó que en el Ecuador la prevención y erradicación de la violencia que afecta principalmente a mujeres, niños, niñas y adolescentes es una política de Estado y prioridad nacional.

El Comandante de Policía de la Zona 1, a la que pertenece Imbabura, acotó que 4.300 servidores policiales serán capacitados en prevención de Violencia de Género. “La Policía Comunitaria está capacitada para atender posibles casos de violencia contra la mujer y la familia”, concluyó el servidor policial.

El dato:
Mediante Decreto Ejecutivo No. 438, firmado por Rafael Correa Delgado, presidente Constitucional de la República, el pasado 27 de agosto del 2014, se concretó el traspaso de competencias, la coordinación y ejecución de la política pública que busca prevenir y erradicar la violencia de género contra la niñez, adolescencia y mujeres desde el Ministerio del Interior hasta la Cartera de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

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Ministra de Justicia evaluó situación en centros penitenciarios de Esmeraldas

Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, analizó las condiciones de infraestructura, salud y seguridad en los centros de Rehabilitación Social (CRS) Femenino y Masculino de Esmeraldas, a fin de verificar la aplicación de los planes de contingencia creados para enfrentar emergencias como las derivadas del terremoto del pasado 16 de abril, así como las réplicas y movimientos telúricos posteriores.

 

 

La Ministra de Justicia recorrió los pabellones de los CRS para conocer de cerca las áreas afectadas y disponer acciones para su inmediata readecuación. Además dialogó con las personas privadas de libertad (PPL) de estos centros.

“Compañeros, hay que guardar la calma, las réplicas son normales tras el terremoto de 7.8 grados que azotó al país hace casi tres meses. Estamos aquí para evaluar la situación en los centros y garantizar su integridad y la seguridad de ustedes, sus familias, funcionarios del sistema y de la ciudadanía en general”, informó a los internos Ledy Zúñiga.

 

 

Ante las últimas réplicas que afectaron a Esmeraldas y Manabí, Rafael Correa Delgado, presidente Constitucional del Ecuador, anunció el decreto de un nuevo Estado de excepción para ambas provincias, medida que permitirá activar los fondos contingentes y movilizar los equipos de seguridad, socorro, salud y rescate para enfrentar las secuelas originadas por este tipo de desastres.

 

 

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