Con
la participación de la Procuraduría del Estado y los ministerios de
Justicia, Derechos Humanos y Cultos, y el de Ambiente, el Estado
ecuatoriano demostró ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) que existen múltiples inconsistencias provocadas por los peticionarios y los ahora co-peticionarios en el caso de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntari (PIAV), Tagaeri y Taromenane.
Ricardo Velasco, abogado de Procuraduría señaló que con las comparecencias de los abogados de Yasunidos y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), se “intenta construir un caso bajo un supuesto patrón continuado de violaciones de derechos humanos” en referencia a las denuncias de los años 2003, 2006 y ahora del 2013.
Por
su parte, Alonso Fonseca, también abogado de la Procuraduría reseñó
todos los avances que el Estado ha logrado en cuando a la aplicación del
Plan de Medidas Cautelares. Así, destacó la implementación de un cerco
epidemiológico a cargo del Ministerio de Salud Pública para evitar
eventuales contagios de los no contactados con enfermedades para las
cuales no poseen una memoria inmunológica.
Habló también de la delimitación de las zonas intangibles, así como del territorio waorani que
en total engloba más de dos millones de hectáreas, equivalentes al 10
por ciento del área nacional, la misma que es adecuadamente monitoreada
por los ministerios de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Defensa e
Interior, entre otros.
Esta argumentación se complementó con la participación de Moi Enomenga, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (Nawe), quien resaltó el apoyo que su nacionalidad recibe por parte del Estado, en especial en temas de educación y salud.
Todas estas intervenciones se dieron en el marco del 156 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para tratar sobre la protección a los pueblos indígenas en aislamiento (PIAV) que se cumplió en Washington, EE.UU.
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