La ministra de Justicia Derechos Humanos y Cultos, Ledy Zúñiga, informó este viernes 22 de enero que se desarticuló una red de extorsión que operaba en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Archidona, provincia de Napo. En este caso estarían involucrados tres funcionarios de esta Cartera de Estado. "Avanza proceso de depuracion del sistema penitenciario, judicializados tres funcionarios del CRS Archidona", aseveró Zúñiga.
Carmen Q, directora del Centro de Rehabilitación Social de Archidona, Cristian A, conductor y José G, funcionario de la Dirección de Talento Humano, presuntamente solicitaban dinero a los agentes de Seguridad Penitenciaria (ASP) a cambio de eliminar de sus expedientes sumarios administrativos por faltas disciplinarias y además habrían beneficiado a personas privadas de libertad con el cambio de pabellones y el ingreso de artículos prohibidos.
La Ministra señaló que el Juez que conoció el caso dispuso la medida cautelar de prisión preventiva y el inicio de la etapa de instrucción fiscal que tendrá una duración de 90 días. La funcionaria fue enfática en señalar que no se tolerará este tipo de actos que buscan boicotear la consolidación de la transformación del sistema penitenciario.
"Hemos iniciado las acciones correspondientes para la inmediata desvinculación de la directora del CRS Archidona", acotó.
Como operaba la red de extorsión:
Para comprobar las denuncias la Unidad de Inteligencia Penitenciaria inició con las investigaciones y solicitó a la Unidad de Garantías Penales Especializada en Delitos Flagrantes de Pichincha la autorización para la vigilancia, seguimiento, filmaciones, grabaciones, tomas fotográficas y demás diligencias investigativas, las que se iniciaron el 26 de octubre del 2015.
Para el 6 de enero de este año ya se contó con algunos indicios cómo llamadas telefónicas entre los tres funcionarios procesados, en las que, supuestamente, se ponían de acuerdo en la cantidad que iban a cobrar por los trámites internos.
Con estos antecedentes el 21 de enero el Juez de Delitos Flagrantes de Pichincha ordenó la detención con fines investigativos y este 22 de enero se realizó la audiencia de formulación de cargos donde la autoridad judicial dispuso la prisión preventiva e inicio de instrucción fiscal.
El dato
La investigación se inició el 22 de octubre del 2015 por pedido del Jefe de la Unidad Judicial de la Dirección General del Inteligencia, tras una denuncia de una Agente de Seguridad de esa zona a quien, supuestamente, estas personas le pedían insistentemente dinero para borrarle faltas disciplinarias de su hoja de vida, y así evitar la salida de su puesto
Se los felicita por este accionar y así se debe hacer en todos los Centros yo se porque se los digo no diré nada más.
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