“Durante el 2015 se evacuaron cerca de cien mil boletas electrónicas de encarcelamiento y excarcelación”, así lo informó en rueda de prensa Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, este lunes 11 de enero de 2016, tras el desarrollo de la Mesa de Justicia, donde las autoridades evaluaron los avances obtenidos en materia penitenciaria, judicial y de seguridad ciudadana.
“Anteriormente hacer efectiva una boleta, específicamente de libertad, tomaba hasta 72 horas, en este sentido, y gracias al trabajo coordinado de las distintas instituciones, hemos reducido este tiempo a cuatro horas”, acotó Zúñiga.
Sobre las caducidades de la prisión preventiva, la funcionaria ministerial señaló que en el 2015 se registraron siete casos a diferencia del 2008, cuando hubo más de 2.000.
Respecto a las audiencias fallidas, existe un porcentaje del cuatro por ciento, el 96 por ciento de audiencias convocadas logran realizarse en el primer llamamiento.
Durante su intervención, la funcionaria ministerial se refirió además a las audiencias por videoconferencia. “En el 2015 se efectuaron más de 6.000 audiencias virtuales con un ahorro al Estado de más de 1.6 millones”. Asimismo informó del estado procesal de la población penitenciaria. “Cerca del 70% de personas privadas de libertad (PPL) cuentan con una sentencia”.
“Estas cifras demuestran que el trabajo interinstitucional y la políticas públicas enfocadas en fortalecer la seguridad jurídica y ciudadana aportan a la permanente lucha contra la impunidad”, afirmó Ledy Zúñiga.
Por su parte, Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura, destacó el trabajo de las Unidades de Flagrancia, donde se atendieron 79.399 casos. Precisó que ninguna persona aprehendida en el país se queda sin fórmula de juicio, dentro de las 24 horas, tras su detención. “No hay detenciones arbitrarias”, enfatizó Jalkh.
Atribuyó la disminución de la carga procesal de los tribunales penales a la aplicación del juicio directo, en delitos flagrantes, cuyos delitos tienen una sanción menor a cinco años. “Gracias a la aplicación del juicio directo disminuyó en un 40% la carga procesal, lo que significa un ahorro de más de siete millones de dólares para el país”, señaló.
Puesta en marcha de dispositivos de vigilancia electrónica
Durante la rueda de prensa, la Ministra de Justicia se refirió al proyecto gubernamental de dispositivos de vigilancia electrónica, iniciativa que se encuentra en la fase de pilotaje.
Conforme lo estipula el Código Orgánico Integral Penal (COIP) el uso del dispositivo electrónico se determinará en tres aspectos puntuales. Como medida de protección a favor de la víctima, como medida cautelar para personas procesadas por delitos menores, en casos de mujeres embarazadas, personas mayores de 65 años o con enfermedad incurable en etapa terminal y para personas que han devengado más del 60% de la pena y cumplen los requisitos necesarios para acceder al régimen semiabierto o más del 80% y las condiciones para beneficiarse del régimen abierto.
La Ministra de Justicia destacó que no todas las personas privadas de libertad (PPL) podrían acceder al uso del dispositivo electrónico. "Hay PPL que por su nivel de peligrosidad jamás podrán acceder a esta alternativa", acotó.
Los dispositivos de vigilancia electrónica estarán anclados al sistema de monitoreo del ECU 911, a decir de Zúñiga, todas las instituciones del sistema judicial, la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública, estarán directamente involucrados en la implementación de este proyecto.
“Hemos analizado la población penitenciaria que podría beneficiarse con el uso del dispositivo electrónico. Son 6.000 PPL las que aproximadamente podrían acceder a este beneficio. No todas las personas privadas de libertad podrían hacer uso del dispositivo electrónico. Hay PPL que por su nivel de peligrosidad jamás podrán acceder a esta alternativa", enfatizó.El dato
El Código Orgánico Integral Penal (COIP), establece en el artículo 522 los casos para el uso de los dispositivos.
Alternativas al apremio personal por alimentos
Una de las propuestas gubernamentales para garantizar el derecho superior que tiene el menor a la alimentación es el uso de los dispositivos de vigilancia electrónica.
“En el Ecuador se contabilizan 182.640 demandas por alimentos, donde más del 50% se han resuelto gracias a acuerdos alternativos entre las partes. Sin embargo, hasta el pasado mes de noviembre del 2015, 821 demandados, es decir el 0,45% cumplen medidas de apremio personal (privación de libertad) en los distintos centros de Detención Provisional del país”, informó Ledy Zúñiga.
Ante esto se proponen alternativas para estos casos, una de ellas es el uso de dispositivos de vigilancia electrónica que se complementaría con el apremio personal nocturno. “Estos padres cumplirán la medida privativa de libertad durante la noche, para que durante la mañana puedan trabajar, cumplir con su jornada laboral y así garantizar a los menores su derecho a la alimentación”.
Además se contempla la posibilidad de que el Estado pueda pagar la pensión alimenticia y la persona descuenta ese valor con trabajo para el Estado.
Cobertura judicial a escala nacional
Actualmente el Ecuador cuenta con 12 jueces por cada 100 mil habitantes y supera el promedio regional que es de 11. Los administradores de justicia ahora son designados a través de concursos de méritos y oposición, de ellos, el 99 por ciento tiene nombramiento, mientras que el uno por ciento cubre las vacantes por ausencias temporales.
En este sentido, el Presidente del Consejo de la Judicatura resaltó el incremento de administradores de justicia y de fiscales, gracias a lo cual la productividad en materia penal se multiplicó por 15. Hoy, los delitos flagrantes se juzgan con mayor agilidad, en 2008 apenas hubo 24 mil sentencias, ahora hay 394 mil. “Ecuador es reconocido como uno de los países en América del Sur que mejor lucha contra la impunidad y garantiza el debido proceso”, indicó.
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