La mañana de este jueves 07 de enero, durante el primer Gabinete de Seguridad del 2016, liderado por Rafael Correa, presidente Constitucional del Ecuador, Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, presentó los resultados de las pruebas y los alcances del proyecto de dispositivos electrónicos, medida alternativa a la prisión que actualmente está en la fase de pilotaje.
“La función primordial del uso del dispositivo electrónico es permitir a personas procesadas y/o sentenciadas por delitos menos graves cumplir con sus procesos de rehabilitación social fuera de los centros penitenciarios. Así garantizamos el pleno desarrollo de estas personas en su entorno familiar y sobretodo su reinserción social y familiar. Además protegería a una posible víctima, de violencia intrafamiliar por ejemplo, cuyo agresor tenga orden de alejamiento”, señaló la funcionaria ministerial.
Conforme lo estipula el Código Orgánico Integral Penal (COIP) el uso del dispositivo electrónico se determinará en tres aspectos puntuales. Como medida de protección a favor de la víctima, como medida cautelar para personas procesadas por delitos menores, en casos de mujeres embarazadas, personas mayores de 65 años o con enfermedad incurable en etapa terminal y para personas que han devengado más del 60% de la pena y cumplen los requisitos necesarios para acceder al régimen semiabierto o más del 80% y las condiciones para beneficiarse del régimen abierto.
"El dispositivo que se entrega a la víctima, como medida de protección, envía una alerta al usuario en caso de que el procesado esté cerca, adicionalmente se activa la alarma en el centro de monitoreo, lo que permite que en caso de ser necesario, la intervención inmediata de la fuerza pública", explicó Zúñiga.
La Ministra de Justicia destacó que no todas las personas privadas de libertad (PPL) podrían acceder al uso del dispositivo electrónico. "Hay PPL que por su nivel de peligrosidad jamás podrán acceder a esta alternativa", acotó.
Otra ventaja de esta medida alternativa a la privación de libertad es la eficiencia en el uso de los recursos públicos. "Con la puesta en marcha de este proyecto, el Estado tendrá un ahorro significativo. Optimizamos los recursos no sólo económicos, sino del personal policial".
En casos de arrestos domiciliarios, explicó Ledy Zúñiga, es necesario contar con el contingente de por lo menos tres policías que trabajan en turnos de ocho horas cada uno en la custodia de un procesado que cumple con la medida alternativa, lo que genera un costo diario de 90 dólares por cada privado de libertad. El uso del dispositivo reduce este costo a 5 dólares diarios aproximadamente.
El Gabinete de Seguridad se desarrolló en el Ministerio del Deporte y participaron además, César Navas, ministro Coordinador de Seguridad; José Serrano, ministro del Interior; la secretaria de Gestión Política, Paola Pabón; Christian Rivera, director General del SIS ECU 911, Galo Chiriboga Fiscal General del Estado, Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura, entre otros funcionarios.
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