Entrevista a Ricardo Pérez Manrique, ministro de la Suprema
Corte de Justicia de Uruguay
¿Cuáles son los aportes del Encuentro
Internacional denominado “Niños, niñas y adolescentes: víctimas y autores de
violencia”?
Ha
habido unanimidad en considerar que el principal aporte ha sido la posibilidad
de intercambiar experiencias con Francia y entre los países de América Latina y
El Caribe, encontramos que tenemos problemas comunes, cosa que ya sabemos, pero
sobre todo, y lo más importante es que hay líneas de acción positivas en
relación a la infancia en los distintos países y que tenemos que tener en
cuenta estas líneas de acción como un insumo para la tarea futura.
Y
como desafío, mantener estos niveles de coordinación y de conocimiento entre
nosotros a los efectos de que el rol del país vecino en la Región pueda ser
importante en cuanto a permitirnos superar nuestros problemas.
¿Cómo llevar a la práctica lo compartido en
este espacio?
El
mecanismo es recoger las experiencias, en lo personal hemos propuesto misiones
de intercambio entre varios países, a los efectos de poder hacer un diálogo
horizontal para intercambiar experiencias y para ver de acuerdo a la realidad
de cada país cuales son los mejores lineamientos.
¿Cuál es la realidad uruguaya respecto de
la delincuencia y la justicia juvenil?
Tenemos
un alto porcentaje de adolescentes que cumplen medidas de privación de
libertad, derivado con una incipiente integración social, pese a que Uruguay es
un país muy homogéneo y donde predomina la población adulta por sobre la de los
jóvenes, ahí hay un problema de reconocer al joven como sujeto de derechos y de
integrarlo. Ese es un problema y donde las políticas deben estar enfocada a
abrir puentes para que nos podamos reconocer todos como integrantes de una
misma sociedad.
¿Y para finalizar, cuál es su visión
respecto de la política pública ecuatoriana enfocada en la reinserción de las y
los adolescentes en conflicto con la ley penal?
Por el
contrario, en su país, y de lo expuesto por la Ministra de Justicia de Ecuador,
conocimos que se reconoce a niños, adolescentes y jóvenes como sujetos de
derechos, ese es un gran paso que facilita la ejecución de sus políticas, que a
decir de la ministra Zúñiga buscan que las y los adolescentes asuman su
responsabilidad en el hecho y reconozcan además el daño causado a la víctima o
a la comunidad.
Es interesante
además el modelo de no privación que está aplicando Ecuador, pues parte del
principio de que la pérdida de libertad debe ser el último recurso para el
tratamiento del adolescente infractor. Esta alternativa evita que el adolescente
abandone el sistema educativo y su círculo familiar.
