Juez determinó que el Estado no es responsable del supuesto abuso policial en CRS Turi

El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos acogió la resolución de Carlos Guzmán, juez de la Unidad Penal de Cuenca que tramitó el habeas corpus planteado por 13 personas privadas de la libertad (PPL) por la agresión que recibieran el 31 de mayo de este año por parte de miembros de la Policía Nacional.

En su pronunciamiento, el Juez consideró que los miembros de la Fuerza Pública agredieron a varias PPL mientras se cumplía un proceso de registro en la etapa de mediana seguridad en el Centro de Rehabilitación Social de Turi, provincia de Azuay.

El magistrado que conoció este pedido de habeas corpus, y que resolvió a favor de los 13 privados de la libertad, consideró a lo sucedido en este centro de rehabilitación como un “hecho aislado que no responde a una política de Estado”.

Con estos antecedentes el juez aceptó el recurso y dispuso que estas PPL sean trasladadas a otros centros de rehabilitación social del país distinto a CRS Turi, donde cuenten con la etapa de mediana seguridad.

También pidió que se les asista con tratamiento psicológico a todos los privados de libertad que sufrieron este tipo de agravio. Todo ello estará a cargo del Ministerio de Salud Pública y con el control de la Defensoría del Pueblo.

Concluyó, además, que los oficiales de la Policía que actuaron en este operativo cuestionado presenten unas disculpas públicas y que el 31 de mayo del próximo año y así sucesivamente, se dicten charlas en materia de derechos humanos en los CRS del país.

El dato:

Sobre lo sucedido el 31 de mayo pasado en el CRS Turi, el Ministerio de Justicia ratifica su denuncia presentada el 02 de junio ante la Fiscalía y el Ministerio del Interior, para que se tomen los acciones respectivas que permitan determinar la responsabilidad de aquellos que violentaron los protocolos claramente establecidos en el Modelo de Gestión Penitenciaria.

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La campaña Solidaridad con Igualdad para prevenir la violencia de género en albergues llegó a Esmeraldas

      

Este 27 de septiembre en la ciudad de Esmeraldas, Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y Consuelo Bowen Manzur, presidenta del  Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG), presentaron la campaña preventiva denominada 'Solidaridad con Igualdad', resultado del trabajo conjunto con el Colectivo Universidad Púrpura de la Facultad de Comunicación Social (Facso) de la Universidad Central del Ecuador, ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas.

A través de cuñas  radiales y material audiovisual que se difunden en  redes sociales se emiten mensajes para la prevención de la violencia de género y la garantía de derechos que asisten a las personas que viven en los  albergues que instaló el Gobierno Nacional para enfrentar la emergencia, tras el terremoto del pasado 16 de abril.

Durante su intervención, Zúñiga resaltó que con apoyo de Onu Mujeres, y diversas entidades se capacitó al equipo técnico que se encuentra en territorio para que identifiquen los sitios de riesgo y promueven la denuncia para que las mujeres que sufran algún tipo de agresión física, verbal o sexual no tengan temor de denunciar.

Resaltó que los talleres de pequeños emprendimientos para las mujeres surtió un efecto positivo pues consiguieron reactivar la economía del sector y se empoderó a las mujeres en los albergues.

      

"En Portoviejo, por ejemplo, 12 mujeres que fueron capacitadas y se certificaron como técnicas en construcción, se han integrado a las tareas de reconstrucción del Centro de Rehabilitación Social de El Rodeo. Mujeres empoderadas y formando parte de actividades históricamente consideradas como exclusivas de los hombres, con esta iniciativa no sólo apoyamos la reactivación de las zonas afectadas, rompemos esos patrones socioculturales que determinaban ciertos espacios y comportamientos para las mujeres y otros para los hombres, hemos demostrado que como mujeres estamos en capacidad de ejercer cualquier oficio y de hacerlo bien", enfatizó Zúñiga.

Entre tanto, Consuelo Bowen, presidenta del Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG), destacó que la igualdad entre hombres y mujeres para erradicar la violencia de género se construye con una lucha permanente que no solo es del Gobierno sino de toda la ciudadanía. “Está en nuestras manos hacer lo posible por reconstruir, levantarnos y seguir adelante”.

    

 

Bowen explicó que la campaña 'Solidaridad con Igualdad', pondrá en marcha una caravana educomunicacional, que circulará por los sitios donde están ubicados los albergues, y profesionales especializados conversarán con las personas que se encuentran en estos lugares, para orientar a la ciudadanía sobre qué hacer y cómo actuar frente a posibles casos de violencia de género.

Esta campaña cuenta con el apoyo del personal especializado de la  Red de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, coordinada y cofinanciada por esta Cartera de Estado que tras la emergencia se trasladó a territorio para apoyar en las tareas de prevención, apoyo psicosocial y asesoría legal, servicios que son provistos de manera gratuita a la comunidad tanto en albergues como en las localidades.

   

    

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64 PPL del CRS Turi inician sus estudios superiores en la UPS sede Cuenca

Este 26 de septiembre, Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, presidió la ceremonia de inicio de clases de las personas privadas de libertad (PPL) del Centro de Rehabilitación Social (CRS) Regional Turi, quienes cursarán sus estudios superiores en la Universidad Politécnica Salesiana (UPS).

Son 64 las PPL que en este primer ciclo acceden a la educación superior, 10 mujeres y 54 varones, cursarán la Licenciatura en Administración de Empresas con becas completas de estudio.

“Ustedes forman parte de la nueva rehabilitación, acceder a carreras universitarias desde los centros penitenciarios es un hito histórico en el país y ustedes son protagonistas de aquello, gracias a la decisión política del Gobierno Nacional y al apoyo de la Universidad Politécnica Salesiana”, afirmó la Ministra de Justicia.

La oportunidad de estudiar una carrera universitaria para las PPL inició en marzo de 2016, cuando esta Cartera de Estado en coordinación con la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) y la UPS, realizaron el proceso de inscripción para las y los interesados. 145 internos manifestaron su interés de formar parte del proceso para estudiar una carrera universitaria.

Previo al Examen Nacional de Educación Superior (ENES)  por dos semanas las personas privadas de libertad recibieron capacitación por parte de docentes del Instituto Tecnológico Superior Francisco Febres Cordero, quienes les dieron clases de razonamiento verbal, numérico y abstracto. 104 PPL rindieron el ENES, el pasado 15 de julio. Aprobaron 77 internos y postularon 64 PPL quienes a partir de hoy cursarán la Licenciatura en Administración de Empresas, en la Universidad Politécnica Salesiana.

La modalidad de estudio será presencial, los profesores ingresarán al centro de rehabilitación a impartir las clases en un horario vespertino, desde las 13:30 hasta las 17:30, de lunes a viernes. La carrera durará cuatro años y medio.

Uno de los internos que aprobó es Sebastián P., quien tienen discapacidad visual, durante los estudios contará con el apoyo de los docentes de la UPS, quienes le entregarán los textos necesarios para su estudio en audios grabados en CD.

“Al cumplir con los requisitos para acceder a un cupo universitario y, sobre todo, al mostrar la voluntad para continuar sus estudios como parte de su plan de vida se convierten en un ejemplo para quienes aún no han dado este paso”, destacó Ledy Zúñiga, durante la ceremonia inaugural que se desarrolló en el auditorio de la UPS.

Datos adicionales:

Actualmente, 1185 internos cursan distintos niveles de educación, como procesos de alfabetización y post-alfabetización, bachillerato intensivo y en carreras universitarias en la modalidad a distancia.

28 personas privadas de la libertad estudian en las universidades Católica Santiago de Guayaquil, Nacional de Loja y en la Técnica Particular de Loja, carreras como: Derecho, Administración de Empresas, Gestión Ambiental, Lengua y Literatura, Psicología y Administración de Empresas Turísticas.

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Ministerio de Justicia y Consejo de la Judicatura coordinan acciones para implementación del Sistema de Vigilancia Electrónica

En el marco de la implementación del Sistema de Vigilancia Electrónica, Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura, suscribieron este 19 de septiembre, el convenio de cooperación interinstitucional, cuyo objetivo es el de capacitar a las y los servidores judiciales, dentro del ámbito de sus competencias, en el uso y funcionamiento de los dispositivos de vigilancia electrónica y su respectiva plataforma.

“Así cumplimos con la disposición del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que establece que el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en coordinación con el Consejo de la Judicatura pondrán en funcionamiento los dispositivos de vigilancia electrónica y su respectiva plataforma”, acotó Zúñiga.

La Ministra de Justicia recordó además los casos en los que los jueces tendrán la potestad de disponer el uso de esta innovadora herramienta tecnológica. “Uso del dispositivo electrónico se determinará en tres aspectos puntuales. Como medida de protección a favor de la víctima, como medida cautelar para personas procesadas por delitos menores, en casos de mujeres embarazadas, personas mayores de 65 años o con enfermedad incurable en etapa terminal y para personas que han devengado más del 60% de la pena y cumplen los requisitos necesarios para acceder al régimen semiabierto o más del 80% y las condiciones para beneficiarse del régimen abierto”.

Zúñiga destacó además que el Sistema de Vigilancia Electrónica operará de manera ininterrumpida las 24 horas del día, y funcionará con la tecnología del ECU 911. “Lo que permitirá aprovechar esta plataforma con la que ya cuenta el país para efectuar de manera eficaz el monitoreo de los dispositivos a escala nacional”.

El Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Justicia, adquirió  4000 dispositivos, además de la plataforma de monitoreo y del código fuente, lo que incluye  los licenciamientos de software que permitirán actualizar el sistema de vigilancia electrónica, conforme a las necesidades, a la realidad ecuatoriana y a la normativa penal vigente, además de desarrollar plataformas para el perfecto uso de los dispositivos.

“El Sistema de Vigilancia Electrónica es una innovación de nuestra normativa penal vigente, que aportará a la efectiva reinserción de las personas privadas de libertad (PPL), fortalecerá los procesos de rehabilitación y garantiza la medida de privación de libertad como última instancia”, señaló Zúñiga.

Adicionalmente, recalcó que actualmente cerca de 200 personas tienen arresto domiciliario en el país, para vigilar que se cumpla efectivamente esta medida cautelar, son asignados tres servidores policiales para cada una. “Con el uso del dispositivo de vigilancia electrónica se garantizará la eficiencia en el uso de recursos públicos y del personal policial".

Por su parte Gustavo Jalkh, titular del Consejo de la Judicatura consideró que los brazaletes electrónicos “son medios para asegurar la comparecencia de un procesado a juicio, para proteger a la víctima de un agresor potencial o real y para que funcione un sistema de justicia en el máximo desarrollo de la protección de garantías constitucionales”.

Asimismo, explicó que la Escuela de la Función Judicial (EFJ), con el material académico respectivo, emprenderá en los próximos días la preparación de aproximadamente 1200 personas, entre jueces (de Garantías Penales y Penitenciarias; de Violencia Intrafamiliar, Multicompetentes), secretarios, fiscales y defensores públicos.

“Se trata de una capacitación enfocada en el marco legal de cuándo procede el uso de esta tecnología y cuándo es obligatorio y facultativo para el juez otorgarla; de acuerdo a qué condiciones se debería permitir su uso; y cuál es el nivel de coordinación operativa que se debe mantener con los equipos del Ministerio de Justicia, que opera el sistema”, concluyó.

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Presidente de la Corte IDH y autoridades nacionales participaron de reunión preparatoria para Periodo Extraordinario en Ecuador

En la reunión preparatoria del Quincuagésimo Sexto Período Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que se desarrollará en el Ecuador, se analizó la agenda tentativa de actividades que se realizará del 10 al 15 de octubre.   

Ledy Zúñiga, ministra de Justicia Derechos Humanos y Cultos, Roberto Caldas, presidente de la Corte IDH, Gustavo Jalkh, presidente del Consejo  de la Judicatura, Alfredo Ruiz, presidente de la Corte Constitucional, César Navas, ministro Coordinador de Seguridad, entre otras autoridades, participaron de esta reunión. 

La Ministra de Justicia, a la vez que hizo público y extensivo el saludo de bienvenida a Caldas precisó que para el país es un orgullo que la Corte IDH sesione en el país. “Somos un Gobierno comprometido con los convenios y tratados internacionales; además garantizamos la  defensa de los derechos humanos”. 

La funcionaria  detalló parte de la agenda que los magistrados de la Corte IDH cumplirán desde el  9 de octubre, que está prevista su llegada al país.  Indicó que para el 10 de octubre se tiene previsto un desayuno de trabajo con funcionarios del sector justicia (autoridades y jueces); luego cumplirán una visita protocolaria hasta el Palacio de Carondelet, donde asistirán al cambio de guardia.  A las 15:00 en la sede de Unasur (Mitad del Mundo) se inaugurará el período extraordinario de sesiones con la presencia del jefe de Estado, Rafael Correa Delgado.

Para el 11 de octubre  está prevista la audiencia pública del caso Favela Nova Brasilia vs Brasil. Zúñiga precisó que estudiantes, catedráticos, y ciudadanía en general están invitados a participar de estas audiencias que  serán transmitidas en vivo. “Será una oportunidad para quienes estudian derecho conozcan cómo se desarrollan estas audiencias en el pleno de la Corte IDH”. 

Para el 12 y 13 de octubre se realizarán las audiencias: Caso Acosta y otros vs. Nicaragua y Caso Trabajadores Cesados de Petro Perú, vs. Perú.  Mientras que el 14 de octubre  se desarrollarán dos seminarios simultáneos las ciudades de Quito y Guayaquil. 

Los temas propuestos para las jornadas académicas son: Perspectiva de Género en la Justicia Nacional e Internacional enfocado en la búsqueda de igualdad real para mujeres en las sociedades;  Violencia contra la Mujer; Cómo se aplica la Jurisprudencia en caso de personas migrantes; reparaciones que solicita  la CorteIDH y cómo se las determina. Además, temas relacionados con derechos humanos, derecho penal,  pueblos indígenas.

Caldas señaló que la CorteIDH no es una corte extranjera. “La CorteIDH es una Corte de todas nuestras naciones y es importante que la ciudadanía conozca lo qué hace esta entidad en defensa de los derechos humanos”, señaló.

Además  calificó de acertada la decisión de  escoger dos sedes para los seminarios. “Siempre es bueno contar con la academia para ampliar los conocimientos”.  

El dato:

Desde el 2005 la Corte Interamericana celebra períodos extraordinarios de sesiones fuera de su sede en San José de Costa Rica. En este 2016 lo hizo en México y también será en Ecuador, por tercera ocasión, anteriormente fue en el 2010 y 2012. 

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En CRS Regional Guayas Ministra Ledy Zúñiga supervisó implementación de sistema de identificación digital para control de visitas

Este 13 de septiembre, Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, verificó los trabajos con los que se pondrá en vigencia el nuevo sistema de identificación digital para el control de ingresos en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) Regional Guayas.
 

Este sistema de control registra la huella dactilar y hace la identificación facial de quienes ingresan a este centro penitenciario, sean estos funcionarios del sistema, agentes de Seguridad Penitenciaria y de la Policía Nacional, abogados, operadores de justicia o familiares de las personas privadas de libertad (PPL).

Así, solo con colocar sus dedos sobre los lectores ópticos, estarán habilitados para ingresar al CRS.

El mismo procedimiento se cumplirá en el CRS Cotopaxi, pero cabe recalcar el personal de seguridad se mantendrá en los filtros para constatar que los visitantes entren y salgan de manera ordenada.

Mientras tanto, en los otros CRS se aplican otros mecanismos. Así por ejemplo, en el Centro de Detención Provisional (CDP) Quito, se suprimió el uso de sellos,
actualmente se coloca una manilla numerada a los visitantes, la misma que debe ser devuelta a la salida del centro.

Para el uso de las pulseras codificadas la Cartera de Justicia ha considerado las medidas de seguridad pertinentes a fin de evitar vulneraciones, falsificaciones o el intercambio entre visitantes e internos.

De esta manera el Ministerio de Justicia pone fin a mecanismos de control inapropiados, o no autorizados, que forman parte del antiguo sistema carcelario; además, impulsa el fortalecimiento de los vínculos familiares entre las PPL y sus seres queridos, con absoluto respeto a los Derechos Humanos.

Código Orgánico Integral Penal

Artículo 713.- Relaciones familiares y sociales.- A fin de fortalecer o restablecer las relaciones con la familia y la comunidad, se garantizará un régimen de visitas para la persona privada de libertad.

Artículo 715.- Características del régimen de visitas.- Las visitas se realizarán en una atmósfera  que permita la privacidad e intimidad y acorde con la dignidad humana; en lugares y condiciones que garanticen la seguridad de las personas y del centro. Este derecho se ejercerá en igualdad de condiciones, sin ningún tipo de discriminación.


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Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos visita Ecuador

Este 14 de septiembre, Roberto Caldas, actual presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos llegó a Ecuador. El objetivo de su visita es difundir el desarrollo del Quincuagésimo Sexto Periodo Extraordinario de Sesiones, que se llevará a cabo entre el 10 y el 15 de octubre y del cual nuestro país será anfitrión. 

 
"Visitamos el Ecuador para preparar el Periodo Extraordinario, nosotros le damos mucha importancia a las sesiones que como CorteIDH desarrollamos fuera de la sede habitual que tenemos en San José de Costa Rica. Durante nuestra permanencia en Ecuador mantendremos encuentros con autoridades, catedráticos, representantes de la sociedad civil", informó a su arribo Caldas.

En este marco, el Magistrado de origen brasileño impartirá este 15 de septiembre una ponencia denominada: 'Impacto de la Jurisprudencia de la CorteIDH en Latinoamérica', en la que participarán Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, autoridades nacionales, además de estudiantes y catedráticos. El evento académico se llevará a cabo a las 17:00, en el Instituto de Altos  Estudios Nacionales (IAEN).

Mientras que el viernes 16 de septiembre está previsto un recorrido por la zona cero y una visita a los albergues que el Gobierno Nacional instaló el pasado 16 de abril, tras el terremoto que afectó a las provincias de Esmeraldas y Manabí.

Para la Ministra de Justicia, la visita de la Corte IDH permitirá al Estado ecuatoriano difundir e informar a la ciudadanía sobre la protección y defensa de los Derechos Humanos en la instancia regional y demostrar su apertura y buena disposición en cuanto al reconocimiento de los compromisos en materia de protección de derechos humanos. 

El dato:
Desde el 2005 la Corte Interamericana celebra períodos extraordinarios de sesiones fuera de su sede en San José de Costa Rica. En este 2016 lo hizo en México y también será en Ecuador, por segunda ocasión.

 Semblanza del juez Roberto Caldas, presidente de la Corte IDH
-        Desde 2013 es Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su Presidente para el bienio 2016-2017;  vicepresidente en el bienio 2014-2015.

-        Abogado, socio titular y presidente del Consejo Jurídico-administrativo del Despacho Jurídico Roberto & Mauro Abogados, enfocado en causas ciudadanas.

-        Caldas por más de 30 años fue  abogado  litigante ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil y tribunales superiores, y se destacó por la defensa de  importantes procesos que se convirtieron en precedentes (leading cases).

-        Miembro del Instituto de Abogados Brasileños y de la Comisión Nacional de Derecho y Reforma del Trabajo del Ministerio del Trabajo y Empleo de su país.

-        Especialista  en Ética y Derecho Constitucional, Derecho del Trabajo, Derechos Sociales y Derechos Humanos, condecorado Grã-Cruz por la Orden Sergipano del Mérito Laboral del Tribunal Regional del Trabajo de la 20ª Región (2008) y Comendador por la Orden del Mérito Judiciario del Trabajo del Tribunal Superior del Trabajo (2003).

-        Homenajeado por la Comisión de Amnistía del Ministerio de la Justicia, en asociación con la Comisión Especial de Muertos y Desaparecidos Políticos de la Secretaría Especial de Derechos Humanos, en la Solemnidad Inaugural de los trabajos por la relevante contribución en la lucha por la redemocratización del país e la justicia de transición (2016).

-        Obtuvo una Maestría en Derecho Público y licenciado en Derecho, ambos títulos por la Universidad de Brasilia, en Brasil. 

-        Doctor Honoris Causa por la Facultad de Sao Luís y por el Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina de la Facultad de de Ciencias Sociais de Florianópolis, ambas instituciones brasileñas. Nació en Aracaju, Brasil, el 29 de julio de 1962.

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Medio televisivo panameño realiza reportaje sobre Sistema de Rehabilitación Social ecuatoriano

Un equipo de TVN Noticias, de la Televisora Nacional de Panamá, recorrió varios Centros de Rehabilitación Social (CRS) y de Adolescentes Infractores (CAI) de Ecuador para constatar el funcionamiento de nuestro Sistema de Rehabilitación Social, del cual tenían importantes referencias.

Los investigadores detallaron que el objetivo del producto periodístico es mostrar, en Panamá, los avances de nuestro país en este ámbito, pues consideran que es un digno ejemplo a seguir.
 
“Decidimos hacer un trabajo relacionado con el Sistema Penitenciario de Panamá, pero era importante conocer las buenas prácticas de algún país en América Latina en donde se asimilara la realidad”, dijo un integrante del equipo.
 

Durante la visita autoridades y funcionarios del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos dieron a conocer cómo funciona el Modelo de Gestión Penitenciaria, el cual tiene un enfoque de absoluto respeto a los derechos humanos y constitucionales de las personas privadas de libertad (PPL), y que tiene como ejes la educación, el trabajo, la salud, la vinculación familiar y social y la reinserción.
 
“Hemos podido corroborar los avances que ha tenido el sistema (…) tratar con personas privadas de libertad no es fácil, pero nos hemos podido percatar de que el Estado (ecuatoriano) respeta sus derechos como ciudadanos”, manifestó la productora, quién además resaltó la importancia del trabajo coordinado de diversas instituciones públicas en materia de rehabilitación social.
 
“Nosotros nos llevamos un material importante con el cual vamos a poder hacer un análisis de la realidad que se vive en Ecuador y en Panamá (…) allá es bastante diferente, en los últimos años se han construido cárceles, pero no con un sistema integrado como lo hemos visto acá, donde trabajan todos los ministerios mancomunadamente”, explicó la periodista. 

 

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Ministra de Justicia inaugurará nuevo Año Lectivo en el CAI Virgilio Guerrero de Quito

El Año Lectivo 2016-2017 será inaugurado en el Centro de Adolescentes Infractores (CAI) Virgilio Guerrero, el próximo lunes 12 de septiembre. Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, presidirá la ceremonia de apertura del programa educativo en el que participarán 108 jóvenes. 

 
El Ministerio de Justicia tiene como objetivo asegurar la continuidad del proceso de enseñanza aprendizaje de los adolescentes. En conjunto con la Cartera de Educación se impulsa el ‘Modelo Nacional de Gestión y Atención Educativa para los Centros de Adolescentes Infractores’ desde agosto de 2015. 

El fin es fortalecer el servicio educativo a los jóvenes que cumplen medidas privativas de libertad. En ese sentido se han implementado programas para asegurar el funcionamiento del sistema educativo interno (alfabetización, primaria inconclusa, básica superior y bachillerato), en el que todos los adolescentes se involucren y se motiven para no abandonar el sistema educativo. 

En el CAI Virgilio Guerrero funciona la Unidad Educativa Hermano Miguel Febres Cordero, con tres programas educativos permanentes: educación básica (4to, 5to, 6to y 7mo); educación básica superior intensiva y bachillerato general unificado. Son 108 alumnos los que se beneficiarán de los programas educativos en el nuevo año lectivo: régimen preventivo 12; institucional 62; semiabierto 26 y de fin de semana 8. 

“El eje de educación asegura una formación integral recuperando lo lúdico y el uso del tiempo libre con sentido pedagógico-educativo, generando actividades que permitan adquirir capacidades cognitivas, lógicas, cooperativas y emocionales”, explicó la ministra Zúñiga, quien reiteró el compromiso del Gobierno Nacional por acercar la educación a los adolescentes en el marco del cumplimiento de sus derechos.

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Presidente Correa destaca la transformación del Sistema de Rehabilitación Social, hoy referente en Iberoamérica

Rafael Correa Delgado, presidente de la República, manifestó que la transformación del Sistema de Rehabilitación Social es una de las principales obras del actual Gobierno, hoy un referente para otros países en cuanto a la atención de la población penitenciaria.

El Jefe de Estado expresó que la inversión y las políticas públicas permitieron mejorar el sistema penitenciario y democratizar las condiciones de privación de libertad de cada persona, quienes ahora sí tienen una segunda oportunidad para reparar el daño causado a la sociedad y rehabilitarse dignamente, no como en el pasado, cuando vivían en absoluto olvido y hacinamiento.

“Si cometieron un error deben ser privados de su libertad, pero jamás privados de su dignidad”, dijo el Mandatario durante el Enlace Ciudadano número 492, en el que destacó el reconocimiento que la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (Comjib) hizo al país a través del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

Este reconocimiento fue otorgado el pasado 30 agosto a Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, en el ‘Encuentro sobre el Futuro de Justicia en Suramérica’. Allí Arkel Benítez, secretario general de la Comjib, especificó que la nueva infraestructura, el Modelo de Gestión, la profesionalización de agentes de Seguridad Penitenciaria, y la aplicación de procesos de rehabilitación y posterior reinserción penitenciaria, son considerados como unos de los principales avances.
El dato:

La Conferencia de los Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, Comjib, es un organismo que persigue como objetivo general la mejora de la Justicia en la región iberoamericana, promoviendo para ello la creación de políticas públicas aplicables por los Estados miembros y la conformación de alianzas regionales y subregionales como herramienta para la construcción de un espacio jurídico más cohesionado.

Los 22 países que forman parte de la Comjib son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. La mayor parte de los países están representados por sus ministros de Justicia.

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Se suscribió Primer Acuerdo de Reparación Material de los casos denunciados por la Comisión de la Verdad

Este 07 de septiembre, Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia Derechos Humanos y Cultos y Juan Carlos Burbano, apoderado del sargento Luis Rodríguez, quien según la Comisión de la Verdad fue ejecutado extrajudicialmente, suscribieron el primer acuerdo indemnizatorio por graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre del 2008. 

Como testigos de honor  firmaron el mencionado documento Elsie Monge y Pedro Restrepo, exmiembros de la Comisión de la Verdad, María Fernanda Baca, delegada de la Procuraduría General del Estado y Christian Bahamonde de la Defensoría del Pueblo.

Ledy Zúñiga, manifestó que este es un hecho histórico en el país. “Esta es la voluntad política del Gobierno que creó la Comisión de la Verdad, organismo independiente que se dedicó a investigar la vulneración de derechos humanos”.

Durante el tiempo que se desarrollaron las investigaciones se atendió a víctimas y familiares de posibles actos de vulneración de derechos, los resultados se reflejaron en el  Informe de la Comisión, con 118 casos investigados y más de 450 víctimas.

“Ahora trabajamos en el proceso de reparación material e inmaterial con la promulgación de la Ley de Víctimas, así podemos aportar a sanar en parte estas graves dolencias familiares en una época dónde se invisibilizaron los derechos, por eso hay que rechazar estos capítulos de negación de justicia y verdad, hay que estar atentos para  que no se vuelvan a repetir”, indicó Zúñiga.

Por su parte, José Burbano, apoderado del caso del sargento García, manifestó que este fue un caminar de casi 30 años para familias, organizaciones, hijos e hijas. “Este es el único Gobierno que  tomó la decisión de llevar adelante esta investigación.  Se marca un precedente para otras víctimas y no repetir esta nefasta historia”, señaló.

Mientras que Elsy Monge, expresidenta de la Comisión de la Verdad, dijo sentirse satisfecha al ser testigo de este primer acuerdo de reparación material. “Se abre el camino para que se agilite la justicia y se repare tanto material cómo inmaterialmente el grave daño que se hizo con la violación de los  derechos humanos que se dieron en el Ecuador”.

Monge manifestó además que a la Fiscalía se entregó 118 casos, con más de 400 víctimas  y similar número de personas responsables de estos casos.

Por su parte, Pedro Restrepo, exintegrante de la Comisión de la Verdad, señaló que ningún caso que investigó la Comisión de la Verdad debe quedar en la impunidad. “Del caso del sargento Rodríguez, ex agente del SIC, estoy convencido que fue testigo de este antro de terror y maldad y de la tortura y desaparición de mis hijos”.

Crhistian Bahomonde, de la Defensoría del Pueblo y exsecretario de la Comisión de la Verdad, adelantó que el programa de reparación integral analiza los casos y que al momento hay 20 procesos por concluir de las 300 víctimas que aparecen en los informes de la Comisión de la Verdad.

 

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