Rafael Correa: No podemos permitir que microtraficantes envenenen a nuestros jóvenes

Durante la clausura del Encuentro Latinoamericano Progresista (ELAP 2015) que reunió a representantes de varios partidos políticos, organizaciones  sociales y populares de la Región y donde se analizaron y debatieron los logros, metas y desafíos que enfrentan los países de la Región, Rafael Correa Delgado, presidente Constitucional de la República, insistió en la necesidad de efectuar reformas legales que fortalezcan la lucha contra el microtráfico.

 
"A grandes problemas grandes soluciones, no podemos permitir que los microtraficantes sigan envenenando a nuestros jóvenes", aseveró el Primer Mandatario, al referirse a las propuestas planteadas para reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP), respecto de las sanciones para los delitos de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en mínima escala.

“No criminalizamos la pobreza, pero no podemos permitir que a nombre de una supuesta pobreza envenenen a nuestra juventud. No es cierto que endureciendo penas para sancionar  delitos de microtráfico se llenarán los centros penitenciarios del país, si aumenta población penitenciaria será de microtraficantes, no de pobres como nos quieren hacer creer”, aseveró Rafael Correa.

Dato:

 
El evento de clausura del ELAP 2015 se desarrolló la tarde de este miércoles 30 de septiembre de 2015, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El encuentro regional duró tres días y reunió a varios exponentes mundiales en diferentes mesas de debate para analizar los temas que afectan a los países.

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Ministerio de Justicia y Cruz Roja coordinan ejecución de sentencia dispuesta por CorteIDH en caso González Lluy

La tarde de este lunes 28 de septiembre de 2015, los titulares del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y de la Cruz Roja Ecuatoriana, mantuvieron la primera reunión para coordinar la ejecución del fallo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el caso González Lluy.

De acuerdo a la sentencia dispuesta por la CorteIDH, el Estado ecuatoriano debe brindar gratuitamente y en forma oportuna, el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico, así como el suministro gratuito de los medicamentos que requiera, además del acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y la concesión de una beca sin ningún tipo de condición para que Talía G., continúe sus estudios universitarios y posteriormente un posgrado.

La sentencia proveniente del mayor organismo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos incluye la reparación económica por los conceptos de daño material e inmaterial, costas y gastos por la tramitación del proceso, la entrega de una vivienda digna en el plazo de un año, a título gratuito y la realización de un programa para la capacitación de funcionarios en salud sobre mejores prácticas y derechos de los pacientes con VIH.

En este sentido, Ledy Zúñiga recordó que desde el año 2007, en el Ecuador se institucionalizó la lucha contra el VIH, conforme lo garantiza la Constitución de la República en su artículo 50. "El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente".

Adicionalmente, el Estado ecuatoriano debe presentar un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la sentencia de este caso. Los informes relacionados con la atención médica y psicológica o psiquiátrica deberán presentarse cada tres meses.

Para Ledy Zúñiga Rocha, titular de esta Cartera de Estado, el estricto cumplimiento de las resoluciones emitidas por la CorteIDH ratifican el compromiso del Gobierno Nacional con la plena vigencia de los derechos fundamentales del ser humano.

“Nuestro país ha suscrito y ratificado 57 instrumentos internacionales de derechos humanos en el marco de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, en señal del absoluto respeto de las normas internacionales, por ello acogemos con seriedad lo emanado del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como únicas resoluciones de carácter resolutivo y de obligatorio cumplimiento”, afirmó Ledy Zúñiga.

Antecedentes:

Talía González Lluy, fue infectada con el VIH durante una transfusión de sangre en 1998, cuando tenía tres años de edad, durante una transfusión proveniente de un banco de sangre de la Cruz Roja y efectuado en una clínica privada en la localidad de Cuenca, provincia de Azuay.

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Agentes penitenciarios viajan a Chile para fortalecer sus conocimientos en seguridad penitenciaria

La mañana de este sábado 26 de septiembre de 2015, seis agentes de seguridad penitenciaria (ASP) viajaron a Santiago de Chile, donde por tres meses recibirán capacitación para especializarse como guías caniles. Esta formación teórico práctica les permitirá detectar la presencia de algún tipo de droga o explosivos.

“Esta es la primera vez que una delegación ecuatoriana viaja a Chile para fortalecer sus conocimientos y capacidades en materia de seguridad y vigilancia penitenciaria”, señaló Javier Peralta, durante la jornada de inducción que se desarrolló este viernes 25 de septiembre de 2015 en el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

Los agentes seleccionados pasaron por un estricto proceso de selección, conforme la política pública del Gobierno Nacional, enfocada en premiar la meritocracia. Como parte de los requisitos aprobaron evaluaciones psicológicas y de confianza.

Génova García Álvarez es una de las ASP que irá a la Gendarmería de Chile. “Fui admitida porque cumplí los puntajes establecidos; estoy orgullosa de representar al Ecuador y al Ministerio de Justicia. Tengo una gran expectativa, porque conozco el excelente nivel chileno en esta área, y estoy segura de que aprenderemos mucho y seremos un  importante aporte a la hora de plasmar los conocimientos en los centros de rehabilitación social”, afirmó.

Por su parte, Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, destacó la importancia de fortalecer las relaciones de cooperación interinstitucional que permite intercambiar experiencias entre los países. “Agradecemos este gesto del hermano país, que sin duda busca motivar e incentivar a los agentes de Seguridad Penitenciaria (ASP)”, acotó la funcionaria ministerial.

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En territorio, el Ministerio de Justicia dicta talleres de sensibilización sobre violencia de género

El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a través de la Dirección de Relación con la  Ciudadanía (DRC), además de brindar asesoría legal y psicosocial gratuita, dicta talleres  de sensibilización en materia de derechos humanos y  violencia de género en territorio.

Una de las poblaciones beneficiadas con este servicio ciudadano fue el cantón Alausí, en la provincia de Chimborazo, donde participaron decenas de personas de distintas organizaciones de la sociedad civil, especialmente representantes de las comunidades indígenas del cantón, así como autoridades locales de las instituciones que prestan servicios a las víctimas de violencia.

La jornada de capacitación se desarrolló mediante una metodología  participativa, espacio que permitió a las y los asistentes, expresar sus inquietudes, despejar sus dudas y compartir experiencias en donde los asistentes expresaron sus inquietudes, despejaron dudas y comentaron experiencias y vivencias relacionadas con las distintas formas y manifestaciones de la violencia de género.

Esta iniciativa permitió además articular el trabajo interinstitucional, respecto de la exigibilidad de derechos ciudadanos y del acceso a la justicia. La información proporcionada a la ciudadanía permitió concienciar sobre las afectaciones que genera la violencia de género e intrafamiliar, no sólo a la víctima directa, sino a las colaterales.

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CorteIDH reconoce esfuerzos de Estado ecuatoriano en el cumplimiento de obligaciones internacionales

Mediante Resolución, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) decidió dar por concluido y archivar los casos Suárez Peralta y  Albán Cornejo en contra de la República del Ecuador. El máximo organismo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Región  resolvió que Ecuador dio cumplimiento a cada una de las medidas de reparación ordenadas en las sentencias de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas.

Para Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, estas resoluciones de la CorteIDH, son el resultado del trabajo permanente y del compromiso del Estado ecuatoriano que asume y cumple con las disposiciones emanadas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Caso Suárez Peralta

Los hechos del caso se relacionan, entre otros, con la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de Melba del Carmen Suárez Peralta y de su madre Melba Peralta Mendoza por las falencias, retrasos y omisiones, atribuibles a autoridades estatales, que culminaron en el año 2005 con la prescripción de la acción penal en relación con la mala práctica médica sufrida por la señora Suárez Peralta. 

La decisión de la Corte de concluir la supervisión de cumplimiento de las reparaciones ordenadas en la sentencia de este caso se tomó luego de constatar que Ecuador realizó las publicaciones y difusión del fallo, así como el pago por concepto de daños material e inmaterial y el reintegro de costas y gastos al representante de las víctimas. Además la CorteIDH constató que Ecuador dio cumplimiento a lo ordenado en la sentencia dentro de los plazos dispuestos para ello. 

Caso Albán Cornejo

En este caso, Carmen Cornejo y Bismarck Albán, denunciaron la falta de seriedad por parte de las autoridades estatales, quienes no prestaron las debidas garantías para la investigación penal ante la denuncia que presentaron por la muerte de su hija, por una presunta mala práctica médica, hecho suscitado en diciembre de 1987.

La decisión de la Corte de concluir la supervisión de cumplimiento de las reparaciones ordenadas en la sentencia se basó en la constatación  del cumplimiento oportuno de las disposiciones reparatorias. Se realizó la publicación de la sentencia, así como la amplia difusión de los derechos de los pacientes, a través de los medios de comunicación adecuados y bajo el respeto de la legislación existente en el Ecuador y los estándares internacionales.

Además el Estado ecuatoriano realizó programas de formación y capacitación a los operadores de justicia y profesionales de la salud sobre la normativa que el Ecuador ha implementado en relación a los derechos de los pacientes, y a la sanción por su incumplimiento y cumplió con el pago por concepto de indemnización.

Datos:

El Ecuador ha suscrito y ratificado 57 instrumentos internacionales de derechos humanos en el marco de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos en señal del absoluto respeto de las normas internacionales.

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Ministra Ledy Zúñiga rechaza argumentos de Defensor Público y defiende necesidad de endurecer penas para sancionar el microtráfico

“No existe ningún cambio en lo que tiene que ver con el consumo de drogas, lo que se cambió fue la tabla del tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, pues como Gobierno Nacional consideramos que es fundamental darle una fuerte batalla al microtráfico”, declaró Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, respecto de las reformas planteadas para sancionar el delito de microtráfico.

 

Añadió además que se ha propuesto a la Asamblea Nacional, genere espacios de debate para analizar y plantear posibles soluciones a esta problemática. "El consumo es un problema de salud pública el microtráfico en cambio es un delito que hay que sancionar con el rigor de la ley". 

“Es fundamental entender el gran daño que los expendedores de droga, ocultándose en la tabla de consumo y fingiendo ser consumidores están causando a nuestros jóvenes, y la importancia de fortalecer la lucha contra el microtráfico, a través del cambio de sanciones, sobre todo en lo que a mínima escala se refiere, esto dará herramientas a las y los operadores de justicia para que puedan llegar a la resolución de los casos”, acotó. 

Las sanciones establecidas para el tráfico en mínima escala son de dos a seis meses, lo que implica que los jueces no puedan dictar la medida cautelar de prisión preventiva mientras dura el proceso de indagación. De acuerdo a los datos estadísticos respecto de las resoluciones en estos casos, se encontró que en la mitad de los procesos no existe una resolución judicial, porque los procesados no comparecían a las audiencias, lo que daba paso a generar impunidad, explicó Ledy Zúñiga. 

“No podemos dar espacio a confundir la criminalización de la pobreza, que es lo que se ha querido posicionar en este tema, con la impunidad para los microtraficantes. Nosotros no buscamos criminalizar el consumo, la tabla de consumo no ha variado, lo que se ha reformado es la tabla de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y contra ellos si queremos que se aplique la ley con toda severidad”. 

La funcionaria ministerial se refirió además a las declaraciones emitidas días atrás por Ernesto Pazmiño Granizo, defensor Público Nacional, y recordó que en el año 2010 existía una alta tasa de audiencias fallidas. 

“Nosotros rechazamos de manera enfática las declaraciones del Defensor Público, mismas que afirman que se ha triplicado la población penitenciaria desde el 2010. Hay que recordar que en los años 2009 y 2010 no se había reformado la justicia, en ese período el mayor número de personas privadas de libertad (PPL) eran procesadas, fenómeno que respondía a un elevado nivel de impunidad, actualmente la población penitenciaria en su gran mayoría ya tiene sentencia emitida por la autoridad competente”, acotó. 

Al concluir sus declaraciones, Ledy Zúñiga reafirmó la importancia de enfrentar de manera coordinada los delitos relacionados con el tráfico de drogas. “Que quede claro que lo que se propone son reformas que nos permitan dar una batalla fuerte al microtráfico, evitar la impunidad, que se consideren los agravantes cuando sean niños y/o adolescentes los afectados, y que obviamente las personas con adicciones que no es lo mismo que microtraficantes sean debidamente atendidos”. 

El tema de las drogas debe ser atendido de manera integral, sin duda el ámbito penal por sí solo no es una respuesta, por ello se contemplan otros cambios como el que busca que sea la Presidencia de la República la entidad que asuma el total liderazgo de la generación y aplicación de políticas de prevención.

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Estado ecuatoriano avanza en el cumplimiento de las recomendaciones de Cedaw

Con la publicación y difusión del documento denominado ‘Informes del País y Recomendaciones del Comité de Expertas al Estado ecuatoriano 2015’, el Ecuador cumple con una de las recomendaciones finales efectuadas por la Convención sobre la Eliminación de toda Forma de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw por sus siglas en inglés).

El pasado mes de febrero, las expertas que conforman la Cedaw solicitaron al Estado ecuatoriano, difunda de forma oportuna las recomendaciones finales en el idioma oficial, para hacer posible su plena aplicación.

En este sentido, Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, presentó en la jornada: “Una Mirada a Beijing desde la Mitad del Mundo: 20 años de Logros y Desafíos, la publicación de las recomendaciones realizadas por la Convención en su sesión 1281 y 1282 donde examinaron el  informe combinado del Estado ecuatoriano sobre la situación de los derechos de las mujeres.

Adicionalmente, la funcionaria ministerial recordó durante su intervención que desde hace casi ocho años, el Ecuador articula la política pública que busca garantizar el derecho de las mujeres, niñez y adolescencia a vivir libres de cualquier forma de violencia, mediante el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género, mecanismo multicompetente que se encuentra vigente, y que desde agosto del 2014 está presidido por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

A través de este Plan, la Cartera de Justicia fortalece la Red de Centros de Atención y Casas de Acogida y, con una inversión que en 2015 se triplicó, el Estado ecuatoriano brinda atención integral a más de 25 mil víctimas directas (mujeres) y colaterales (hijos y otros familiares).

Adicionalmente, y para promover cambios en los patrones culturales que justifican la violencia contra las mujeres, niñez y adolescencia, se han desarrollado y difundido campañas edu-comunicacionales cuyo objetivo es brindar herramientas para reconocer las distintas formas de violencia contra la mujer e intrafamiliar, denunciarlas y acceder a procesos legales de sanción y reparación.

En el encuentro “Una Mirada a Beijing desde la Mitad del Mundo: 20 años de Logros y Desafíos, que se desarrolló en el marco de Beijing 20 años después, en la sede la Unión de Naciones del Sur (Unasur), Zúñiga se refirió además a varias de las recomendaciones efectuadas por Cedaw, y a las acciones que ha emprendido el país, a fin de cumplirlas para avanzar en la consolidación de un país más equitativo e igualitario. 

Destacó los mecanismos para el adelanto de la mujer, el mejoramiento de situación de las mujeres en condiciones de vulnerabilidad, la participación pública y política, el acceso a la salud, empleo, educación, igualdad ante la ley, entre otros, ejes basados en los artículos de la Cedaw.

Entre las recomendaciones efectuadas por las expertas están la aplicación de la legislación y políticas orientadas a la eliminación de la discriminación contra las mujeres en todas las áreas cubiertas por la Convención, incluso a través de la adopción de un marco específico de tiempo y priorizando la asignación de recursos humanos y financieros en zonas rurales y remotas.

Conozca el informe dando click en la siguiente imagen.

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Representantes consulares de Estados Unidos visitaron el CRS Turi

La tarde del miércoles 24 de septiembre, en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) Sierra Centro Sur Turi, Cuenca, se contó con la presencia de una comitiva del consulado de los Estados Unidos. Con esta visita oficial, la delegación internacional constató las condiciones en las que cuatro mujeres privadas de libertad estadounidenses cumplen su sentencia.

“La consulta sobre los procesos judiciales es uno de los objetivos que tuvo esta visita, además están dos internas que han solicitado su repatriación y con la presencia de los representantes consulares conocieron más de su proceso”, señaló Gustavo Terán, director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

El Modelo de Gestión Penitenciaria que aplica esta Cartera de Estado en los centros de rehabilitación y establece que: “Las personas privadas de libertad (PPL) de nacionalidad extranjera gocen de los mismos derechos y se les otorgue las facilidades adecuadas para comunicarse con sus representantes diplomáticos y/o consulares. Las personas privadas de libertad de Estados que no tengan representación diplomática o consular en el país, así como los refugiados, tendrán las necesarias facilidades para dirigirse al representante diplomático del Estado encargado de sus intereses o a cualquier autoridad nacional o internacional que tenga la misión de protegerlos”.

Datos:

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) señala en su artículo 727 que: "Las sentencias de la jurisdicción nacional, en las que se impongan penas privativas de libertad podrán ser ejecutadas en el país de origen o nacionalidad de la o del sentenciado. Así mismo, las sentencias de justicia penal extranjera que impongan penas privativas de libertad a ecuatorianos, podrán ser ejecutadas en el Ecuador, de conformidad con los instrumentos internacionales o al amparo del principio de reciprocidad internacional"

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Ledy Zúñiga presentó Informe de país y Recomendaciones de Cedaw sobre la situación de los derechos de las mujeres

Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, presentó el documento denominado ‘Informes del País y Recomendaciones del Comité de Expertas al Estado ecuatoriano 2015’, así el Estado ecuatoriano da cumplimiento a una de las recomendaciones realizadas por la Convención sobre la Eliminación de toda Forma de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw por sus siglas en inglés).

“Cedaw solicitó que las recomendaciones finales se divulguen de forma oportuna en el idioma oficial del Estado, hoy nos complace presentar la publicación de las recomendaciones realizadas por este Comité”, señaló la titular de Justicia.

En este espacio denominado “Una Mirada a Beijing desde la Mitad del Mundo: 20 años de Logros y Desafíos, y que se desarrolló en el marco de Beijing 20 años después, en la sede la Unión de Naciones del Sur (Unasur), Zúñiga se refirió a varias de las recomendaciones efectuadas por Cedaw, y a las acciones que ha emprendido el país, a fin de cumplirlas para avanzar en la consolidación de un país más equitativo e igualitario.

Durante su intervención destacó las reformas a la normativa legal como la del Código Civil que establece la edad para matrimonio civil en 18 años, además se derogó la disposición que designaba al esposo como administrador de la propiedad conyugal, esta recomendación, iniciativa que permitió superar una de las sugerencias efectuadas por el Comité.

Asimismo hizo énfasis en la tipificación del femicidio y los delitos de violencia intrafamiliar. “Así se pone nombre propio al asesinato de mujeres y las lesiones en el medio familiar, esto fue un hito logrado con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP)”, acotó Zúñiga.

Sobre la recomendación de Cedaw de que el Estado cree un plan para la prevención y erradicación de la violencia de género, la funcionaria ministerial recordó que desde el 2007, el Ecuador cuenta con el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género que afecta a Mujeres, Niñez y Adolescencia.

“A inicios de su gobierno, nuestro presidente Rafael Correa Delgado, decretó como política de Estado la erradicación de la  violencia de género hacia la niñez, adolescencia y mujeres, y creó el Plan Nacional que desde agosto de 2014, es presidido y coordinado por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos”.

Dentro de este Plan, esta Cartera de Estado fortalece la Red de Centros de Atención y Casas de Acogida,  conformada por 41 puntos de atención integral especializada a víctimas de violencia de género, a través de 5 servicios de acogimiento y 36 servicios de atención.

“Triplicamos la inversión de este proyecto que en el 2014 fue de 1 631.009,89 y en el 2015 es de 3 062.882,12. Un desafío es aumentar la cobertura de esta Red que funciona en 14 provincias del país”.

A decir de Zúñiga, las recomendaciones del  Comité buscan alentar al Estado, a continuar con la implementación de las medidas para erradicar la discriminación contra las mujeres. “Por ello trabajamos de manera conjunta e interinstitucional, a fin de alcanzar el objetivo de avanzar no solo en la igualdad formal sino real y sustantiva que transforme la sociedad ecuatoriana en justa, equitativa, igualitaria y no discriminatoria hacia las mujeres”, concluyó Ledy Zúñiga Rocha.

Por su parte, Diego Zorrilla, representante de la Organización de Naciones Unidas (ONU), felicitó el liderazgo de la Ministra de Justicia en el cumplimiento de las recomendaciones de la Cedaw, además reiteró el compromiso de la ONU con el Ecuador para asegurar y transversalizar los derechos de las mujeres.

“Sin los derechos de las mujeres no existen los derechos humanos”, señaló Zorrilla.

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Adolescentes del CAI Varones Guayaquil juraron la Bandera

Con mucho orgullo y fervor cívico el Centro de Adolescentes Infractores (CAI) Varones de Guayaquil conmemoró el Día de la Bandera, acto en el que 2 jóvenes de tercer año de bachillerato juraron defender este símbolo patrio.

 
La ceremonia contó con la participación de las bandas de guerra del CAI y de la Academia Altamar, así como de las autoridades de la Coordinación Zonal 8 de Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

Manuel Pico, coordinador del CAI, en el inicio de la sesión solemne felicitó a los jóvenes por asumir ese compromiso con la patria, y les recordó que el Estado, en este caso a través del Ministerio de Justicia, se asegura de que se respeten sus derechos.

En el acto los adolescentes expusieron una reseña histórica de la Bandera y sus modificaciones, cuyo día se conmemora cada 26 de septiembre.

La toma del juramento estuvo a cargo de Carlos Merizalde, coordinador educativo del CAI, quien exhortó a los jóvenes a defender el glorioso tricolor y la dignidad e integridad de la patria cuando se encuentre amenazada, a lo que ambos respondieron: “¡Sí juramos!”.

Esta Cartera de Estado vela por la protección y el desarrollo de los adolescentes infractores, garantiza su educación, integración familiar e inclusión constructiva a la sociedad mientras cumplen con las medidas socioeducativas establecidas en el artículo 371 del ​Código Orgánico Integral Penal (COIP).

 

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Ecuador, referente regional en la aplicación de políticas para la rehabilitación social

Este miércoles 23 de septiembre de 2015, Karla Benítez Izurieta, viceministra de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (PPL) del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos dictó una conferencia denominada “Políticas y estrategias exitosas de rehabilitación social”, en el marco del Tercer Encuentro Internacional de Seguridad Integral (EISCE 2015), que se desarrolla en Quito.

 
Este espacio internacional de intercambio de experiencias, permitió a la delegada ministerial exponer cifras y datos estadísticos que demuestran los resultados de la transformación del sistema penitenciario que atraviesa el país.

“Más de seis mil personas privadas de libertad actualmente acceden a procesos de educación formal y tenemos en lo que va del 2015, 6 584 participaciones de PPL en actividades de educación no formal como son computación, relaciones humanas, autoestima, educación sexual, comportamiento y buenos modales, derechos humanos, emprendimiento de pequeños negocios, derecho civil, liderazgo, entre otros”, informó a las y los participantes de la jornada académica. 

Benítez se refirió además a los ejes de tratamiento que establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para las y los internos, mismos que han permitido consolidar el trabajo interinstitucional orientado a la efectiva rehabilitación y posterior reinserción laboral, familiar y social de la población penitenciaria.

“Con una inversión pública que sobrepasa los 300 millones de dólares y una adecuada planificación y gestión que involucra a los ministerios de Justicia, Educación, Salud, Cultura, Deporte, Trabajo e Inclusión, y múltiples entidades públicas más, se logró democratizar las relaciones de convivencia al interior de los centros de privación de libertad”, acotó la Viceministra.

 
La funcionaria ministerial considera que esta gestión compartida entre las diferentes instituciones fiscales, aporta al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, como un concepto integral e incluyente. “El nuevo sistema penitenciario, que se consolidó gracias a la decisión política de un Gobierno comprometido con todos los sectores sociales del país ya no estigmatiza, discrimina o excluye, sino que por el contrario acoge y brinda nuevas oportunidades a las PPL”.

Respecto del tratamiento para adolescentes en conflicto con la ley, se cuenta con un  Modelo Educativo para garantizar al 100% de adolescentes infractores el derecho a la educación. Además existe la presencia permanente del Ministerio de Salud en los 11 Centros para Adolescentes Infractores (CAI).

Datos:
•    Actualmente se desarrollan 70 actividades culturales en los 49 centros de privación de libertad del país. 15.554 participaciones de personas privadas de libertad (PPL).

•    Las actividades deportivas y recreativas que se imparten en los CRS son: ecuavóley, básquet, indorfútbol, fútbol, bailoterapia, atletismo, gimnasia, caminata, trote, ping-pong, damas, ajedrez juegos populares, naipes, parques, pilates. Participan 13979 PPL.

•    En salud se destaca la implementación del Modelo de Gestión de Servicios de Salud en Contextos Penitenciarios. Existen 1500 PPL con discapacidades (física, mental, cognitiva, etc). Entrega de asistencias técnicas entregadas (sillas de ruedas, bastones, colchones anti escaras) y prótesis de miembros  superiores. Se han brindado 26.960 atenciones médicas en: Medicina General, Odontología y Salud Mental en los tres Centros Regionales y CRS Guayaquil Varones.

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La profesionalización es el primer paso para la reinserción laboral de las personas privadas de libertad

Desde este miércoles 23 de septiembre de 2015, el país tiene 38 nuevos maestros artesanos en las ramas de panadería, metalmecánica, corte y confección electricidad, luthería y carpintería. Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y Luis Quishpe, presidente de la Junta Nacional de Defensa del Artesano, titularon a 36 internos y dos internas del Centro de Rehabilitación Social (CRS) Regional de Cotopaxi.

 “Como Gobierno trabajamos en la generación de políticas que garanticen la reinserción de las personas privadas de libertad (PPL), buscamos el apoyo de empresas públicas y privadas para que conozcan su trabajo y contraten los servicios de las hábiles y creativas manos de los internos”, señaló durante su intervención la funcionaria ministerial.

 

Destacó la importancia que tiene para la efectiva aplicación de los procesos de rehabilitación, la disciplina, la voluntad y el apoyo de familiares de las personas privadas de libertad. “Que se entienda que cuando hay disturbios en los CRS el daño no le hacen a las autoridades, el daño recae sobre la población penitenciaria que con los disturbios proyecta hacia la sociedad una imagen conflictiva. La rehabilitación no se puede concebir en manos de la violencia”, acotó Zúñiga.

“Felicitar a este grupo de internos donde están varios privados de libertad del pabellón de máxima seguridad que no apoyaron los hechos violentos suscitados días atrás, por ellos, que son la mayoría, que se esfuerzan pee a la situación que atraviesan y que tienen la voluntad expresa de rehabilitarse, nos planteamos el reto de transformar el sistema penitenciario y ahora vemos los frutos de este trabajo conjunto”, concluyó la titular de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

Por su parte, Luis Quishpe resaltó el aporte del Gobierno Nacional para la formación académica y laboral de la población penitenciaria. “Ahora ustedes ostentan un título profesional y son parte importante del desarrollo del país”.

El Presidente de la Junta del Artesano se refirió a las oportunidades que se derivan de la titulación como maestros artesanos, y explicó que es posible que las PPL formen asociaciones, adquieran maquinarias y se conviertan en proveedores para las instituciones del Estado. “Bienvenidos a este ejército artesanal ecuatoriano”, afirmó Quishpe previa toma del juramento a los flamantes maestros artesanos.

Este es el segundo proceso de titulación dirigido a PPL, inició en abril de 2015, 38 internos e internas cumplieron con los requisitos previstos por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, participaron en tres módulos de capacitación dictados por profesionales de la JNDA, y complementaron sus conocimientos en temáticas como Desarrollo Humano, Legislación Laboral y Procesos Productivos.

Jerónimo C., nuevo panadero ecuatoriano formó parte de este segundo proceso de titulación, orgulloso de portar la muceta y el birrete recibió al igual que sus compañeros el acta de grado y el título que lo acreditan como maestro artesano.

A nombre de los 38 internos que obtuvieron su título profesional, Jerónimo C., agradeció el apoyo permanente de sus familias y allegados y solicitó a las autoridades continúen generando herramientas que fortalecen sus capacidades. “Gracias por esta oportunidad que nos permite demostrar el cambio y así poder regresar junto a nuestros familiares, servir a Dios y a la sociedad”, señaló Jerónimo C.

Datos:

En julio de 2014, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, y la Junta Nacional de Defensa del Artesano suscribieron el convenio de cooperación interinstitucional, cuyo objeto es validar la titulación artesanal de las personas privadas de libertad.

El primer proceso de titulación se desarrolló en marzo de 2015 y benefició a 24 internos del CRS Cotopaxi.

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